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Una propuesta fiscal
sin mirar a la salud
Juan
Carlos Arboleda Z -
elpulso@elhospital.org.co
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La Asociación
Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos
-Acesi-, en carta dirigida al ministro Zuluaga el pasado 18
de abril, manifiesta que la propuesta sólo está
centrada en un asunto de ahorro fiscal, a costa del papel de
eje central que cumple la red pública hospitalaria...
desconociendo la función que los hospitales desarrollan
en todos y cada uno de los municipios del país, con el
evidente impacto hacia el usuario de los servicios.
Según la directora de Acesi, Olga Lucia Zuluaga, la situación
planteada como ejemplo para implementar la estrategia, no se
puede aplicar a todo el territorio nacional: Los argumentos
no son valederos, porque el ministro pone como caso exitoso
la entrega del ISS a operadores privados, que tienen condiciones
muy diferentes a la de los hospitales públicos; el Seguro
Social atiende población contributiva, o sea que sus
recursos son diferentes porque cuenta con una Unidad de Pago
por Capitación (UPC) que garantiza la atención
a los afiliados; los hospitales públicos en cambio, atienden
población sin aseguramiento, que no tiene garantizada
la sostenibilidad, y al régimen subsidiado que no está
recibiendo recursos acordes con los costos de atención.
Son escenarios diferentes y lo que se está hablando acá
es de una privatización, cuando las condiciones del mercado
no son favorables a los hospitales públicos.
El problema de fondo es la mirada economicista de la propuesta,
frente a un panorama complejo y desfavorable de los hospitales,
como lo reconoce la doctora Zuluaga. Lo único que hace
el ministro de Hacienda, es evaluar los hospitales desde el
punto de vista económico, sin tener en cuenta la responsabilidad
social que asumen las ESE: Medir por resultados económicos
a los hospitales públicos, como si fueran privados, es
un desconocimiento de la realidad; asuntos tan puntuales como
sostener un servicio de urgencias abierto 24 horas, a pesar
de que no sea rentable, se refleja en los estados financieros
como pérdidas.
La directora de Acesi señala además las medidas
del mismo gobierno, que obstaculizarían el desempeño
de los prestadores públicos: En las evaluaciones
basadas en el decreto 2193 que realizan las Secretarías
departamentales de salud, existen criterios que van en contravía
de mostrar buena gestión; por ejemplo, en las contrataciones
para usuarios no asegurados, a los hospitales les dan un tope
máximo como si fuera un contrato por capitación,
pero deben facturar cada actividad realizada como si fuera un
evento. Sin embargo, cuando se supera el tope de facturación,
las Secretarías solicitan que no sean incluidos dentro
de los balances y estados financieros, cuando en últimas
ese es el reflejo de una inversión social que hace el
hospital al atender usuarios con cargo a sus propios recursos
y que le genera desequilibrio financiero; al no dejar que se
incluyan en los estados financieros, desaparece la evidencia
de las actividades que efectúa el hospital como inversión
social.
Una función intangible de los hospitales públicos
es su carácter de moduladores del sistema de salud, ya
que el solo hecho de que su razón social y principal
función sea la atención de la población
pobre no asegurada y no generar excedentes para unos inversionistas,
como sí la tiene el privado, genera modulación
en el mercado. El otro caballito de batalla al cual se opone
la doctora Zuluaga, es el concepto de lo público como
equivalente a mala calidad en el servicio de salud: Hay
prestadores públicos con excelentes indicadores de gestión;
de hecho, de las 15 IPS acreditadas en el país, 7 son
hospitales públicos, y es de suponer que el estar acreditados
demuestra que tienen altos estándares de calidad, que
hacen las cosas bien y que hay resultados, y eso no lo puede
desconocer el ministro de Hacienda. Y en cuanto a las acusaciones
de corrupción, el mismo fenómeno se presenta en
el sector privado, en donde simplemente no hay escándalos
sino despidos.
Para la directora ejecutiva de Acesi, habría graves consecuencias
en caso de que sean sólo operadores privados quienes
manejen la red pública del país, principalmente
para el recurso humano y los usuarios finales, debido a que
la viabilidad económica de los prestadores privados está
sustentada en recortes salariales y de contratación del
personal de salud (en Cooperativas de Trabajo Asociado). Y afectará
a los usuarios, en la medida que serían puestos a deambular
por el sistema de salud para evadir y dilatar la prestación
oportuna y así hacer más rentable el negocio:
Vemos como muchas EPS-S han salido del régimen
subsidiado por inviabilidad del negocio. Cuando no se den para
los inversionistas los excedentes que esperan, ¿qué
va a pasar con la población? ¿Y qué pasará
con la población pobre no asegurada, cuando el encargado
no gire oportunamente? Yo veo un caos en donde los más
perjudicados serían los usuarios y los profesionales
y trabajadores de la salud, sacrificados para que la operación
sea rentable. |
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