En una decisión que marca un hito en la lucha contra la obesidad y las enfermedades relacionadas con la alimentación, la Corte Constitucional de Colombia ha respaldado la implementación del ‘impuesto saludable’ al consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, tal como se estableció en el artículo 54 de la Reforma Tributaria de 2022.

La medida, que busca reducir el consumo de productos perjudiciales para la salud, ha sido elogiada por defensores de la salud pública y criticada por algunos sectores de la industria alimentaria. El impuesto, que se aplicará a productos con alto contenido de azúcares añadidos, grasas saturadas y sodio, tiene como objetivo no solo generar ingresos fiscales, sino también promover una alimentación más saludable y combatir la creciente epidemia de enfermedades relacionadas con la dieta, como la diabetes tipo 2 y la obesidad.

La Corte Constitucional basó su decisión en argumentos de salud pública, destacando la necesidad de abordar de manera urgente la creciente prevalencia de enfermedades no transmisibles en el país. Según el Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud): “En Colombia, el exceso de peso (sobrepeso y obesidad), es una problemática priorizada en salud pública”, la cual, según la Encuesta Nacional de la Situación Alimentaria y Nutricional 2015 (ENSIN), ha aumentado en el país en todas las etapas de la vida, observando lo siguiente: en la primera infancia, la prevalencia de exceso de peso fue de un 6,4 % más alta que en la ENSIN 2010, que fue del 5,2 %; siendo mayor en niños (7,5 %) que en niñas (5,1 %).

El exceso de peso en escolares ha venido aumentando, pasando de 18,8 % en la ENSIN 2010 a 24,4 % en la ENSIN 2015; siendo mayor en hombres (25,3 %) que en mujeres (23,5 %). Según la prevalencia por departamento, se observó una mayor proporción de población con exceso de peso en el Amazonas (72,4 %), San Andrés y Providencia (65,6 %), Vichada (65,3 %), Guainía (64,1 %) y Meta (61, %).

De las afecciones que se relacionan con la condición de sobrepeso y obesidad se observó a la enfermedad isquémica del corazón como la primera causa de muerte dentro de las Enfermedades Cardiovasculares y ha demostrado un aumento en su incidencia.

Dentro de las estrategias para desincentivar el consumo de este tipo de producto, el país cuenta con el sello frontal de advertencia, aprobado por la Resolución 2492 de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social, en el que se advierte a la ciudadanía sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas trans y saturadas y edulcorantes que afectan la sana alimentación, en especial de los niños y niñas.

Estas políticas de salud pública, como el etiquetado frontal de advertencia y los impuestos saludables, hacen parte de los compromisos adquiridos por Colombia con la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, la OCDE y Unicef, entre otras organizaciones internacionales, impulsadas especialmente después de la pandemia.

“Con estas medidas saludables queremos desincentivar el consumo de bebidas azucaradas y migrar hacia un mayor consumo de agua pura; y de los comestibles ultraprocesados al consumo de más frutas, verduras y alimentos reales y naturales”, explica Carolina Piñeros, directora de Red PaPaz, una de las ONG que impulsó la creación del ‘impuesto saludable’.

Según Piñeros, “uno de los principales problemas que tiene Colombia es la malnutrición de nuestras niñas y niños: así no los veamos con sobrepeso y con obesidad, la mayoría de ellos tiene carencia de nutrientes para su desarrollo. Estos comestibles y bebidas, aunque pueden saber rico y pueden quitar el hambre, son como dicen los nutricionistas ‘puras calorías vacías’. Solamente sacian el hambre”.

Así mismo, la cartera de Salud hace un llamado a toda la población en Colombia a estar atentos al etiquetado frontal de advertencia nutricional de estos productos, como una forma de identificarlos. Esto, teniendo en cuenta que los productos gravados serán aquellos comestibles ultraprocesados y que, como ingredientes, se les haya adicionado estas sustancias no recomendables, suficientes para llevar el sello frontal de advertencia establecido por el Ministerio de Salud, como son: las golosinas, alimentos de paquete, salsas industrializadas y embutidos, entre otros.

