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Para el Procurador, la crisis en la salud no está
en los recursos sino en el flujo de los mismos, en la falta
de actualización del POS, en la afiliación estancada
en el régimen contributivo, en la falta de mayor inspección,
vigilancia y control, en fallas de la intervención
estatal en el sistema de salud y en problemas de corrupción,
entre otros aspectos. También reiteró que dos
estudios de la Procuraduría (“El Derecho a la
Salud en perspectiva de derechos humanos” en 2008, y
“Dilemas en las decisiones en la atención en salud”
en 2009, “ponen de presente el reiterado incumplimiento
de los derechos fundamentales de la salud de los colombianos
y las fallas estructurales del mismo”, que demuestran
que no es inminente ni sobreviniente las falencias del sistema.
Ponencia negativa
La principal conclusión de la ponencia presentada
el 17 de marzo por el magistrado Jorge Iván Palacio
a la Corte Constitucional, señala que la agudización
del problema estructural de la salud, producto de un débil
empleo de los mecanismos ordinarios a disposición del
Estado, debe y puede solucionarse por el camino de la democracia
constitucional, específicamente a través de
una ley expedida por el Congreso de la República. Por
eso, constituye un contrasentido pretender la solución
de problemas recurrentes como el suministro de medicamentos
o tratamientos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud
(POS) por conducto de un estado de excepción como la
emergencia social.
Además, señala que los recobros por medicamentos
y prestaciones No-POS se evidencian de tiempo atrás
e incluso mantienen una línea constante; agrega que
el gobierno no concreta ni explica las situaciones de abuso
en que presuntamente incurren los médicos tratantes
o los jueces de tutela para autorizar servicios de salud.
Sobre este último aspecto, el magistrado fue contundente
al decir que es una obligación resguardar los derechos
fundamentales de todos los colombianos, entre ellos el de
la salud.
Indicó que la Constitución en su artículo
49, advierte que la salud como un componente básico
de la seguridad social es un servicio público a cargo
del Estado, por lo cual éste tiene el compromiso inmediato
para aportar las medidas y recursos a fin de garantizar este
derecho; incluso, otras instancias del Poder Judicial recalcan
esta obligación estatal.
La ponencia aclara que aparte de los argumentos que fallidamente
invoca el gobierno para justificar la emergencia, otros factores
agravan la estabilidad financiera del sistema de salud, como
elusión, evasión, malversación de fondos,
indebida contratación, traslado grupal de afiliados
del régimen subsidiado, alto costo de intermediación,
inexactitud en bases de datos e ineficiencia administrativa.
El magistrado advirtió que la Corte echa de menos la
realización de investigaciones sobre el deterioro de
la situación económica del sistema de salud
y una debida planificación del Ejecutivo.
La Corte admite que como garante de la Carta Política
no fue creada para suplir las competencias de otros órganos
del Poder Público, por lo cual se abstiene de proponer
o establecer una política pública en el manejo
de la salud. No obstante, destaca que en algunos países
se crean fondos de reserva para garantizar la sostenibilidad
a largo plazo del sistema de salud y disponer de una salvaguarda
para períodos de dificultad, lo cual puede ser clave
para fortalecer una protección accesible en seguridad
social.
El magistrado indica que instancias del gobierno u organismos
privados, reconocen que creció enormemente la demanda
de medicamentos No-POS, las situaciones de abuso para desangrar
el sistema, los riesgos de solidez financiera y el deterioro
de liquidez de EPS e IPS, pero que en estricto examen jurídico
no puede aceptarse que la solución se busque declarando
un Estado de Emergencia, porque el caos de la salud nada de
nuevo tiene y ha sido ignorado.
Por todo lo expuesto, el magistrado Palacio propuso que la
Corte declare inexequibilidad de la emergencia social y todos
los decretos expedidos a su amparo. Adicionalmente, exhortó
al gobierno y al Congreso de la República a presentar
proyectos que aborden de inmediato y a profundidad toda la
problemática estructural del sistema de salud.
