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No es simple temor
a lo desconocido. Fundamentalmente es preocupación
lo que surge cuando se piensa en lo que puede sobrevenir con
la anunciada revisión del Plan Obligatorio de Salud
(POS). Ya es sabida la negación de servicios y la no
autorización de atenciones que sufren los pacientes
aduciéndoles mil argumentos por parte de algunas administradoras
de planes de beneficios. En los hospitales se conocen muy
bien estos inconvenientes, pues en ellos se viven a diario,
y es allí donde se perciben las dificultades que tienen
los enfermos cuando requieren un servicio, un medicamento
o un elemento médico-quirúrgico y no se autoriza
por parte de su responsable económico, insumo que obviamente
por razones humanitarias y de ética, hay que suministrárselo.
Los hospitales y las clínicas también han sido
victimas del criterio estrecho del Plan y de las opiniones
obstinadas de aquellas entidades.
Expresamos nuestro temor de que la revisión del POS
no será para bien. Es más que un presentimiento.
Es una conclusión lógica conociendo, como ya
conocemos, que nuestro sistema está apuntalado en factores
y razones muy distintas a las del servicio al hombre enfermo.
El eje del sistema, como tantas veces lo hemos dicho, no es
el enfermo sino el dinero. Así las cosas, no se hablará
en ningún decreto o ninguna resolución sobre
ampliación del plan de beneficios. Se hablará,
sí, de mejor rendimiento de la Unidad de Pago por Capitación
(UPC) y de límites en servicio y opciones. Ojalá
que nos equivoquemos, pero no parece factible.
Acomodar el POS a las condiciones financieras del sistema
va a requerir de un inmenso ingenio y creatividad sin precedentes,
si se desea conservar al menos su actual contenido. Como se
dice popularmente, Dios quiera que quedemos como estábamos.
La ilusión que se tuvo y que quedó plasmada
en la Ley 100 en el sentido de que “... el Consejo Nacional
de Seguridad Social en Salud diseñará un programa
para que sus beneficiarios (los del régimen subsidiado)
alcancen el Plan Obligatorio del sistema contributivo, en
forma progresiva antes del año 2001”, no sólo
quedó trunca sino que, descartado el tiempo, ahora
se verá frustrada.
La intención de esta ley en el sentido de ampliar los
beneficios era positiva, y así quedó dicho en
ella misma: “Los servicios de salud incluidos en el Plan
Obligatorio de Salud serán actualizados por el Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con los
cambios en la estructura demográfica de la población,
el perfil epidemiológico nacional, la tecnología
apropiada disponible en el país y las condiciones financieras
del sistema”. La lectura, toda la lectura que siempre
se hizo, suponía que la revisión sería
hacia arriba; máxime que este texto es subsiguiente
al anterior, entonces era fácil suponer que del año
2001 en adelante, las condiciones financieras mejorarían.
Además, esa fue la idea que se nos vendió desde
el propio Ministerio de Salud de la época y en la que
se apoyaba la factibilidad de la misma Ley 100. Hecha la ley,
todos estábamos ilusionados en que con el paso del
tiempo, es decir en sólo siete años, tendríamos
un desarrollo superior en términos de cobertura y beneficios;
pero no, la realidad resultó que no es así.
Muy por el contrario. Los supuestos firmes no lo eran tanto,
y los argumentos montados en tendencias e indicadores certeros
enviados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial,
no resistieron ni una década. Lo que si permanece es
la necesidad de la gente y las dificultades para lograr los
servicios. Igualmente va quedando claro y sólido que
mientras más conocemos esas necesidades y mientras
más sabemos del perfil de morbilidad, si el sistema
está montado sobre criterios privatizadores de un servicio
público como es la salud, menos bien les va a los pacientes.
De la reducción de beneficios que se derivará
del análisis frente a la situación financiera
de los regímenes subsidiado y contributivo, sólo
resultarán ganadoras las administradoras de planes
de beneficios y entonces con todo sentido podrán decir
que mientras peor, mejor. |
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