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La Ley 1438/11
introduce en Colombia uno de los conceptos más interesantes
de los últimos años: una institución de
evaluación de tecnologías en salud, figura difundida
en otras latitudes pero que en el país con contadas excepciones,
no había sido considerada. La Ley 1438 autoriza al Ministerio
de la Protección Social la creación del Instituto
de Evaluación Tecnológica en Salud como una corporación
sin ánimo de lucro de naturaleza mixta, y de la cual
podrán hacer parte las sociedades científicas
y la Academia Nacional de Medicina, entre otras organizaciones.
La entidad será la responsable de la evaluación
de tecnologías en salud basada en evidencia científica,
pero también tendrá a su cargo la evaluación
de guías y protocolos sobre procedimientos, medicamentos
y tratamientos, de acuerdo con los contenidos del Plan de Beneficios.
“Sus orientaciones serán un referente para la definición
de planes de beneficios, para los conceptos técnicos
de los Comités Científicos y las Juntas Técnico
Científicas y para los prestadores de los servicios de
salud”, indica la ley.
Los objetivos del Instituto serán: evaluar las tecnologías
en salud teniendo en cuenta la seguridad, eficacia, eficiencia,
efectividad, utilidad e impacto económico; consultar
las evaluaciones de tecnologías médicas con Centros
de Evaluación acreditados para esta tarea, tanto nacionales
como internacionales; articular la evaluación de los
medios técnicos y de procedimientos para la promoción
y atención en salud en sus fases de prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, y su
impacto en la reducción de la morbilidad y mortalidad
del país, así como el impacto potencial por la
adopción de nuevas tecnologías; diseñar
estándares, protocolos y guías de atención
en salud basados en evidencia científica, que sirvan
de referente para la prestación de los servicios de salud;
difundir las metodologías empleadas y la información
producida, así como todos los demás que sean necesarios
para el desarrollo de su objeto.
Aunque los temas de guías, protocolos y otras normas
técnicas fueron incluidas dentro de las funciones del
nuevo Instituto, la ley también señala que su
adopción estaría a cargo de “la autoridad
competente”, sin especificar cual es ni asignársela
directamente al Instituto, lo que deja suponer que su labor
será solo de organismo evaluador: “La autoridad
competente desarrollará como referentes basados en evidencia
científica, guías de atención sobre procedimientos,
medicamentos y tratamientos de acuerdo con los contenidos del
Plan de Beneficios. Las guías médicas serán
desarrolladas por la autoridad competente en coordinación
con los profesionales de la salud, las sociedades científicas,
los colegios de profesionales y las facultades de salud“.
Independencia y transparencia:
requisitos del Instituto
Aunque hasta ahora nadie cuestiona la creación
del Instituto, sí se escuchan llamados de atención
sobre cómo debe conformarse para garantizar su transparencia
y accionar, por encima de toda duda. |
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Las sociedades científicas le solicitaron al gobierno
nacional la creación de una mesa de trabajo para la
reglamentación de las funciones del Instituto, y Santiago
Herrán, presidente del capítulo Colombia de
Ispor (Sociedad Internacional para la Fármaco-economía
y la Investigación de Resultados), señaló
que el espacio abierto por la ley “es ideal para que
haya un trabajo técnico serio por parte de todos los
interesados”. Y añadió: “Es importante
que nos sentemos todos los actores a reglamentar cuál
será la metodología explícita y clara
para que ese instituto mantenga su independencia, y pueda
dar un reporte técnico y científico; que no
sea quien tome las decisiones, sino que evalúe y entregue
los resultados a los encargados de decidir”. Esta posición
difiere de otros analistas, que consideran que sus funciones
deben ser más vinculantes que meras recomendaciones
que puedan ser atendidas o no.
Evaluar tecnología en salud:
una necesidad
Una de las primeras personas que habló en el
país sobre el tema fue el actual vicedecano de la Facultad
Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia,
Luis Eliseo Velásquez, para quien es importante que
Colombia piense institucionalizar la evaluación de
tecnologías en salud: “La función principal
que debería cumplir una institución de este
tipo en el país es contribuir a la toma de decisiones
informadas en el sistema de salud respecto de la incorporación
de tecnologías en el plan de beneficios, teniendo en
cuenta las tecnologías disponibles a nivel mundial
y aquellas que ya se encuentran en el país”.
El doctor Velásquez señala que la evaluación
de tecnologías en salud es un instrumento de gran valor
para hacer más racional la incorporación y uso
de tecnología en el sector, y su aplicación
puede hacerse en diferentes niveles del sistema: “Estamos
ante un instrumento que podría contribuir al desarrollo
de principios como la eficiencia, calidad y efectividad, que
tienen un avance muy limitado en nuestro sistema de salud.
Para el caso colombiano, sin embargo, sería recomendable
la conformación de una institución autónoma,
de carácter mixto, en la cual la academia tenga amplia
participación, y sus estudios y recomendaciones deberían
hacerse con la mayor independencia posible, para garantizar
su legitimidad y acogida por todos los actores del sistema
de salud”.
Según Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación
Colombiana de Hospitales y Clínicas -ACHC- y uno de
los pioneros de la propuesta en el país, el Instituto
de Evaluación Tecnológica es un eslabón
que le faltaba al sistema de salud para cumplir la función
de ser un tercero creíble en la definición de
inclusiones y exclusiones de tecnología, alertas y
actualizaciones, medicamentos, dispositivos y metodologías
asistenciales: “Se necesitaba una institución
que fuera el punto final, que sea técnica, independiente,
creíble y auto-sostenible; ahora, para que tenga éxito
la iniciativa, es importante que todos los actores del sistema
-empezando por el gobierno-, obedezcan y acaten las decisiones
y recomendaciones que allí se tomen; de no ser así,
se estaría abriendo otro organismo paralelo a la CRES
que dará recomendaciones para que sean acatadas cuando
a un actor le conviene y se desobedezcan cuando no”.