Gobierno urge que la emergencia social
quede en firme
El 3 de marzo pasado, luego de conocer el concepto
de Procuraduría, el presidente Álvaro Uribe
sostuvo que la emergencia social evitó un hecho sobreviniente
grave: la parálisis de la salud por falta de recursos:
“El hecho sobreviniente no tiene que ser súbito.
Tiene que ser grave. Y aquí lo que estábamos
enfrentando era una grave crisis de falta de recursos para
atender el No-POS del régimen contributivo. Y esa grave
crisis anticipaba algo muy grave, que era una parálisis
de la salud”. También dijo que se trató
de una amenaza inminente que no daba tiempo de utilizar la
legislación ordinaria para afrontarla.
Y el 17 de marzo, tras conocer la ponencia negativa del magistrado
Palacio, el presidente Uribe se mostró preocupado y
dijo que de manera diligente y respetuosa, el gobierno hará
llegar a la Corte todos los argumentos que condujeron a la
declaratoria del estado de excepción; agregó
que la emergencia social es “un tema de la salud de los
colombianos, un tema que debe ponerse por encima de cualquier
debate político”. Un día después,
el presidente expresó que el mejor argumento para demostrar
la necesidad de la emergencia son los resultados del gobierno
en salud, como pasar de 23 a 43 millones de colombianos asegurados,
la reforma del Seguro Social y la creación de la Nueva
EPS.
Entretanto, el Ministerio de la Protección Social expidió
y puso en marcha medidas reglamentarias de los decretos de
emergencia, ya que mientras la Corte no se pronuncie sobre
su constitucionalidad, la emergencia y todos sus decretos
están vigentes.
Plan “B” o reforma del
sistema de salud
Así las cosas, a fines de marzo pasado se empezaron
a ventilar propuestas sobre qué hacer en caso de que
la Corte declare inexequible la emergencia social. Las EPS
agremiadas en Acemi, pidieron al actual gobierno y a los candidatos
presidenciales que estructuren un plan B que garantice la
sostenibilidad del sector, porque habría menos recursos
para cubrir los tratamientos y medicamentos No-POS, y se agravaría
la situación del Fosyga que podría quedarse
sin recursos en los próximos meses, poniendo en riesgo
la viabilidad del sistema. Igualmente, Acemi considera que
el gobierno debería tramitar de urgencia una reforma
tributaria, para mantener las nuevas fuentes de financiación
del sistema de salud y cubrir el gasto médico que ha
tenido un alto crecimiento.
De otro lado, la emergencia generó un debate nacional
en torno de la necesidad de formular cambios profundos y concertados
en el modelo de salud creado por la Ley 100/93 y la política
sanitaria, y se empiezan a ventilar propuestas de reforma
al sistema: el ex vicepresidente, Humberto De La Calle, afirmó
que de no pasar la emergencia, "el Congreso tendría
que entrar muy rápidamente a replantear a fondo el
sistema de salud". El director de la Asociación
Colombiana de Hospitales y Clínicas, Juan Carlos Giraldo,
dijo que lo positivo de la turbulencia desatada con la emergencia
social, es el "consenso en que se necesita una reestructuración
de fondo del sistema de salud, por lo que no puede ser una
reforma acelerada o hecha a medianoche". También
se inició la “Ronda Medellín”, que
promoverá una reforma del sector acorde con la situación
actual, por iniciativa de la academia. Y el senador Luis Carlos
Avellaneda, afirmó que los cambios de la emergencia
se pueden realizar en el Congreso por medio de una reforma
estructural y darle viabilidad al sistema no con nuevos recursos,
sino con optimización de su ejecución, como
reducir de 30 al 3% la tasa de intermediación sin aumentar
impuestos a la gente del común.
En suma, el sector salud está pendiente de qué
hacer luego del fallo de la Corte, con el ánimo de
contribuir a conjurar la crisis estructural del sistema de
salud.
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