|
|
La
ética médica: Entre la ética comercial
y el ajuste fiscal
Conrado
Gómez Vélez Especialista en salud pública
y en evaluación social de proyectos conradog@cable.net.co |
|
Pocas cosas son casuales en el mundo de la política.
La eliminación del adversario por ejemplo, siempre requiere
preparativos cuidadosos para que sea efectiva, no sólo
como supresión física sino también como
muerte simbólica y moral. Para que sea aplaudida, la
destrucción del adversario debe ser precedida siempre
de la suficiente información, tanta como para asegurar
que sus artífices serán vistos como héroes
y no como villanos. De los mensajes y los conceptos que posibiliten
la construcción del adversario como enemigo, depende
todo: de hacerlo ver como un monstruo, alguien que no es humano
y en quien no se puede confiar. |
Luego,
como "por sus aberraciones no merece ninguna clase de existencia",
será eliminado y todos aplaudirán. Por eso son
tan importantes los técnicos, y las derogaciones que
saben hacer son indispensables para inflingir primero la muerte
ideológica y simbólica: del resto se encargarán
otros. Por eso, pocas veces los "técnicos"
son tan imparciales como quisieran.
De profesionales de salud a
funcionarios técnicos
En este mismo sentido, hace años
se viene desacreditando a los profesionales de la salud, insistiendo
en sus altos costos, en su ineficiencia, y particularmente en
conflictos de intereses, que los llevan a prescribir tratamientos
innecesarios, sea buscando reconocimiento o beneficios. También
se impuso la idea de que los profesionales de la salud no son
aptos como administradores, que la ética médica
es anacrónica porque es mejor un buen sistema de pagos
y que las instituciones públicas son ineficientes: la
muerte simbólica. La material le vendría después
al papel del profesional con la introducción de terceros
en la relación medico-paciente, las aseguradoras, para
que promovieran la salud y resolvieran los problemas mencionados.
Como resultado, no sólo en Colombia sino también
en otros países del mundo, los profesionales vienen convirtiéndose
en funcionarios técnicos que aplican el mandato de organizaciones
diseñadas y reguladas para contener los costos. |
Se equivocan quienes
creen que el papel del profesional es técnico,
y que la ética está prescrita porque la
reemplazaron los incentivos económicos.
|
Con
estos cambios no sólo se descalificó el papel
del profesional: también se le marginó de las
decisiones clínicas más importantes, y se viene
colocando en desuso la tradición ética y las normas
que deben regular la prestación y el suministro de servicios
a partir de principios que según muchos son caducos.
De otra manera, se supone que la combinación de los incentivos
económicos y los controles adecuados solucionarán
los problemas de la ética que no hemos logrado resolver
en cientos de años.
Lo que resulta paradójico, sin embargo, es que los problemas
éticos y jurídicos alrededor de la salud no se
han resuelto sino que se han multiplicado. Asimismo, que el
deseo de contener el gasto fiscal y reducir los costos, que
es también un objetivo de estas medidas, parece amenazado.
El debate de los medicamentos y las tutelas que se viene exponiendo
recientemente, demuestra reposadamente estas inconsistencias.
¿Incerntivo económico
o criterio técnico?
Por un lado la prevención
y con un criterio adecuado de complejidad, en lugar de avanzar
viene retrocediendo. La presión por servicios más
costosos y de mayor complejidad es cada vez más incontrolable.
Según vienen informando fuentes oficiales, el costo de
los recobros por medicamentos excluidos del Plan Obligatorio
de Salud -POS- supera los $350.000 millones. Este valor corresponde
al costo de 20 productos patentados, que son autorizados a los
pacientes por los jueces, luego que los primeros interpusieran
acción de tutela. Por otra parte, según se pudo
establecer consultando a algunas EPS, el valor por medicamentos
de la Unidad de Pagos por Capitación (UPC), supera en
muchos casos el 20%, no obstante que en sus cálculos
de factibilidad se estimó un 13% para ese propósito.
La explicación que muchos se hacen, es que por una lado
se está promoviendo la tutela como estrategia comercial,
y por otro, que a las aseguradoras eso les conviene porque cuando
los jueces condenan al Fosyga, éste debe pagar el 100%
del valor y no el 50% del exceso entre el producto homologado,
como correspondería a un medicamento autorizado por el
Comité Científico Técnico. Quedaría
entonces así prescrito el papel de los médicos
y profesionales de la salud, optando por la tutela y no por
el concepto técnico.
