La reforma Petro de salud sigue avanzando, solo la discusión para aprobación del presupuesto de la Nación en el Congreso de la República y las elecciones regionales parecen haberle puesto un cierto compás de espera, pues el ‘gobierno del cambio’ no ha escatimado esfuerzo alguno para desaparecer el actual Sistema General de Seguridad Social de Salud, sea mediante una nueva ley del Congreso o por medio de medidas y acciones sistemáticas del Ministerio y de la Superintendencia de Salud para perturbar la operación del actual sistema, como afectar el flujo de recursos o producir una avalancha de requerimientos de todo tipo a los actores del sistema para ponerlos contra la pared. La consigna pareciera ser: o se hace por las buenas, o se hace por las malas.

Un profesor extranjero de Salud Pública me decía por estos días que él entendía perfectamente que se quisieran hacer cambios en el sistema de salud colombiano, que no había país en el mundo donde sus ciudadanos estuvieran felices con su modelo sanitario y que todos —o casi todos— quieren cambiarlo sin importar que tan bueno sea, que en la mayoría de ellos hay listas de espera o tienen barreras de acceso, o son costosos, y que no lograba entender por qué un sistema como el colombiano que tenía avances evidentes frente a otros de Latinoamérica, el gobierno insistía tanto en su idea, ya no de arreglarlo sino de acabarlo. Este interrogante seguramente tiene varias respuestas, como el afán estatizador del gobierno, la animadversión que expresan frente a la iniciativa privada, la megalomanía de algunos dirigentes políticos, la fusión de idealismos con ideologías, el deseo de centralizar los servicios sanitarios al mejor estilo de algunos países socialistas, la cuenta de cobro pendiente que algunas escuelas de salud pública tienen con un modelo de salud que nunca aceptaron, las confusiones técnicas que pueden verse en quienes empujan la reforma con estólidos argumentos y, por supuesto, que quieren manejar directamente el dinero porque creen equivocadamente que los funcionarios públicos lo harían mejor o que podrían convertirlo en subsidios que se pueden cambiar por votos. Seguramente hay otras explicaciones más que se me pasan por alto.

Pero independientemente de que todas o algunas de esas explicaciones sean ciertas, el Proyecto de Ley N.º 339 de 2023 de la Cámara de Representantes, acumulado con los Proyectos de Ley número 340, 341 y 344 de 2023 también de la Cámara “por medio de la cual se transforma el sistema de salud en colombia y se dictan otras disposiciones” esconde un serio problema que sin duda desencadenará mil dolores de cabeza, al cual denominaré aquí el Caballo de Troya de la Corrupción.

Este Caballo de Troya viene anidado dentro de buena parte los artículos de la reforma de salud presentada, especialmente en aquellos relacionados con la gobernanza del sistema, con el manejo de los recursos, con la conformación de la red de servicios y con el manejo de la información.

Se conoce como Riesgos de Corrupción a “la posibilidad de que, por acción u omisión, el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia, del Estado, para la obtención de un beneficio particular”. Esos riesgos son una de las razones por la cuales existe el Sistema de Seguridad Social de Salud actual y que se haya incorporado al sector privado en la Ley 100 de 1993, pues los recursos en el anterior ‘Sistema Nacional de Salud’ se perdían a borbotones en casi todo el país, con la honrosa excepción de los departamentos de Antioquia y del Valle de esa época. Los dineros se extraviaban en las gobernaciones y en los servicios seccionales de salud, en Cajanal y en Caprecom y en el Seguro Social, en todas partes; y quienes manejaban esas entidades eran funcionarios, gobernadores, secretarios, caciques y politiqueros, recomendados y mandaderos del gobierno central. El dinero que bajaba a los hospitales era lo que quedaba después de lo esquilmado en el camino, era un desorden de proporciones mayúsculas donde los servicios médicos eran pocos e insuficientes y las filas de pacientes desde las 2:00 a. m. estaban a la orden del día en todo el país. Los que podían tenían que ir a clínicas privadas y gastar dinero de su propio bolsillo, solo el 17 % de la población estaba afiliada al Seguro Social, un 4 % más estaba en cajas de compensación y otros servicios especiales, y el resto de la población quedaba a merced de servicios de beneficencia o tenía que arreglárselas para que los atendieran en un hospital público, rogando favores. Parece que ya se les olvidó a todos.

