Los trámites de los procesos judiciales generan una serie de costos propios del proceso mismo que deben sufragar las partes y que hacen muy oneroso el llegar a una definición judicial concretada en una sentencia, además de todo lo que significa para la comunidad el funcionamiento del aparato judicial, la congestión en los despachos, la demora en la terminación de los mismos, etc.
Todo esto nos hace pensar en la necesidad, cada vez mayor, de evaluar con detenimiento las razones, argumentos y pruebas en que se ha de sustentar un proceso, a fin de que el resultado del mismo sea favorable a la parte representada. No se puede continuar demandando por demandar, ni los jueces fallando en los procesos temerarios que se tramitan de manera irresponsable, sin que se condene en costas a quienes de esa manera actúan, olvidando que el solo hecho de la defensa implica erogaciones importantes.
Las máximas o aforismos que con alguna frecuencia se utilizan están llenos de sabiduría y uno de ellos expresa:
“Los defensores de las causas deben andar más solícitos de la verdad que del triunfo”.
No podemos los profesionales del Derecho olvidar que la tarea fundamental es la defensa de la verdad, ser auxiliares de la justicia, y dentro de estas premisas garantizar la protección de los intereses de los clientes.