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El anuncio de la pérdida
de licencia de funcionamiento del Seguro Social por la Supersalud
estuvo acompañado el pasado 15 de enero, de todo un paquete
de medidas y resoluciones que confirman que a nivel del alto
gobierno “todo estaba consumado”. Mientras millones
de afiliados y beneficiarios de la EPS del ISS se preocupaban
por los anuncios de la Supersalud, el Ministerio informó
con bombos y platillos la solución: se creará
una nueva EPS conformada por el Estado y un grupo de 6 cajas
de compensación familiar para recibir a los usuarios.
La tranquilidad solo duró unas horas, ya que la discusión
giró dos días después en la Hacienda Hato
Grande, hacia quién de los accionistas de la nueva aseguradora
tendría el control. Luego de consultas y opiniones de
congresistas del gobierno a favor de que el Estado conservara
el 51%, la reacción de las cajas de compensación
fue echar para atrás el negocio si ellas no controlaban
la mayoría, por lo que el gobierno calmó el asunto
dejando que las cajas tuvieran la mayoría. Pero el problema
no es tan simple como una discusión de socios.
No habrá mayoría pública
El ex ministro de Salud Antonio Yepes considera que
la discusión tiene mucho más fondo que la propiedad
de una acción para lograr la mayoría: “La
discusión del 51% del gobierno o de las cajas es más
importante de lo que parece, porque plantea que la EPS debía
ser de absoluta mayoría pública, lo que lleva
a que no puede haber en esa empresa sólo esperanza de
rendimientos financieros, sino de garantía de un servicio
público esencial y de derechos humanos a la población,
sin caer en despilfarros del dinero, y eso implica seguramente
pocos rendimientos financieros. Ese es el punto central: la
mayoría pública en la nueva EPS está respaldada
por la norma constitucional, que ordena que haya una garantía
del Estado para que la salud como derecho humano la tengan todos
los colombianos. Cuando se habla de protección social,
lo que se denomina rendimientos no se puede pretender que sean
de tipo financiero, y más en un país tan pobre
y con unas condiciones sociales tan precarias como las nuestras;
hay también eficiencia social que cuesta dinero”
Si bien nadie duda de los beneficios que prestan al país
las cajas de compensación, algunos críticos de
la figura propuesta por el gobierno, como la senadora Cecilia
López, plantean que las cajas no son gobierno, y aunque
manejen ingresos y funciones públicas, no son Estado:
son empresas privadas y no pueden asumir la responsabilidad
que le corresponde al gobierno en decisiones sobre equidad:
“Detrás de estas decisiones hay negocio: el sector
privado recibe 3 millones de afiliados. Como no hay Superintendencia,
la selección adversa continuará; quiero ver a
las cajas con una cantidad de enfermos en cuidados intensivos
indefinidamente a ver si aguantan, con un agravante: las cajas
de compensación no puede dar pérdidas, y si liquidan
la nueva empresa, ¿qué haran con los enfermos
con patologías de alto costo? Pues llegará un
momento en que no los pueden atender. Hasta ahora ellos no han
pensado en la gente sino en el negocio; estoy de acuerdo en
que se puede crear otra EPS, pero que sea pública”.
Sin embargo, el grave problema que puede afrontar la nueva EPS
es la irresoluta distribución de los pacientes de alto
costo; una prueba es que las EPS anunciaron a través
de Acemi que no los recibirán, y aunque luego se retractaron,
esa primera reacción advierte que quizá existirán
trabas para su afiliación; esto llevaría según
el doctor Esteban Zárate, Secretario Laboral de la Junta
de Asmedas Antioquia, a que las cajas terminen quebrándose
para luego ser intervenidas por el gobierno, trayendo como consecuencia
una posible apropiación por parte del gobierno de los
dineros de aportes parafiscales: “Ese temor no es injustificado.
Uno se pregunta: ¿Cuál es el interés del
gobierno de entregar la mayoría de acciones a las cajas
de compensación, más aún cuando se conoce
que hay un interés pronunciado desde el gobierno de Samper
de quedarse con los $4 billones que al día de hoy son
los ingresos por parafiscales? Eso da a pensar que las cosas
no son gratuitas”.
