MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 11    No. 139  ABRIL DEL AÑO 2010    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


Asociación de Sociedades Científicas
“El Ministerio improvisa”
Hernando Guzmán Paniagua - Periodista - elpulso@elhospital.org.co

El proceso de las Guías ha sido inconsulto, ilógico e improvisado, conceptuó la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Su presidente, Javier Pérez, expresó: “Están andando decretos como el 131 que rige la aplicación de estándares, que comprenden desde la experiencia, la evidencia, guías, consensos, manuales, etc. Cuando funcionen las guías, tendrán un complemento económico y actuarial, su gran innovación; pero han tenido críticas de nosotros, de los aseguradores y de la industria farmacéutica. Acemi dijo que no confía en los atributos actuariales ni económicos, y la Guía de diabetes recibió críticas nuestras (por consultar sólo algunos expertos y no al pleno, cuando el asunto compete por lo menos a 8 ó 9 especialistas), del mismo Ministerio y de Colciencias”.
Agregó Pérez: “Esa cantidad de actividades desarrolladas para responder a muchas cosas, denota improvisación por parte del Ministerio, no hay lógica: unas veces se trabaja en guías, otras en planes de beneficios, en un POS por patologías, otras en cumplimiento de la Sentencia T-760, y lo más grave: en reunión en noviembre/09 con la Comisión de Regulación en Salud (CRES), enviamos una carta al Ministerio porque se dijo que las guías podían o no ser obligatorias, pero la Ley 1122/07 es la que tiene que decir cómo es el plan de beneficios del POS y no está claro si se utilizarán las guías o no. Esta segunda fase de las guías cuesta entre $10.000 y $15.000 millones, la Guía Metodológica costó más de $1.000 millones, la de diabetes $250 millones, una plata que no surtió el efecto que se quería. Los decretos de la emergencia social están funcionando mientras la Corte no defina lo contrario y estamos en un limbo que nadie sabe cómo se resolverá”.
Anotó que el decreto 131 quedó ligado a condiciones que limitan la autonomía médica, como son las sanciones; observó que parte de los sobre-costos del sistema de salud son por desactualización del POS y habrá menos autonomía con un órgano regulador externo: “La Organización Técnico Científica”. Confió en que la reglamentación de los decretos corrija los problemas sancionatorios y la definición de estándares, que resuelva los conflictos de intereses en autonomía, tribunales de ética y en el artículo 7° del decreto 133 que permite a los médicos generales asumir como especialistas, que también genera incentivos perversos, y que se reglamente el Organismo Técnico Científico. Concluyó: “Lo único que tenemos claro son dos guías contratadas, una convocatoria pendiente de adjudicación, unos decretos-ley vigentes pese a la buena voluntad del Presidente y del Ministro para corregir los errores, y unos decretos reglamentarios que también puede la Corte Constitucional declarar inexequibles por sobrepasar al decreto-ley”.
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