MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 15    No. 175  ABRIL DEL AÑO 2013    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Tercer intento de reforma al sistema
de salud creado por la Ley 100


“Reforma perpetúa y profundiza salud
para pobres, para clase media y para ricos”

Luisa Fernanda Toro Arroyave - Periodista elpulso@elhospital.org.co

“Esta propuesta de reforma no cambia los componentes, ni la estructura, ni los agentes, ni las funciones, toda esa serie de cosas siguen igual, y lo que hace es tratar de impulsar una segmentación todavía mayor del sistema de salud, de manera que se vaya diferenciando cada vez más, quiénes operan y cómo operan el régimen subsidiado para pobres con hospitales públicos y entes territoriales, quienes operan y cómo operan el régimen contributivo para clase media, con gestoras que son las mismas EPS y la posibilidad de tener aseguradoras hacia arriba pero sin ningún riesgo porque tienen reaseguro, y por otro lado a los ricos con la medicina prepagada. Es decir, esta reforma es para estimular el negocio y bajar la presión. No cambia nada, pues no está integrando todo lo que se requiere para tratar de tener mejores condiciones de vida. Para el gobierno es un problema del sistema de aseguramiento, y por tanto de financiamiento y de flujo de recursos, más que otra cosa”.
Así se pronunció el doctor especialista en Bioética, Mario Hernández, magíster y doctor en Historia, en la “Cátedra Abierta en Seguridad Social y Salud” de la U. de Antioquia, el pasado 14 de marzo.
“La propuesta mantiene la estructura de la Ley 100/93, con el derecho a la salud ligado a la capacidad de pago, la separación por funciones, los agentes de mercado en competencia regulada y el subsidio a la demanda” Dr. Mario Hernández. Foto Rodrigo Peláez
Considera que la propuesta mantiene la estructura fundamental de la Ley 100/93, con el derecho a la salud ligado a la capacidad de pago, la separación por funciones, los agentes de mercado en competencia regulada y el subsidio a la demanda: “El derecho no debe estar ligado a la capacidad de pago sino a la ciudadanía, rescatando el carácter público de los recursos”. Argumenta que en la salud, competencia no es igual a mejor calidad y menor precio, y que el “título de pobre” para obtener subsidios perpetúa la pobreza, porque los ciudadanos nunca van a querer salir de él, aunque suban de estrato.
Indicó que la reforma no resolvería 4 problemas derivados de la estructura y fundamentos de la Ley 100/93: la segmentación derivada de la capacidad de pago como vinculación al sistema de salud, la inequidad en los resultados en salud entre regímenes y en la relación riesgo-protección según clases sociales y estratos, la apropiación indebida de recursos públicos estimulados por la estructura del sistema, ni el descuido de la Salud Pública originado en la separación indebida entre atención individual y la colectiva.
El experto afirma que es necesario construir un gran pacto social y político nacional, que defina el compromiso del Estado en la garantía del derecho fundamental a la salud y haga valer la naturaleza pública de los recursos para la salud. Advirtió que los proyectos que planteó el gobierno para esta reforma sustentan que el derecho se limita a un plan de beneficios costo-efectivo, que si se define por ley estatutaria, entonces los jueces no podrán tutelar mas allá de lo que contenga ese plan, y por consiguiente el ciudadano deberá cargar con el costo de lo no incluido allí.
“Persistiría el modelo: separación
entre bienes privados y públicos en salud,
inequidad y segmentación, favorece intermediarios,
no resuelve problemas estructurales del sistema y
no se orienta a resultados en salud (gestión del
riesgo es diferente a afectación de determinantes
sociales de salud e inequidad)”.
Dr. Mario Hernández
El doctor Hernández señala que el fondo único recaudador y pagador que integra lo que queda de los recursos de cotización y los de impuestos, no generará solidaridad si se mantiene la entrada al sistema según la capacidad de pago (pobres, medios y ricos): “La solidaridad se logra cuando el territorio, poblacionalmente hablando, tiene integración de bienes y servicios individuales y colectivos, y nada de eso pasa. Sólo será un mecanismo pagador, y cómo es público y centralizado, aumentan los costos y aumentan los incentivos para cobrarle a ese pagador de cualquier forma, más todavía si los gestores (EPS) auditan las facturas de los hospitales, pues van a hacer sus arreglos -que ya sabemos han existido- entre auditor y quién cobra, porque al fin y al cabo el que paga es un tercero”.
Para el experto tampoco habrá reforma, porque se conservan los regímenes con administradores diferentes y sin riesgo financiero: Entes territoriales o administradoras mixtas para el régimen subsidiado, gestoras para el régimen contributivo con reaseguro, y aseguradoras privadas en medicina prepagada con estímulos para que se concentren en este negocio, porque también a ellos llegarán los aportes de la UPC (Unidad de Pago por Capitación). Asevera el doctor Hernández que esa segmentación según capacidad de pago es intolerable, ya que la salud es un derecho fundamental que debe cobijar a todos.
Explicó que los estímulos a medicina prepagada mejora el negocio, separa cada vez más a los más pudientes, y desfinancia el sistema.
“El ministro Gaviria cree profundamente en la competencia como la única forma de tener calidad a mejor precio, entonces pone a competir a las gestoras y a las redes; pero cuando se compite y no se colabora, no se puede tener continuidad en la atención, no se tiene vínculo, características que permiten un buen modelo de atención. Por eso él no habla de modelo, porque supone que el mercado vuelve a poner las cosas en su lugar. Pero en Bogotá está demostrado: la oferta de servicios es tremendamente desigual y con gran cantidad de barreras geográficas, aún siendo la capital, donde se supone que más se ha desarrollado el sistema”.
El doctor Hernández también señaló que las zonas de gestión sanitaria propuestas son diferentes a “territorios de salud”, donde se requiere integrar la atención individual y la salud pública. También habla del nivel básico como otra zona gris, pues estima que si controlan la puerta de entrada al sistema de salud y de allí derivan su lucro, habrá más barreras en el acceso; de igual forma no afectará la concentración de los recursos en los servicios de alto costo y continuará el sistema de recobros, o sea que “legaliza el negocio de los intermediarios”.
 
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