C uando hace menos de un mes el país conoció que se revocaría la venta de Cafesalud a Medimás, y tras conocerse los detalles de las causas de la decisión, la sensación que quedó en el ambiente fue que la EPS en venta podría haber sido asaltada en su buena fe en el proceso de negociación. Sin embargo investigaciones adelantadas desde tiempo atrás por instituciones de inspección, vigilancia y control, y la detención del ex gerente de dicha EPS, mostrarían que en Cafesalud el manejo que le han dado sus diferentes administraciones también deja mucho que desear.

La fiscalía anunció la detención de Guillermo Enrique Grosso Sandoval, quien además de haberse desempeñado como presidente de Cafesalud, antes había ejercido el cargo de interventor de Saludcoop. La acusación de la Fiscalía a Grosso lo señala de presuntamente haber “participado en una red de corrupción para manipular el sistema de salud”. La medida también incluyó a la exsuperintendente delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, Eva Katherine Carrascal Cantillo, quien aparentemente habría utilizado su cargo para favorecer a EPS y cajas de compensación a través de decisiones administrativas. Este nuevo escándalo que debería avergonzar a todo el sector, involucra al senador Luis Eduardo Díaz-Granados y al ex representante a la Cámara Cristóbal Rodríguez, quienes han sido mencionados por las personas imputadas en el marco de la investigación. En el caso de los dos últimos, la fiscalía compulsó copias de la investigación a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Si bien en un principio no se dieron a conocer detalles concretos de la investigación contra la señora Carrascal, los congresistas involucrados, y algunas personas más, en el caso de Guillermo Enrique Grosso si existe información previa que cuestiona por un lado su accionar al frente de las EPS mencionadas, pero más grave aún, es el hecho de que haya sido nombrado por el gobierno en dichos cargos ya que Guillermo Grosso lo nombró el Superintendente de Salud como interventor de Saludcoop, y luego de salir de allí en medio de serios cuestionamientos, el Ministro del momento, Alejandro Gaviria lo nombró presidente en Cafesalud.

Irregularidades en SaludCoop

La Contraloría General de la República había dado a conocer una serie de hallazgos identificados en Saludcoop en el año 2016 respecto al ejercicio económico del año 2015, hechos que adquirían mayor gravedad puesto que en ese momento la EPS se encontraba bajo un proceso de intervención administrativa ordenada desde 2011 por el entonces superintendente Conrado Gómez, que terminaría en la liquidación de la aseguradora. En otras palabras, las responsabilidades gerenciales eran del resorte den la Supersalud. Frente a los hallazgos quien era el contralor, Edgardo Maya Villazón los calificó de “fiscales, disciplinarios y penales”.

Los hechos fueron minimizados por el ministro de Salud Alejandro Gaviria al referirse a ellos como errores contables en el registro de las provisiones”, pero la Contraloría descalificó sus palabras y anunció que daría el trámite a la Fiscalía y la Procuraduría para que actuaran según sus competencias. En resumen, en la auditoría realizada a los estados financieros de la EPS Saludcoop en la vigencia de 2015, se habrían encontrado hallazgos fiscales por más de $80 mil millones de pesos durante la gestión de Guillermo Grosso. La esencia de la acusación giraba en que los recursos recibidos y provenientes de la UPC en 2015 ascendieron a $2.669.617 millones, y en el presentado a la Superintendencia Nacional de Salud, se consignaban gastos de administración por $371.469,6 millones, monto superior al límite establecido por la Ley 1438 de 2011, y ante lo cual la Contraloría determinó que se daba un manejo irregular de los recursos provenientes del sistema.

Entre los gastos administrativos identificados por la Contraloría y considerados como anómalos, había un contrato por valor de $500 millones de pesos para el alquiler de camionetas blindadas, aunque la EPS contaba con vehículos para sus directivos, pero además, el pago habría sido realizado por medio de cuentas para el recaudo de las cotizaciones del Régimen Contributivo. Otro hallazgo señalado se dio por más de $45.000 millones de pesos con la Unión Temporal SASO, con el objeto de prestar el servicio terrestre de transporte de usuarios para los pacientes que tuvieran dificultades para movilizarse. En este último caso, el contrato tenía un plazo de 36 meses, y durante su ejecución, un gerente regional de Saludcoop, advirtió a Grosso de un sobrecosto que de acuerdo con el empleado, era de un 1.219%, considerando que contrataciones anteriores para el mismo concepto solo llegaban a los $4.000 millones.

