MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 10    No. 118  JULIO DEL AÑO 2008    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


Una propuesta fiscal
sin mirar a la salud
Juan Carlos Arboleda Z - elpulso@elhospital.org.co

La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos -Acesi-, en carta dirigida al ministro Zuluaga el pasado 18 de abril, manifiesta que la propuesta “sólo está centrada en un asunto de ahorro fiscal, a costa del papel de eje central que cumple la red pública hospitalaria... desconociendo la función que los hospitales desarrollan en todos y cada uno de los municipios del país, con el evidente impacto hacia el usuario de los servicios”.
Según la directora de Acesi, Olga Lucia Zuluaga, la situación planteada como ejemplo para implementar la estrategia, no se puede aplicar a todo el territorio nacional: “Los argumentos no son valederos, porque el ministro pone como caso exitoso la entrega del ISS a operadores privados, que tienen condiciones muy diferentes a la de los hospitales públicos; el Seguro Social atiende población contributiva, o sea que sus recursos son diferentes porque cuenta con una Unidad de Pago por Capitación (UPC) que garantiza la atención a los afiliados; los hospitales públicos en cambio, atienden población sin aseguramiento, que no tiene garantizada la sostenibilidad, y al régimen subsidiado que no está recibiendo recursos acordes con los costos de atención. Son escenarios diferentes y lo que se está hablando acá es de una privatización, cuando las condiciones del mercado no son favorables a los hospitales públicos”.
El problema de fondo es la mirada economicista de la propuesta, frente a un panorama complejo y desfavorable de los hospitales, como lo reconoce la doctora Zuluaga. Lo único que hace el ministro de Hacienda, es evaluar los hospitales desde el punto de vista económico, sin tener en cuenta la responsabilidad social que asumen las ESE: “Medir por resultados económicos a los hospitales públicos, como si fueran privados, es un desconocimiento de la realidad; asuntos tan puntuales como sostener un servicio de urgencias abierto 24 horas, a pesar de que no sea rentable, se refleja en los estados financieros como pérdidas”.
La directora de Acesi señala además las medidas del mismo gobierno, que obstaculizarían el desempeño de los prestadores públicos: “En las evaluaciones basadas en el decreto 2193 que realizan las Secretarías departamentales de salud, existen criterios que van en contravía de mostrar buena gestión; por ejemplo, en las contrataciones para usuarios no asegurados, a los hospitales les dan un tope máximo como si fuera un contrato por capitación, pero deben facturar cada actividad realizada como si fuera un evento. Sin embargo, cuando se supera el tope de facturación, las Secretarías solicitan que no sean incluidos dentro de los balances y estados financieros, cuando en últimas ese es el reflejo de una inversión social que hace el hospital al atender usuarios con cargo a sus propios recursos y que le genera desequilibrio financiero; al no dejar que se incluyan en los estados financieros, desaparece la evidencia de las actividades que efectúa el hospital como inversión social”.
Una función intangible de los hospitales públicos es su carácter de moduladores del sistema de salud, ya que el solo hecho de que su razón social y principal función sea la atención de la población pobre no asegurada y no generar excedentes para unos inversionistas, como sí la tiene el privado, genera modulación en el mercado. El otro caballito de batalla al cual se opone la doctora Zuluaga, es el concepto de lo público como equivalente a mala calidad en el servicio de salud: “Hay prestadores públicos con excelentes indicadores de gestión; de hecho, de las 15 IPS acreditadas en el país, 7 son hospitales públicos, y es de suponer que el estar acreditados demuestra que tienen altos estándares de calidad, que hacen las cosas bien y que hay resultados, y eso no lo puede desconocer el ministro de Hacienda. Y en cuanto a las acusaciones de corrupción, el mismo fenómeno se presenta en el sector privado, en donde simplemente no hay escándalos sino despidos”.
Para la directora ejecutiva de Acesi, habría graves consecuencias en caso de que sean sólo operadores privados quienes manejen la red pública del país, principalmente para el recurso humano y los usuarios finales, debido a que la viabilidad económica de los prestadores privados está sustentada en recortes salariales y de contratación del personal de salud (en Cooperativas de Trabajo Asociado). Y afectará a los usuarios, en la medida que serían puestos a deambular por el sistema de salud para evadir y dilatar la prestación oportuna y así hacer más rentable el negocio: “Vemos como muchas EPS-S han salido del régimen subsidiado por inviabilidad del negocio. Cuando no se den para los inversionistas los excedentes que esperan, ¿qué va a pasar con la población? ¿Y qué pasará con la población pobre no asegurada, cuando el encargado no gire oportunamente? Yo veo un caos en donde los más perjudicados serían los usuarios y los profesionales y trabajadores de la salud, sacrificados para que la operación sea rentable”.
 
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