Colombia es un país de leyes, por fortuna si pensamos en la vigencia relativa del Estado social de derecho, por desgracia si miramos el leguleyismo que afecta nuestras instituciones, la maraña de normas, leyes, decretos, parágrafos e incisos donde naufraga una acción oficial paquidérmica. El “santanderismo” que hace de Colombia un país de leyes se replica en un academicismo que nos convierte en un país de diagnósticos, a cuál de todos más lúcido pero al mismo tiempo más inútil por culpa de la falta de voluntad política de la clase dirigente. El sector de la salud no es ni más ni menos generoso que los demás, en el aspecto regulatorio. Leyes generales, leyes marco, leyes orgánicas, leyes estatutarias, decretos-leyes, decretos reglamentarios, resoluciones, acuerdos, documentos de política pública, circulares, anexos, etc. etc. Tenemos un sector sanitario sobre-regulado, con una problemática sobre-diagnosticada, y al fin de cuentas, una situación de salud que no cambia si no es para mal.
Por ello, ante esta saturación de diagnósticos sobre los problemas del sistema de salud, urgen propuestas de solución que al menos pongan a reflexionar a los colombianos, con el obvio riesgo de saturarnos también de soluciones carentes de fuerza impulsora. Difícilmente, alguna persona o institución puede alzar la mano para decir que tiene la propuesta perfecta para resolver la problemática de salud y seguridad social, pero debemos reconocer el esfuerzo y capacidad de los entes investigadores, de las universidades, instituciones científicas, gremiales, profesionales y ciudadanas, que además de sobresalir por el acertado diagnóstico, coinciden en las líneas generales, en los principios de solución para tener un sistema humano, justo y eficaz.
No vale la pena repetir esos elementos teóricos, muchos de ellos ya enunciados en sucesivas entregas de este periódico, pero reiterados en la presente edición, con los “plus” o valores agregados que se generan día a día en la confrontación con la realidad cotidiana y con la irregular actuación del Estado. Pero todas esas fórmulas, muchas de ellas aceptadas al menos sobre el papel, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se resumen en la necesidad de un cambio total de las bases conceptuales y de los mecanismos estructurales y operativos del sistema de salud.
Con pocas excepciones, los actores dicen no más intermediación financiera y administrativa en el aseguramiento, ni en recobros ni en nada. Y es tan perjudicial esa desviación de las aseguradoras hacia la gestión del riesgo financiero, que incluso EPS tan importantes como Salud Total la admite y reclama una verdadera gestión del riesgo en salud, pensamiento que respalda Acemi, gremio de las EPS más fuertes del contributivo.
Ahora, las propuestas de solución a la crisis de la salud en Colombia, coincidentes en la urgencia de un cambio estructural, pese a ser justas y adecuadas al examen de la situación, pecan por una especie de pecado original que algunos llaman “la honesta ingenuidad”. Esto significa que un cambio de modelo tan profundo como el que exige la problemática sanitaria sólo será posible con otro modelo de desarrollo, el cual a su vez reclama un nuevo diseño de país. Un sistema que proporcione atención y servicios de salud con equidad, calidad y oportunidad sólo será realidad en un país edificado sobre la base de la justicia social, en el cual la salud no sea un negocio particular sino un negocio donde ganen por igual todas las partes.