Las implicaciones de las irregularidades en Saludcoop se podrían extender en los próximos meses. BLU Radio señaló conocer una decisión de la Contraloría que imputaría cargos de responsabilidad fiscal a dos exsuperintedentes de Salud: Gustavo Morales (nombrado en la dirección de Acemi, gremio de las EPS) clave en la intervención de Saludcoop y en la designación de Guillermo Grosso, y Conrado Gómez a quien le correspondió la transferencia de afiliados de Saludcoop a Cafesalud. La medida se extendería a los interventores de Saludcoop Mauricio Castro y Wilson Sánchez Hernández.

La cantidad de dinero de la salud comprometida con las aparentes irregularidades representa toda una danza de los millones. Según la información de Blue Radio la cifra por responsabilidad fiscal es de 69.978 millones de pesos. Pero el listado aumenta: “asesoría jurídica a José Joaquín Bernal Ardila por más de 100 millones de pesos, honorarios por asesorías jurídicas a Ricardo Calvete y Abogados por más de 226 millones de pesos, honorarios a Uriel Alberto Amaya Olaya por más de $360 millones, y más de $258 millones a Vargas Abogados, además de leasings con Bancolombia por $22.580.154.724, Banco de Occidente por $12.074.252.053, pagos a la Corporación Saludcoop IPS por $20.680.409.494, pagos por cuentas de vinculadas económicas de saldos en cesantías por $434.436.830, pagos por cuentas con Work and Fashion por $603.363.000, y pagos por la cuenta Healthfood por $300.771.000”.

En los casos de Wilson Sánchez la responsabilidad sería por $30.008 millones, y Mauricio Castro, también interventor de Saludcoop por $27.324 millones, a Conrado Adolfo Gómez Vélez, exsupersalud por $20.470 millones, y a su sucesor, Gustavo Morales por $16.848 millones; y A Guillermo Grosso por otro proceso por $12.645 millones. La acusación central de la Contraloría contra los exsuperintendentes radica en “conducta gravemente culposa y omisiva al no emitir órdenes y actuaciones inmediatas para corregir y evitar los desvíos del sistema general de seguridad social en salud …”.

Irregularidades en Cafesalud

En el comunicado de prensa 110 de la Contraloría General de la República, la entidad señalaba otra cadena de irregularidades halladas esta vez en Cafesalud, y dos coincidencias con el caso SaludCoop, se dan bajo la intervención de la Supersalud, y bajo la presidencia de Guillermo Grosso. El monto señalado era de $2.029 e involucraba a otros dos expresidentes de la EPS: Javier Andrés Correa Quinceno y Carlos Andrés Mantilla Galvis. Las prácticas segubn la Contraloría eran las mismas evidenciadas en Saludcoop durante la intervención a cargo del señor Grosso Sandoval. En el informe se indica la presencia de gastos bajo el concepto de equipos de cómputo, muebles y enseres con dineros que corresponden a la UPC y que deberían estar destinados a la prestación de servicios de salud. La lista de enseres adquiridos era: aires acondicionados, monitores, videobeam, puestos de trabajo y divisiones, butacas, hornos microondas, sillas de cafetería, sillas giratorias, mesas auxiliares para impresoras, sillas ejecutivas para la dirección general, escritorios de oficina, ventiladores, archivadores, una planta telefónica, televisores, neveras, un taladro percutor, escáneres e impresoras. La finalidad de estas compras, según la Contraloría: “nunca fue mejorar la infraestructura médica, ni asegurar la normal operación y prestación del sistema de salud”.

Una particularidad de este caso, fue que los hallazgos de la Contraloría fueron confirmados por la firma de auditoría financiera y revisoría fiscal Baker Tilly Colombia Ltda., designada por la Supersalud para ejercer funciones de contralora dentro de la vigilancia especial. En dictamen sobre los estados financieros de Cafesalud Baker Tilly estableció que los gastos de administración de la EPS en el régimen contributivo, habían sido del 13% de los recursos recibidos por UPC, incumpliendo lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1438 de 2011.

Para la Contraloría en su momento señaló que el daño al patrimonio generado se dio por acción u omisión de las personas encargadas de la administración de la EPS y además de Guillermo Grosso indicó que la responsabilidad recaía en los ex presidentes de la EPS: Javier Andrés Correa Quinceno, Carlos Andrés Mantilla Galvis, el Comité Nacional de Contratación de Cafesalud, y los miembros de la Junta Directiva.

En medio de este caos, pocas cosas quedan claras por el momento: lo mal administrador que resulta el estado en el caso de las intervenciones a las EPS, la posible existencia de una mayor corresponsabilidad del estado en la liquidación final de estas entidades, y que lamentablemente las investigaciones arrojan resultados cuando las cosas están cumplidas, porque ¿Quién recuperará para la salud esos dineros?