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Contraloría
controvirtió
estudio de Fedesarrollo
Juan
Carlos Arboleda Z. - Periodistas - elpulso@elhospital.org.co
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| La contralora
Sandra Morelli hizo fuertes criticas a la publicación
“La sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano
- Dinámica del gasto y principales retos de cara al futuro”,
de Jairo Núñez y Juan Gonzalo Zapata, señalando
entre otros aspectos que su financiación por la Fundación
Suramericana posiblemente llevó a que este trabajo no
tuviera las características de otras investigaciones
de este centro de estudios, y lo calificó como texto
prudente que no reconoce la responsabilidad aseguradora de las
EPS. |
| Frente a afirmaciones
como que la complejidad del sistema dificultó el seguimiento
de los recursos por los entes de control, la contralora dijo:
“Es cierto: resulta muy difícil hacer control cuando,
una vez examinadas las pruebas contables, luego de que los auditados
cambian los sistemas informáticos, desaparecen los computadores,
presentan estados financieros inexactos y logran redactar sus
propios informes fiscales, mutan la |
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naturaleza
jurídica de la parafiscalidad, usan alusivamente la tutela,
transmutan el sexo de los pacientes, atienden muertos, clasifican
como No-POS medicamentos POS, demoran el servicio, son generosos
luego en las Unidades de Cuidados Intensivos, hacen más
diálisis que trasplantes de riñón, ponen
a rodar la especie que los jueces desfinanciaron el sistema,
que la plata de la UPC es insuficiente, que la baja tasa de
crecimiento del empleo formal desfinanció el sistema
de salud, que el aseguramiento no ha podido tener lugar por
esta causa, que el aseguramiento no ha tenido lugar en algunas
EPS por su crecimiento vertiginoso en otros negocios, la falta
de control de precios de los medicamentos que también
preocupa a las EPS.”
Asimismo, la contralora descalificó el análisis
del estudio sobre la integración vertical: “La indebida
apropiación de recursos públicos por parte de
los apoderados públicos y privados de la salud parece
ser una invención de atávicos funcionarios, ignorantes
de las bondades de lo que el estudio sigue denominando…¡la
integración vertical! Es increíble, que se hace
una apología de la metodología de concentración
sin mencionar siquiera el origen de esos recursos, cuando son
de la UPC que se destinan a compra de infraestructura para la
salud pero sin indicar que han sido adquiridos con recursos
del sistema, sencillamente se transmutan en activos privados
cuya explotación debe ser asumida adicionalmente, por
el propio sistema. La apropiación privada de los recursos
de la parafiscalidad es peculado. Lo dicen las normas vigentes
en Colombia”.
Y agregó en tono más enfático: “En
el precitado estudio se recalca como una de las conclusiones
fundamentales que se hace necesario generar una moderación
al gasto para darle la sostenibilidad que el sistema de salud
requiere, resaltando lo bondadoso que ha sido en cuanto a atenciones
realizadas y lo exitoso en términos de cobertura. Sin
embargo, estos positivos resultados del modelo de aseguramiento
operado por las EPS con recursos parafiscales que registra el
estudio, contrastan con el reciente informe de la Defensoría
del Pueblo que demuestra que en 2011 se interpusieron más
tutelas para defender los derechos a la salud y a la vida que
en 2010. Y evidencia algo más preocupante el citado informe
cuando indica que de cada 100 tutelas que se interpusieron para
reclamar el derecho a la salud, 70 corresponden a servicios,
atenciones, procedimientos, intervenciones y/o medicamentos
que se encontraban en el plan de beneficios del sistema de salud
al que están afiliados los colombianos”.
Asumiendo la vocería oficial, indicó: “Esta
Contraloría contrasta los resultados y análisis
del estudio de Fedesarrollo con lo que se ha podido evidenciar
desde el control fiscal con los recursos de la salud en este
país, especialmente en el tema de la prevención
de las enfermedades”. Aseguró que mientras el Estado
destina casi $30 billones cada año para garantizar la
atención integral en salud, incluyendo el componente
preventivo, la Encuesta Nacional de Salud y la Defensoría
evidencian que de cada 100 personas afiliadas al contributivo,
solo 30 tienen acceso a programas de PyP que deberían
ser garantizados por las EPS, y hace una claridad: “Estar
afiliado a una EPS o poseer carnet de afiliado, no es sinónimo
de tener garantizado el oportuno acceso a los servicios de salud”. |
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