Una inquietud adicional originada por la posesión de
la mayoría de acciones por las cajas, es la continuidad
y propiedad futura de la nueva EPS, por cuanto al no ser pública,
serán las cajas -empresas privadas- quienes manejarán
el poder. Así como hoy hacen un negocio con el Estado
para recibir los afiliados del ISS, mañana lo pueden
hacer con un particular u otra EPS, ya sea para vender su participación
en la empresa o para trasladar usuarios. “Las cajas de
compensación funcionan en la dinámica privada,
y aunque aparentemente sean sin ánimo de lucro, han reiterado:
somos sin ánimo de lucro pero tampoco con ánimo
de pérdida. Hoy reciben 3 millones de afiliados del ISS:
tenían un millón y medio, quedarán con
casi 5 millones de afiliados, pero si luego quieren negociarlos
con otra EPS o una compañía internacional gracias
al TLC, lo pueden hacer, porque tendrán todo el poder”
manifestó el representante a la Cámara Germán
Reyes, quien recuerda que en última instancia son los
empresarios los propietarios de las cajas.
Contradicciones
La preocupación quizás más grave
frente al futuro de la nueva EPS tiene que ver con el efecto
que han producido los anuncios contradictorios del gobierno:
que el ISS pierde la licencia, expide un Conpes sobre el futuro
de la entidad, el ministro informa que quienes deseen cambiar
de aseguradora lo pueden hacer, luego dice que no se retiren,
el presidente del ISS anuncia que aún la gente se puede
afiliar al Instituto por cuanto la decisión de Supersalud
fue apelada, de nuevo el Ministro da la noticia de la creación
de una nueva EPS, Acemi informa que no recibirá usuarios
de alto costo, luego dice que si… ¿Suena complejo?
La forma en la cual se manejó la información produjo
desconcierto en los colombianos y la reacción de los
usuarios del ISS fue lógica: una desbandada. El doctor
Zárate considera que la desinformación y la promoción
dada a los usuarios para que se retiraran del ISS por parte
del ministro, aunque luego haya bajado el tono y realizado dos
teleconferencias en un canal con una audiencia bajísima
y en un horario laboral (los afiliados no podían verlas),
terminó de ahuyentar los pocos afiliados jóvenes
o sanos, y sólo los enfermos costosos le quedaran a la
nueva EPS de las cajas de compensación: “Esto apunta
a que las cajas también sucumban”. |
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La triste historia de una buena ARP:
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“Palo porque bogas y palo porque no”
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Dentro
de la transformación del Instituto de los Seguros Sociales
que adelanta el gobierno nacional, la ARP del ISS también
sufrirá cambios y sería asumida por La Previsora
Vivir, situación que no deja de ser sorpresiva por cuanto
el tema de riesgos profesionales brillaba por sus buenos resultados,
no sólo dentro de la estructura general del ISS sino
a nivel nacional como aseguradora líder en esta área
de la seguridad social. Esto parecería mostrar que en
relación con el Instituto, ni siquiera los buenos resultados
lo podían salvar.
La Administradora de Riesgos Profesionales del ISS muestra liquidez
y solvencia económica; según cifras oficiales,
sus ganancias son $150.000 millones anuales, tiene 1'700.000
afiliados, 285.000 empresas que reciben sus servicios y Planeación
Nacional indica que atiende 75% de las empresas del país.
Por tanto, la decisión de entregar su administración
a la Previsora Vida no deja de ser sorpresiva, más si
se considera que esta empresa sólo atiende 100.000 afiliados
de unas 2.000 empresas. El presidente del ISS, Gilberto Quinche,
manifestó en febrero de 2005: ”En la Administradora
de Riesgos Profesionales, aunque está funcionando bien,
tiene una adecuada reserva y cuenta con un gran número
de afiliados, se implementarán estrategias para seguir
fortaleciéndola”.
Para el doctor Luis Fernando Muñoz, ex director de la
ARP del ISS en Antioquia, no se justifica que una empresa rentable
como la ARP del ISS sea asumida por una empresa pequeña
de apenas 100.000 afiliados, y su liquidación obedece
a un deseo ex profeso de liquidar al Instituto: “Se ingeniaron
una serie de medidas, leyes y decretos que en última
instancia golpean la seguridad social pública, y específicamente
al ISS; evidencia que el gobierno nacional no tuvo voluntad
política para solucionar los problemas del ISS que son
sencillos, comenzando por pagar la deuda: se le propuso que
pague en cuotas anuales, lo que no generaría mayores
problemas, pero nada de eso fue tenido en cuenta”. |
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