Como el Ministerio deberá reglamentar el alcance de
las decisiones del Instituto, para el doctor Giraldo ahí
existe un dilema: “En algunos países es de carácter
vinculante y en otros hace recomendaciones; los más
desarrollados hacen recomendaciones, pero tiene que haber
un organismo competente dentro del Estado que las haga cumplir;
en nuestro caso ese Instituto debería reportarle a
la CRES, que sería la encargada de hacer los perfeccionamientos
y actualizaciones al POS”. Y finaliza su análisis
señalando que el Instituto no debe depender de ningún
otro organismo y por el contrario, debe tener una estructura
independiente similar a la de un centro de investigación
con un estricto régimen de inhabilidades para que las
decisiones tengan credibilidad.
Tecnología, ¿a cualquier
costo?
La falta de control estatal a las nuevas tecnologías
en salud se refleja entre otros campos, en el impresionante
aumento de los recobros que llevaron a la crisis del sistema
a fines de 2009; el doctor Julio Alberto Rincón, ex
miembro del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,
señaló en su momento: “La tecnología
tiene grandes implicaciones en los recobros. Hoy se recobran
cosas que antes no: medicamentos recién salidos al
mercado, tecnologías que no teníamos y la sobre-utilización
de esa nueva tecnología; por ejemplo, en Valledupar
hay 3 resonadores que trabajan a 3 turnos. ¿Se utilizan
para lo que no es? Y cuando se tira a la cúspide del
sistema de atención cosas que se podrían hacer
más abajo con formas y tecnologías más
simples, se encarece el sistema. Eso es ‘ordeñar’
al Estado, eso es corrupción, pero también falta
de control y desgreño administrativo”.
Un ejemplo similar señala el director de Aesa, Luis
Alberto Martínez, quien cuestiona la necesidad de tantos
tomógrafos en Medellín: “Hay evidencias
de duplicación de servicios y de infraestructura”.
Y sobre el nuevo Instituto de Evaluación Tecnológica,
dijo: “La iniciativa es copia, si se quiere, de lo que
hacen en otros países, y se pretende que este organismo
evalúe permanentemente cuáles son las mejores
prácticas para diagnosticar y tratar las patologías
que se presenten en la población basándose en
evidencia científica; eso está muy bien, hay
que mirar es cómo puede esto incidir ya sea facilitando,
o por el contrario trayendo más trabas administrativas
o jurídicas al acceso a servicios de salud. Eso dependerá
de que tan técnica sea la conformación del Instituto,
que realmente esté por encima el beneficio a obtener
con la introducción de nuevas tecnologías al
país en procedimientos, dotación, infraestructura
y guías, y donde lo más importante sea anteponer
el bienestar de las personas sobre el costo; eso es muy importante
porque se evidencia que en el país se introducen nuevas
tecnologías sin la suficiente revisión ni evidencia
técnica ni clínica. Vemos con buenos ojos que
allí participen las sociedades científicas,
la Academia de Medicina y las facultades, que pueden ser organizaciones
más orientadas a proporcionar conceptos técnicos
que beneficien a la población, más que conceptos
economicistas que favorecen la rentabilidad en la prestación
de servicios”.
Las experiencias de otras agencias como el NICE en Reino Unido,
la Agencia Andaluza y la Agencia Catalana en España,
o la de Canadá, han sido las más estudiadas
por los países latinoamericanos -incluyendo a Colombia-
y en todos ellas los resultados son importantes en la contención
del costo, como lo dice por ejemplo la agencia catalana: “Nuestra
misión es generar conocimiento relevante para contribuir
a la mejora de la calidad, seguridad y sostenibilidad del
sistema de salud, facilitando la toma de decisiones a los
ciudadanos, profesionales, gestores y planificadores”.
La gran diferencia es que todas esas agencias operan en sistemas
de salud básicamente públicos, y al trasladar
la figura a un país donde prima desde la expedición
de la Ley 100/93 el interés de lucro, es posible que
el instituto colombiano sea sometido a duras pruebas que irán
desde cuestionar su credibilidad hasta tratar de vulnerar
su honestidad. De ahí que una adecuada reglamentación,
sería la piedra angular para un buen Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud en Colombia.
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¿Instituto autónomo o no?
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| Desde
la visión del Ejecutivo, “el Instituto de Evaluación
Tecnológica será un organismo de carácter
técnico, evaluador de tecnologías y conformado
por especialistas de la salud que evalúen lo que debe
entrar al Plan Obligatorio de Salud (POS), y los adelantos científicos
que deben ingresar al país”, señala Carlos
Mario Ramírez, asesor en salud del Ministerio de la Protección
Social. La gran inquietud antes de reglamentar su funcionamiento,
es sobre el grado de independencia que tendrá el Instituto
o de quien dependerá en la estructura del Estado y del
sector salud: “La pregunta es si éste debe ser un
organismo autónomo; algunos dicen que debe depender del
Instituto Nacional de Salud, otros señalan a Colciencias,
otros más a la Comisión de Regulación en
Salud (CRES) e incluso que sea una dependencia del gobierno.
Particularmente creo que Colciencias es interesante por lo que
significa como organismo y porque además allí
llegarán recursos importantes de las regalías,
y este nuevo instituto debe ser fuerte, completamente autónomo
y que no sea un representante de intereses”, puntualiza
el doctor Ramírez. |
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