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| Hasta el 22 de
septiembre pasado, la Secretaría de Salud de Guajira
reportó 56 niños muertos por hambre en ese departamento
en 2016. |
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Decía Stalin:
“La muerte de un niño es una desgracia, la muerte
de miles es una estadística”, y lo que le falta
a la frase de humanidad se puede complementar: es una estadística
de desgracias. Colombia vive con la muerte de miles de niños
por desnutrición, una tragedia camuflada en estadísticas.
Para las autoridades es preocupante pero se disuelve en cifras
nacionales y se palia con programas estatales de los que se
desconocen resultados tangibles; quienes denuncian los casos
aran en el desierto, porque solo obtienen titulares en medios
que se olvidan con un triunfo deportivo.
Cifras escuetas
Hasta el 22 de septiembre pasado, la Secretaría
de Salud de Guajira reportó 56 niños muertos por
hambre en ese departamento en 2016. Hasta fines de agosto pasado,
por reportes de las comunidades, en La Guajira habían
muerto 44 niños por desnutrición o causas asociadas
en lo corrido del año. |
En la semana epidemiológica
32 de 2016 (agosto 7 al 13), el Sivigila reportaba 12 muertes
probables por y asociadas a desnutrición en menores de
5 años (6 en esa semana), y estudiaba 179 casos probables.
Del total de muertes probables en menores de 5 años,
72.2% eran de poblaciones indígenas, 58.3% de población
rural dispersa, 86.1% del régimen subsidiado y 61.1%
eran menores de un año. Un informe anterior del Sivigila
mostraba que un factor con incidencia en estas muertes podía
ser el que 82.2% de las madres de los niños tenían
bajo o ningún nivel educativo y 88.1% eran del estrato
socioeconómico uno. Los departamentos del país
con mayor prevalencia son Guajira, Chocó, Cesar y Meta.
La crisis estaba anunciada. La Sociedad Colombiana de Pediatría
manifestó al gobierno que desde 2014 el Instituto Nacional
de Salud registraba 299 muertes de niños menores de 5
años por diferentes patologías, pero que a la
vez presentaban desnutrición en sus diagnósticos.
No resulta extraño que el 6 de marzo de 2016, la Oficina
de Unicef en Colombia indicara que 1 de cada 10 niños
en el país sufre desnutrición crónica.
Además, líderes de comunidades wayuu entregaron
informes desde 2015 a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) afirmando que en los últimos 8 años
habrían muerto 4.770 niños por problemas relacionados
con desnutrición y falta de agua potable, denuncia que
condujo a que la CIDH en diciembre de 2015 dictara medidas cautelares
en defensa de niños y adolescentes wayuu de Uribia, Manaure,
Riohacha y Maicao, que obligarían al Estado a tomar medidas
para proteger sus derechos. Más las muertes de 2016 demuestran
la falta de medidas efectivas o su inoperancia.
Si bien hay acciones del gobierno, no parecen las más
adecuadas, denunció el líder wayuu Javier Rojas
-quien interpuso la acción ante la CIDH- y que en la
segunda semana de agosto pasado llamó a la línea
telefónica para estas emergencias en el Ministerio de
Salud (031 330 50 71). Quería reportar 18 casos detectados,
llamó el sábado, el domingo y el martes fue atendido
por el operador José Gutiérrez, “quien dijo
que esos casos solo son atendidos entre 6:00 a.m. y 6:00 p.m.,
y que los encargados no estaban disponibles”.
El Ministerio insiste que no todas las muertes se deben a desnutrición.
El ICBF, luego del mea culpa del presidente Santos por muertes
de niños al cuidado del Instituto, aclaró que
esos casos no estaban bajo su protección total y fueron
atención “de paso”.
Incluso en el informe de gestión de Minsalud en mayo
pasado, el ministro Alejandro Gaviria indicó: “La
desnutrición es un problema complejo y hay que marcar
las responsabilidades sectoriales, la crónica puede ser
pobreza, pero la aguda es de otra característica y ahí
tiene que actuar el Ministerio de Salud, se abordó con
la estrategia comunitaria y el reto para los próximos
años es de escala”. Y agregó: “En La
Guajira hay una situación muy compleja, tiene 4 veces
la tasa de desnutrición nacional y este problema es transversal,
involucra a todos los sectores, y está ligada a la situación
económica, acceso a agua y alimentos, pero sus efectos
son en salud; por eso nuestra responsabilidad es con la desnutrición
aguda que puede desencadenar en muerte”.
Los rostros de niños fallecidos
Esneider José Uriana presentaba desnutrición
y falleció el mismo día que una niña wayuu
de 9 meses que pesaba 5.500 gramos y llevaba 12 días
hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos Gyo Medical
de Riohacha; Esneider vivía en la ranchería Couchotca
de Manaure. El 17 de junio en el Hospital San Rafael de San
Juan del Cesar falleció otro niño wayuu de 8 meses
de nacido, llegó remitido desde el Hospital de Manaure;
estaba afiliado a la EPS Salud Vida y pertenecía a la
comunidad Kachuana que lleva dos casos similares este año.
