El marco normativo establecido por la Ley 100 de 1993 buscaba una transformación profunda del sistema de salud en Colombia, fundamentándose en principios clave para crear un sistema de aseguramiento competitivo entre las empresas aseguradoras. El objetivo primordial era mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de servicios médicos.

Sin embargo, a pesar de los avances en la cobertura, la calidad de la atención médica sigue siendo una preocupación significativa en el sistema de salud colombiano. Aunque la expansión de la cobertura ha sido notable, informes recientes señalan discrepancias entre esta ampliación y la disminución en la búsqueda de atención médica por parte de la población, planteando interrogantes sobre la accesibilidad y calidad real de los servicios disponibles.

Frente a estos desafíos, el Estado debe desempeñar un papel central en la mejora de la calidad de la salud en Colombia. La inversión en infraestructura, recursos humanos y tecnología es esencial.

Adicionalmente, es fundamental que el Estado incremente su apoyo financiero a las instituciones de salud. La inversión en investigación, formación continua del personal médico y la adquisición de tecnología médica avanzada son componentes cruciales para elevar los estándares de atención. Además, se deben establecer incentivos para que las instituciones busquen activamente mejorar la calidad y adoptar prácticas innovadoras.

La calidad de la salud en Colombia no puede mejorar de manera significativa sin un compromiso firme y sostenido por parte del Estado. La inversión en infraestructura, personal capacitado, tecnología y la promoción de prácticas innovadoras son pasos esenciales para garantizar que la población colombiana reciba atención médica de alta calidad. Es hora de que el Estado no solo reconozca la gravedad de los problemas existentes, sino que también asuma la responsabilidad de liderar una transformación real en el sector.

Por otro lado, las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) tienen la responsabilidad de cumplir con requisitos específicos para la prestación de servicios. Esto implica no solo estar habilitadas, sino también contar con indicadores de calidad establecidos por el Sistema de Obligaciones de Garantías en Salud (SOGC). Adicionalmente, se espera que estas instituciones posean una capacidad instalada adecuada para ofrecer servicios de calidad de manera eficiente.

En un contexto similar, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tienen obligaciones fundamentales. Estas incluyen proporcionar información general sobre el grupo etario de su población afiliada y detallar un esquema de la organización de la red de servicios. Esta organización debe garantizar la accesibilidad a los servicios médicos y también debe cumplir con indicadores de calidad establecidos. Asimismo, se espera que las EPS implementen un sistema efectivo de referencia y contrarreferencia para facilitar la continuidad en la atención de los usuarios.

En conclusión, la mejora continua en la calidad de la salud en Colombia requiere una revisión integral y científica. La percepción del paciente es valiosa, pero no puede ser el único criterio. Es esencial establecer mecanismos de evaluación que integren la perspectiva técnica y médica, involucrando activamente a usuarios, personal de servicio y directivas. Solo así se logrará un sistema verdaderamente eficiente, equitativo y de alta calidad.