Nuevas estrategias de mercadeo
Por otro lado, es evidente que
los productores de medicamentos vienen cambiando su estrategia
a escala mundial (no sólo en Colombia), haciendo énfasis
en productos protegidos con patentes y de tecnología
más refinada, como ingeniería molecular y biológica
que no se puede copiar tan fácilmente, y que en esencia
difícilmente tendrán genéricos. Es decir,
como las aseguradoras representan una amenaza muy grande para
los laboratorios porque imponen compras masivas de productos
esenciales y además también vienen integrando
verticalmente la fabricación de medicamentos, estos últimos
vienen encontrando su refugio en la tecnología y las
patentes con un puñado de productos de elevadísimo
nivel, dedicado a enfermedades crónicas. Mejor quince
productos así, que cincuenta de los otros peleándose
con los fabricantes de genéricos.
¿Y la ética?
La ética es la competencia,
es comercial, es sobrevivir. El paciente como cualquier actor
dispone de un instrumento por excelencia para hacer valer sus
derechos individuales, que es la tutela. Por eso encontramos
que muchas compañías premian con viajes y otras
cosas a sus médicos por lograr niveles de gasto bajos
y que a los vendedores de afiliaciones se les estimula económicamente
según la edad y tipo de afiliado que enganchen. El que
no lo haga se descompensa y sale del mercado, porque existe
competencia desleal, porque muchas compañías y
municipios no son precisamente angelitos a la hora de buscarles
una afiliación a los enfermos. Por eso, para entrar a
una Empresa Promotora de Salud (EPS), existen declaraciones
voluntarias en donde las personas dicen si están sanas
o enfermas, cosa que en otros países no se acostumbra
o se ve mal, porque atenta contra los derechos de las personas.
¿Quien tira la primera
piedra?
Naturalmente resulta muy extraño
que las EPS le hagan recomendaciones éticas a los profesionales
y a los laboratorios farmacéuticos, porque el papel de
tener que bajar los costos y extraer las utilidades de la UPC
es un proceso polémico. Es muy difícil argumentar
la ética en compañías, por ejemplo, en
donde un ingeniero o un administrador corta los gastos cuando
se acaba la doceava del presupuesto para la que rindió
la UPC y aplaza hasta el próximo mes todo lo que puede,
porque de todo esto depende mantener el gasto bajo y el equilibrio
presupuestal. Tampoco creo que los laboratorios le puedan dar
lecciones de ética a los profesionales ni a las EPS,
y mucho menos se me ocurre que el Consejo Nacional de Seguridad
Social tenga los estudios y las investigaciones para darle lecciones
a las EPS, a los laboratorios y mucho menos a los afiliados,
como para decirles que no acudan a la tutela. |
Negarle a las personas
el derecho a la tutela en un país en donde no hay
cobertura universal y en donde los planes que tienen los
pobres son inferiores a los de quienes tienen empleo,
es un imposible moral, ético y práctico,
y sería también una mala decisión
de salud pública.
|
Negarle
a las personas el derecho a la tutela en un país en donde
no hay cobertura universal y en donde los planes que tienen
los pobres son inferiores a los de quienes tienen empleo, es
un imposible moral, ético y práctico, y sería
también una mala decisión de salud pública.
Naturalmente, el uso indebido de la tutela, la desprestigia
y la amenaza como institución. ¿Y que decir de
la moralidad o la ética de negarle a un paciente con
una enfermedad crónica, mortal o prevenible los servicios,
porque no tiene las semanas o no puede cubrir el pago compartido?
Muy espinoso que alguien con cédula y derecho a la vida,
garantizado en la Carta Constitucional, tenga que creer que
se tiene que morir para preservar la justicia distributiva,
la ecuación de equilibrio contractual de la compañía
o el equilibrio fiscal, cuando existen medicamentos o tratamientos
disponibles para reducir su sufrimiento o ganar alguna esperanza
de vida.
El profesional de la salud entren
dos fuegos
Todo esto para decir que la judicialización
de la salud, que sean los jueces y no los profesionales del
ramo quienes pueden indicarles el tratamiento a los pacientes,
está muy mal. Que todo el número y las causas
de las tutelas demuestran que acá cada uno trata es de
salvarse a sí mismo, pegándose a la letra menuda.
Que tarde o temprano tendremos que recoger de nuevo la discusión
de la ética profesional para anteponerla a los problemas
financieros de corto plazo, porque el corto-placismo en el manejo
de las finanzas y la pérdida de la perspectiva de atención
primaria y de prevención, no ayuda justamente a lograr
el equilibrio financiero de largo plazo. Que como es lógico,
la combinación de incentivos económicos no resuelve
un problema que es esencialmente de otra naturaleza, y que la
solución de estos problemas si pasa por el medio de unos
principios éticos que no están tan caducos, como
algunos creen. Se equivocan quienes creen que el papel del profesional
es técnico, y que la ética está prescrita
porque la reemplazaron los incentivos económicos. |
| |
|
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
