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Siguen las propuestas
para resolver
crisis en sistema de salud
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Pronunciamiento de la
academia:
Se necesita una reforma
Sandra
Patricia Parra García - Periodista - elpulso@elhospital.org.co
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Los representantes
de las instituciones universitarias y de investigación
asistentes al Encuentro Nacional de Académicos
de la Salud. Ante la crisis del Sistema de Salud la academia
tiene la palabra, en la Facultad Nacional de Salud Pública
de la Universidad de Antioquia el 6 y 7 de septiembre pasado,
expidieron una Declaración soportada en múltiples
investigaciones referentes a los asuntos más sobresalientes
de la crisis, y los lineamientos más generales que debieran
orientar una buena alternativa de solución. Propusieron
que los siguientes aspectos sean asumidos por el gobierno nacional,
secretarías departamentales y municipales y todos los
actores del sistema, como elementos fundamentales en la estructuración
de un sistema de salud que introduzca transformaciones de fondo:
1. Considerar la salud como un derecho fundamental. El Estado
colombiano debe actuar en coherencia con este principio enmarcado
en el bloque de constitucionalidad, para garantizar la satisfacción
de la demanda y necesidades de la población en sus aspectos
de promoción, prevención, atención y rehabilitación
de la salud, sin barreras e impedimentos de orden financiero
y otro tipo de exclusiones.
2. Poner fin a la competencia regulada en el sistema
de salud, en tanto que existe abundante evidencia del fracaso
de las leyes del mercado en la organización y en la prestación
de los servicios de salud a la población con enfoque
de derecho humano fundamental. Los valores de la colaboración,
coordinación, cooperación y solidaridad, benefician
un modelo más coherente para atender las desigualdades
y la injusticia social.
3. Propiciar un diálogo social para acordar la aprobación
de una Ley estatutaria que genere una reforma estructural del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), que potencie
y no que debilite el sentido general del concepto de derecho
humano fundamental. Apoyamos el enfoque de principios, valores
y objetivos del Proyecto de Ley Estatutaria para la Reforma
Estructural del Modelo de Salud de la Comisión de Seguimiento
a la Sentencia T-760/08, y nos sumamos a la construcción
y mejoramiento de esta propuesta en un amplio diálogo
social con los ciudadanos y actores del sistema.
4. Inscribir este debate sobre las crisis y soluciones del sector
salud en el proceso de diálogo social y los posibles
acuerdos de paz, estimulando un pensamiento constructivo para
que todos los actores de la sociedad diriman y escojan el camino
equilibrado en que la actuación de los agentes público,
privado y de la sociedad en general, sea consecuente con valores
éticos, con la transparencia de la información
y la sanción moral y penal de todas las formas de corrupción
e ilegalidad instaladas y toleradas en los últimos 20
años.
5. Estudiar alternativas que permitan eliminar la intermediación
financiera y el lucro de las Empresas Promotoras de Salud (EPS)
actualmente vigente, que garanticen que la totalidad de los
recursos financieros que la ley destine para la financiación
de las actividades en salud, sean aplicados estrictamente a
ese propósito.
6. Rescatar y reconfigurar la estructura técnico-científica
del Ministerio de Salud y de los entes territoriales de la salud,
que les permita asumir a plenitud la conducción y rectoría
descentralizada del sistema de protección social en salud,
exigiendo que cumplan la ley.
7. Cumplir de inmediato lo ordenado por la Ley 1438/11 sobre
implementación de un modelo de atención basado
en la estrategia de Atención Primaria en Salud, así
como la obligación de los entes territoriales de organizar
Redes Integradas de Servicios de Salud. Ambos aspectos no pueden
ser aplazados indefinidamente, ni siquiera en razón del
debate para lograr que el SGSSS se erija sobre el principio
de que la salud es un derecho humano fundamental. Recuperar
y devolver las capacidades de las Secretarías de Salud
para garantizar el cumplimiento de las funciones esenciales
de salud pública, revisando todas las formas de contratación
que generaron duplicidad, incoherencia, inoportunidad de las
acciones en los municipios, despojándoles de sus funciones
con los contratistas.
8. Reconstituir la masa crítica de salud pública
del país y sustentar intervenciones coherentes sobre
los determinantes sociales de la salud. Es preciso que el gobierno
y las universidades fortalezcan las políticas de formación
de talento humano basado en la estrategia de Atención
Primaria en Salud, así como propiciar el fomento y apoyo
a la investigación científica trans-disciplinaria.
En consecuencia, el gobierno nacional deberá definir
con claridad y prontitud la política para la asignación
de los recursos financieros definidos por los fondos públicos
y de regalías.
9. Cumplir exigencias de la Corte Constitucional y organismos
internacionales de protección del trabajo, de instrumentar
políticas para promoción del trabajo digno, lo
que implica erradicar prácticas de contratación
temporal e intermediada de talento humano necesario para cumplir
responsabilidades misionales en instituciones de salud.
10. Respaldar la aprobación del documento Conpes que
consigna la Política Farmacéutica Nacional como
un paso en el camino correcto, que proporciona un marco de acción,
con asignación de recursos y un sistema de seguimiento
y evaluación, que puede constituir el espacio social
y legal para valorar la importancia del sector farmacéutico
en la reorganización del sistema de salud y aportar soluciones
a un problema global.
11. Finalmente, convocamos a la acción a todas las instituciones
académicas y centros de investigación para mantener
el diálogo y las acciones que conlleven a una amplia
difusión de los resultados de las investigaciones sobre
los efectos de la Ley 100/93, contribuyendo a elevar las voces,
unir voluntades y generar un espíritu de acción
coherente con principios, valores inherentes a la protección
de la vida y del derecho fundamental de la salud. Invocamos
y exigimos de todos los funcionarios de las EPS, de las IPS,
de los entes territoriales, de la academia, un comportamiento
ético y consecuente con el derecho a la salud y la protección
a la vida en cada una de sus acciones cotidianas. |
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