En 1995 Colombia ocupaba el puesto treinta y uno dentro del ranking de Corrupción de la Organización para la Transparencia Internacional, en el cual, aparecer en el primer lugar indica menos riesgos de corrupción y estar al último, mayores riesgos. Pasados 28 años, Colombia va de mal en peor y ha venido bajando al sótano donde hay mayores riesgos de corrupción al ocupar en 2022 el puesto noventa y uno entre 180 países.

Nadie dice que con el actual modelo de salud no hay o no haya habido corrupción, porque sí que la ha habido, y mucha. Pero en un escenario cierto de mayores riesgos de corrupción como el actual, tanto medidos como percibidos, ¿qué nos hace pensar que, entregándole anualmente billones de pesos a alcaldes, gobernadores, ministros, congresistas, diputados y concejales, y a una pléyade de políticos y funcionarios de todo pelambre al servicio de sus propias causas, van a mejorar los servicios sanitarios para la población colombiana? ¿Qué evidencia hay de que existiendo formas más elaboradas de corrupción en términos de contratación, de tráfico de influencias y pagos con burocracia, de politiquería y demás, ahora sí, por gracia de una reforma centralizadora los recursos de la salud no se van a perder? ¿Y qué pasará con las presiones de grupos armados, narcotráfico y todo tipo de organizaciones al margen de la ley que imponen ‘su orden’ en buena parte del territorio nacional? Hay que ser francamente ilusos para pensar que trasladando la totalidad del manejo de los recursos al sector público y poniéndolos en manos de funcionarios públicos obligados por escasos mecanismos de en forzamiento [3], y creando una nueva burocracia de entre 100 000 y 180 000 puestos requeridos para atender miles de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y cientos de nuevas estructuras administrativas en todo el país, es ahora cuando sí se van a manejar pulcramente los dineros y le van a llegar a quienes verdaderamente lo necesitan.

Pareciera que a los ponentes de esta reforma poco les interesa o poco saben de la magnitud de una reforma de este tipo y de la responsabilidad que debe haber en la financiación, en el gasto y en el necesario equilibrio del sistema para que una población de más de 50 millones de personas tenga acceso y servicios de calidad. Pareciera que lo único que les interesa es precisamente el control de esos dineros públicos, tal como quedó demostrado cuando la ponente del proyecto de ley defendió en la Cámara de Representantes que “… si la reforma no tiene hoy un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda es porque no creemos que lo requiera”. O sea, cuánto cuesta la reforma, o si alcanza o no la plata para atender a la gente, o si el sistema se quiebra, poco importa en tanto pase la ley que quieren, se les dé el manejo de los recursos a los políticos y puedan armar una enorme burocracia para su servicio.

La actual reforma de salud carece de controles, adolece de un sistema de pesos y contrapesos para obligar a los funcionarios públicos a tomar decisiones en función de las necesidades de sanitarias de la gente y no de las necesidades políticas o económicas de terceros. No habrá manera de controlar a los cientos de consejos y ‘consejitos’ recién creados a nivel nacional y territorial, y dado que casi toda decisión quedará circunscrita exclusivamente al sector público, así como el manejo de los recursos para salud, el sistema pasará de ser un modelo basado en los derechos de los pacientes a uno dependiente de la voluntad de funcionarios y políticos. Ante esa falta de controles es seguro que se vendrá una verdadera piñata de favores, de puestos y contratos con la subsecuente pérdida de los recursos públicos.

Este Caballo de Troya metido en medio de la reforma de salud entrega todo el manejo y todos los recursos al Ministerio de Salud, a la ADRES, a los Consejos Territoriales, a las gobernaciones, a las alcaldías, y a todo aquel que haga parte de sus quereres, por lo que, existiendo comprobados riesgos de corrupción como lo vemos todos los días en medios y en las calificaciones del país sobre transparencia y corrupción, sería un error enorme avanzar en la línea que plantea la reforma. Finalmente, el costo lo pagaremos todos con un peor sistema de salud —incluso aunque muchas cosas del actual no nos gusten— y con muertos que salvo a sus familias, a pocos les va a importar.