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Aunque en primer debate
en las Comisiones Económicas del Congreso se aprobó
un aumento de $800.000 millones al sector Salud y Protección
Social en el Presupuesto General de la Nación de 2017,
la Instancia Asesora del Sistema General de Seguridad Social
solicitó al presidente Juan Manuel Santos que se adicionen
por lo menos $4.5 billones para que el sector salud pueda seguir
operando y funcionar con lo mínimo el próximo
año, mientras se abordan las soluciones estructurales
que requiere.
Al Presupuesto General de $224.4 billones se le hicieron modificaciones
por $4.5 billones, aumentado las partidas presupuestales de
inversión en $2.3 billones, recursos que beneficiaron
a Salud con los $800.000 millones para reforzar el financiamiento
del régimen subsidiado, hasta totalizar un presupuesto
para Salud en 2017 de $22.2 billones. |
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La Instancia
Asesora dijo que tras analizar escenarios financieros con toda
rigurosidad, concluye que el funcionamiento del Sistema de Salud
requiere mínimo $4.5 billones para actualizar adecuadamente
la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la inversión
que demandan los Acuerdos de Paz y financiar los retos derivados
de la implementación de la Ley Estatutaria de Salud en
2017, disposición que genera legítimas expectativas
en la población y que el Estado está en la obligación
de garantizar. |
Señala que
factores como la cobertura universal, la transición demográfica,
los cambios en perfil epidemiológico, el afianzamiento
del derecho colectivo en la población, la reducción
de asimetrías de información entre pacientes y
demás agentes del sistema, los desafíos del cambio
de perfil tecnológico y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en progresividad del derecho -entre otros-, generan
un incremento de la demanda de todos los recursos para el sector
salud. Evidencia de estas circunstancias se refleja en el aumento
en las frecuencias de uso, los cambios en la carga de enfermedad
y el incremento de transición de la población
hacia el grupo etáreo de mayores de 60 años.
Aunado a lo anterior, la inflación, la devaluación
y el represamiento de las deudas que afectan los patrimonios
y la situación financiera de todos los agentes del sector,
crean un entorno difícil que se agrava con los pasivos
derivados de las mega-liquidaciones de las EPS Caprecom y SaludCoop.
Además, pese a los esfuerzos del gobierno nacional y
del poder legislativo, la crisis no ha cesado, por lo que la
Instancia Asesora considera que frente a la situación
actual del sector, se debe escuchar el clamor de sus representantes
para no verse abocados más pronto de lo que se cree a
una quiebra sectorial con la consecuente afectación del
servicio público esencial de salud, que comprende el
aseguramiento, la prestación del servicio y el ejercicio
pleno del derecho fundamental a la salud.
La Instancia también llamó la atención
sobre asuntos fundamentales como la inversión para la
implementación de la Política del Modelo de Atención
Integral (MIAS), sustentada en la Atención Primaria en
Salud, que demanda la financiación de infraestructura
y dotación para la red hospitalaria, aún no contemplados
en los rubros presupuestales. Y finalmente resalta la inversión
que demandará la salud en el post-conflicto, según
los compromisos contemplados en los Acuerdos de Paz.
Por todo esto, la Instancia Asesora envía un mensaje
de urgencia al presidente Santos e invoca su auxilio para que
en el proyecto de ley del Presupuesto de la Nación se
corrija el desequilibrio detectado: “La salud es un patrimonio
de todos los colombianos y no se puede ni por mandato constitucional
ni siquiera fiscal, tomar decisiones regresivas”.
Por último, la Instancia Asesora plantea que se aproveche
la discusión para revisar la estructura de financiamiento
del sector salud a futuro, dentro de los ajustes a la Ley 715
de 2001 y la reforma tributaria, en los que se deben crear capítulos
para evaluar y establecer el saneamiento y solución de
la crisis, y el rediseño y creación de nuevas
fuentes de financiación exclusivas y permanentes para
el sector, de manera que se garantice el ejercicio pleno del
Derecho Fundamental a la Salud en la Ley Estatutaria.
Consenso alrededor de mínimo
$4.5 billones
Todos los actores del sistema de salud, desde el gobierno, las
EPS, IPS, farmacéuticas, médicos y pacientes,
coinciden en que si no se garantizan esos $4.5 billones adicionales
para el presupuesto de la salud en 2017, sería una catástrofe
para el país.
Esa cifra la sostiene el ministro del ramo, Alejandro Gaviria;
Elisa Torrenegra, presidenta de GestarSalud, dice que el déficit
del presupuesto implicaría dejar de pagar por los servicios
de salud de 5 millones de colombianos de los más vulnerables.
Jaime Arias, presidente de Acemi, afirma que si bien el funcionamiento
del régimen contributivo está casi financiado,
hay preocupación porque el Ministerio de Hacienda calcula
un aumento a la prima de salud que reciben las EPS de sólo
7.5%, desconociendo que cada vez les aumentan las responsabilidades
en incapacidades, servicios médicos y costos No-POS.
Los hospitales también están preocupados, porque
en los $4.5 billones adicionales no se contemplan recursos para
pagar las deudas viejas con estas entidades, ni una renovación
de la infraestructura hospitalaria del país. Y están
en vilo programas como el de vacunación, becas crédito
y el funcionamiento del Instituto Nacional de Salud 6 |
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