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de ley 052, el médico y director del doctorado de Salud
Pública de la Universidad Nacional, Saúl Franco,
afirma: “Infortunadamente, la salud pública no se
convierte todavía en el eje principal del Sistema General
de Seguridad Social en Salud, sino que se constituye o trata
de tomar fuerza como un aspecto particular del modelo, pero
no como lo que lo articule, le dé sentido y fuerza al
modelo general de salud. En ese sentido hay un corto avance,
porque la Ley 100 en su contenido básico, prácticamente
había olvidado la salud pública: sólo tenía
algunas acciones concretas a través del PAB (Plan de
Atención Básica). Ahora se habla de la salud pública,
de la necesidad de un Plan Nacional de Salud Pública,
se le asignan recursos. Pero, como el modelo en general no se
tocó, sigue siendo un modelo de corte privatizador en
el sentido de que Estado queda todavía muy limitado en
sus funciones principales de garante fundamental del derecho
a la salud, y la salud pública queda como un aspecto
del conjunto del problema, y no se entra a considerar la salud
como un derecho y la salud pública como la gran prioridad”. |
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“En el 052 no se
entra a considerar
la salud como un derecho y la salud
pública como la gran prioridad”.
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En cuanto a los
cambios de denominación, al pasar de “P y P”
(Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad)
a “Intervenciones de salud pública de carácter
individual o familiar”, y del “Plan de Salud Pública
Colectiva” en reemplazo del PAB, el doctor Franco considera
un absurdo ese lenguaje de “salud pública individual”,
porque ello “no tiene ningún sentido y ninguna justificación”.
Y explica: “Cuando se hacen acciones de salud pública,
se pueden referir a individuos, pero dentro de un proyecto colectivo;
es absurdo y contradictorio el tratar de hablar de hablar de
proyectos de salud pública individual y proyectos de
salud pública colectiva: La salud pública es pública,
y lo público es lo que es de todos y lo que nos implica
como colectivo, eso es lo público. Y segundo: Es un avance
de que se trate de que la salud pública no sea solamente
un paquete particular de actividades del PAB, sino que haya
un Plan Nacional de Salud Pública, y que en ese plan
haya una responsabilidad fundamental en cabeza del Estado, que
hay que reivindicar, porque si lo que vamos a hacer es un plan
nacional para que cada EPS haga su pedacito, no vamos a llegar
a ninguna parte, además porque eso es absurdo. Tenemos
que hacer acciones colectivas y en ellas el Estado se tiene
que mantener, con una programación y compromiso nacional,
la responsabilidad básica y la función fiscalizadora
y de garantía de responsabilidad por parte del Estado”.
En cuanto a los niveles de responsabilidad de cada uno de los
actores, fue enfático en precisar que es indispensable
una dirección central nacional que coordine en los demás
niveles de responsabilidad (sectorial, regional y local), la
ejecución y evaluación del Plan Nacional de Salud
Pública, porque de lo contrario no se avanzará
en la materia.
En cuanto a la delegación de funciones sanitarias como
competencia del Invima a los entes territoriales, el doctor
Franco estima que queda la impresión de que se trata
de diluir esa responsabilidad: “Si se trata de fortalecer
al Invima y darle la capacidad técnica, operativa y financiera,
para tener una presencia o un correlato nacional, eso puede
ser un avance importante. Otra cosa, peor que peor, es que se
quiera diluir y delegar las responsabilidades sin la necesaria
asesoría, dirección técnica, dirección
de programas, de proyectos, de procedimientos y de mecanismos,
sin los necesarios correlatos y creación de capacidad
regional y local, técnica, operativa, administrativa
y financiera”.
Finalmente, el doctor Franco afirma que todavía es tiempo
de que el Congreso reaccione y sea capaz de hacer una reforma,
porque como el propio proyecto 052 lo dice: “Si se trata
de “reordenar”, realmente muy poco más se puede
hacer, pero si lo que se quiere es lo que se predica, “una
reforma” de verdad a la Ley 100, que implicara lo fundamental
que se ha dicho en tantos escenarios públicos y privados
(reconocimiento de la salud como un derecho humano fundamental
de la población, presencia y responsabilidad central
del Estado, reivindicación de lo público y un
adecuado equilibrio con lo privado -sin negar al sector privado
pero tampoco permitir que en salud el interés financiero
se anteponga a los intereses del bienestar, del dolor, de la
necesidad de atención de la gente-), todavía hay
tiempo de que se haga una reforma de verdad, a la Ley 100. Como
sospecho que se va a insistir en simplemente un reordenamiento,
entonces habría que darle más instrumentos y más
recursos a la salud pública, para que pueda convertirse
en una programación, ejecución, vigilancia y evaluación
nacional, dando responsabilidades a los entes regionales y locales,
inclusive, permitiendo que el mismo proyecto aterrice las políticas
a las necesidades de las regiones y de los municipios. O sea,
que haya un realismo en la programación, que es una cosa
que le falta mucho a la Ley 100 y a su reforma. Ese tipo de
cosas, aún con el modelo actual, se pueden lograr”. |
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