Lo más preocupante, agrega la directora de Red PaPaz, es que “son las niñas y niños los que más productos y bebidas ultraprocesadas consumen, porque es lo que llevan en la lonchera”.

Piñeros explica que este gravamen busca desincentivar el consumo de azúcares y ultraprocesados, “para que los padres tomen decisiones más conscientes sobre la alimentación de sus hijos”.

La aprobación de este impuesto se produce tras un extenso debate en el Congreso y una serie de desafíos legales por parte de la industria de alimentos procesados y bebidas azucaradas. Si bien algunos críticos argumentaron que el impuesto podría aumentar el costo de vida de los ciudadanos, los defensores de la medida subrayaron que los beneficios a largo plazo para la salud pública superarían con creces cualquier impacto económico inicial.

El ‘impuesto saludable’ se sumará a una serie de estrategias de salud pública, como campañas de concienciación y educación, diseñadas para fomentar la adopción de hábitos alimenticios más saludables y reducir las tasas de enfermedades relacionadas con la dieta. Además, los fondos recaudados a través de este impuesto se destinarán a programas de promoción de la salud y a mejorar el acceso a alimentos más nutritivos en comunidades desfavorecidas.

De otro lado, la Subdirección de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas del Ministerio de Salud y Protección Social, explicó: “Se desarrollan estrategias de promoción de alimentación saludable, con cuatro líneas de acción, que incluyen: Atención Primaria en Salud, como la promoción y protección a la lactancia materna y la fortificación de alimentos. Políticas regulatorias, como el etiquetado frontal de advertencia y la regulación de contenidos de sodio. Medidas intersectoriales, como la implementación de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA). Gestión del conocimiento: dichas líneas promueven el consumo adecuado de alimentos saludables, ofreciendo orientaciones para la acción y favorecer una alimentación variada, completa, balanceada, suficiente, inocua y culturalmente aceptada”.

Para Carlos Olimpo Mendivil, Ph.D. en Bioquímica Nutricional de la Universidad de Los Andes: “No podemos seguir sosteniendo que desincentivar el consumo de estos alimentos afectará a las personas más vulnerables o con menos recursos económicos. Sería equivalente a permitir que se sigan envenenando. En lugar de eso, debemos enfocarnos en facilitar el acceso a alimentos saludables”.

El profesor de la Facultad de Medicina de Los Andes señala que hay evidencia científica acerca del perjuicio que estos alimentos ocasionan a la salud. “Nos referimos a los productos que entran en la categoría de ultraprocesados, específicamente aquellos conocidos como de calorías vacías, estos alimentos, en esencia, aportan calorías en forma de azúcar y pueden ser líquidos o sólidos”.

En México, por ejemplo, se implementó el impuesto hace una década. Un caso de éxito en Latinoamérica para tener en cuenta, de acuerdo con el doctor Mendivil: “Lograron reducir el consumo de calorías, en niños y adolescentes, y han tenido un impacto positivo en el peso y el índice de masa corporal”.

Según el experto en diabetes y metabolismo, la ley en Colombia tiene tres propósitos fundamentales. En primer lugar, mitigar o moderar el consumo de alimentos perjudiciales para la salud, particularmente aquellos considerados ultraprocesados y con calorías vacías.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por su parte, también promueve campañas que buscan el consumo adecuado de alimentos saludables, como ‘Mis Manos te Enseñan’, que ofrece pautas para “una dieta variada, saludable y divertida, y con la cantidad de azúcares adecuada”.

La directora de Red PaPaz concluye que uno de los objetivos de los ‘impuestos saludables’ es que “le generen más recursos al Estado para atender a las personas que padecen por enfermedades asociadas al consumo de este tipo de productos perjudiciales para la salud”. Se estima que el ‘impuesto saludable’ le permitirá al Gobierno recaudar cerca de $5.7 billones en 2024 y $7.5 billones en 2026.