Fabiola Epinayú Uriana fue la víctima 34 en 2016
al fallecer el 22 de junio en La Guajira; murió un día
después de que el Juzgado 1° Administrativo de Riohacha
admitiera una acción de tutela contra el ICBF para que
amparara sus derechos fundamentales a la vida y la salud. Tenía
14 meses.
Si bien las cifras dimensionan los fenómenos sociales,
es tristemente normal perder la perspectiva del drama que encierra
cada número. Reconocer los nombres, a familias, comunidades
y esperanzas de vida perdidas puede servir para humanizar una
crisis que se volvió fría como los mismos números
y que de manera silenciosa avanza a la extinción de pueblos
como el Wayuu. |
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¿Qué
pasa en un Estado donde
a pesar de alertas, llamados internacionales,
providencias judiciales y un supuesto compromiso
del gobierno, sigue viendo a sus niños en La Guajira
y en el resto del país, morir por física hambre?
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El 23 de junio una
niña con desnutrición severa, neumonía
e insuficiencia respiratoria murió en la clínica
Renacer de Riohacha, Su médico, Abudi Dasuki, señaló
que solo contaba 9 meses de edad y llegó en mal estado
general, pesaba 5.3 kilos, cuando debería estar entre
8 y 9. Daniela Bouriyú vivía en la comunidad Wala
Walao en la vía entre Riohacha y Maicao. El pediatra
Dasuki declaró al diario El Heraldo: “El Hospital
Nuestra Señora de los Remedios está colapsado
y no hay camas para atender a los niños que llegan con
desnutrición de todos los rincones de La Guajira”.
Como si la hoz no tuviese descanso, el 7 de julio segó
la vida de una niña wayuu de 9 meses, a quien el pediatra
Félix Mogollón diagnosticó desnutrición
aguda severa y sepsis de origen intestinal y urinario. La lista
puede seguir, pero el sentido no puede ser el de engrosar estadísticas.
El problema no ha pasado inadvertido, por el contrario, el volumen
de titulares de prensa moviliza reacciones de las autoridades,
pero estas han sido tan diversas y disímiles que es imposible
evaluar resultados, y otras veces suenan a excusas o salidas
macondianas. El primer hecho de carácter internacional
fueron las medidas cautelares ordenadas por la CIDH en diciembre
de 2015 en protección de los niños wayuu de La
Guajira, y que exige soluciones frente a la desnutrición
infantil, la falta de agua y el acceso a un buen servicio de
salud, todas necesidades básicas insatisfechas históricamente
por el Estado.
ICBF y Presidencia responden con leguleyadas
La directora del ICBF, Cristina Plazas, manifestó
que una razón por la cual mueren los niños es
la insistencia de los padres de no llevarlos o sacarlos de los
centros hospitalarios, y su solución fue instar para
que los derechos de los niños sean prevalentes por encima
de los usos y costumbres de las comunidades. Sin embargo, tratar
de cambiar costumbres ancestrales con medidas judiciales es
entrar en conflicto con las comunidades, haciendo que desistan
de llevar a los niños a centros de atención.
El 31 de mayo de 2016 una providencia del Tribunal Superior
de Riohacha le otorgó 48 horas al presidente Santos para
garantizar el bienestar de los niños wayuu y así
evitar las muertes por hambre. No solo el plazo no se cumplió
(los niños siguen muriendo por esa causa), sino que los
alegatos de la apoderada del mandatario dejan sabor a leguleyada:
alegó falta de legitimidad del accionante, ya que Elson
Rafael Rodrigo Rodríguez actuó en nombre de los
niños wayuu sin acreditar el poder de sus padres o representantes
de esa comunidad, ni acreditaba que los mismos estuvieran en
imposibilidad de atender la defensa de los menores. ¿Acaso
solicitar la conservación de la vida de unos niños
necesita el cumplimiento de papeleos más allá
de un sentido de humanidad? Al parecer sí, porque las
demás entidades comprometidas en el fallo alegaron no
tener competencia o responsabilidad en el tema, además
de falta de legitimidad en los alegatos.
Todas las instancias han participado en la discusión,
desde Procuraduría y Fiscalía anunciando investigaciones
exhaustivas, como hizo en su momento el fiscal general encargado,
Jorge Perdomo: “Se tiene certeza de que existen las pruebas
suficientes para mandar a la cárcel a quienes en La Guajira
propiciaron el saqueo de los recursos públicos, destinados
a la salud, la educación y la alimentación de
niños wayuu, que es una infamia, que se perseguirá
incluso con la Interpol en Venezuela”. La corrupción
también tiene responsabilidad, pues se detectaron 4 fundaciones
en La Guajira que habrían defraudado en unos $3.300 millones
a los contratos de alimentación.
La pregunta es: ¿Qué pasa en un Estado donde a
pesar de alertas, llamados internacionales, providencias judiciales
y un supuesto compromiso del gobierno, sigue viendo a sus niños
en La Guajira y en el resto del país, morir por física
hambre? |
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