Periódico EL PULSO

Precisiones de la Defensoría
1.La revisión del POS debe hacerse en términos de igualar los planes de beneficios del régimen contributivo con el subsidiado, tal y como contemplaba la Ley 100 que debía estar implementado al año 2001, porque el solo hecho de que exista un Plan Obligatorio para uno y otro régimen, constituye una primera vulneración al derecho a la salud y al derecho a la igualdad.
2.Las tutelas en salud constituyen un semáforo de alerta, que indica qué vacíos y debilidades del Plan Obligatorio se están exigiendo a través de ese mecanismo. Como alguien termina pagando y casi siempre ese alguien es el Estado, es necesario ajustar los recursos a la morbilidad que evidencian las tutelas, readecuando por ejemplo el sistema de primas (llámese UPC) para contemplar los beneficios que están por fuera del POS.
3.Una situación bastante grave, es que el plan de beneficios define solo procedimientos muy genéricos y amplios en su concepto, que permiten interpretaciones amañadas de quién paga, por lo que debe revisarse cuáles procedimientos están incluidos y cuáles excluidos del POS en términos precisos y sin lugar a distorsión acomodada.
4. Otra situación se refiere a que las EPS niegan servicios a los usuarios amparadas por algún concepto vía circular o concepto jurídico del Ministerio, afirmando que según el Código Contencioso Administrativo, los conceptos no obligan ni son vinculantes. Debe hacerse entonces un llamado de atención al gobierno: ¿cómo es posible de que si bien es cierto los conceptos jurídicos de una institución pública no obligan ni son vinculantes, el gobierno no revisa la norma, la que obliga, la que es vinculante en términos de proteger a los usuarios? Todos los gobiernos nacionales han estado muy descuidados con esto, porque no hacen estudios técnicos sobre robustecer el plan de beneficios en términos de la morbilidad sentida que está por fuera del Plan, cuando debiera hacerlo.
5. Existen contrasentidos en el POS, decisiones y situaciones no coherentes, por ejemplo: Ajustar el acuerdo de medicamentos para pacientes de VIH-sida, incluyendo solamente los retrovirales y el triconjugado, sin tener la carga viral que mide la dosificación de los medicamentos.
6. Aunque la Defensoría está de acuerdo con la participación privada en el mercado para mejorar la calidad y la oportunidad en la atención en salud, el problema es la falta de una regulación fuerte del Estado. Al estar en un país de economía de mercado abierta, donde al sector privado se le dio participación para que administrara la salud pública porque el monopolio anterior estaba viciado, ahora se aprecia sin embargo que igual está cayendo en vicios, en la optimización de la utilidad como en cualquier negocio. Por ello, debe intervenir el Estado y advertir de esa pérdida del rumbo o sancionar fuertemente o hacer unas normas precisas, porque el POS no es preciso.