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Ley
de transferencias
"La mejor opción no es la
mejor, sino la que es posible" |
Comentarios del doctor Francisco de Paula Gómez, Director
Ejecutivo de la Cámara Sectorial de Salud, ANDI:
El proyecto de Ley 012 de 2000 que modificaba la Constitución
-ya hoy aprobado- ha generado una seria confrontación
que ha tenido de todo: paros, protestas... para presionar
la no aprobación del proyecto en el Congreso, y por
supuesto voces estudiosas de algunos que trataron de hacer
ver cuál era la mejor decisión para el país.
Un tema de tal calado, en el que casi todos los órdenes
de la vida nacional tienen interés, no puede analizarse
de manera febril o parcializada, pues corremos el riesgo de
equivocarnos como tantas veces.
Tratando de recoger el espíritu de análisis
serio y ponderado, debemos dividir el tema en varios aspectos
que, aunque no lo parezca, tienen marcadas diferencias en
cuanto a su importancia y su peso frente al futuro del país:
El equilibrio macroeconómico: en un país éste
traduce su viabilidad en la comunidad económica internacional
y es una variable que no puede ser ignorada: o un país
puede mantener su equilibrio macroeconómico y financiero
o, simplemente, llega a condiciones de inviabilidad financiera
generando caos general interno, procesos de intensa recesión,
pérdida del control de su economía, durísimas
consecuencias para toda su población y finalmente la
toma del patrimonio del país por parte de los acreedores
internacionales. En otras palabras, cuando un país
pierde su equilibrio financiero entra en las mismas causales
de disolución económica, tal como lo haría
cualquier empresa, sufriendo consecuencias similares. Para
el caso colombiano, el marcado deterioro de las finanzas públicas
en los últimos años es un aspecto crítico,
pues está llegando a niveles insostenibles. Especialmente
la deuda pública ha crecido de manera precipitada en
los últimos 10 años, de manera que en el año
2000 ya era un 44% del PIB del país y se proyectaba
a un peligroso 76% para el año 2010 (Confis, Consejo
Superior de Política Fiscal). Como el manejo de esa
deuda no ha podido ser cubierto con recursos de los Ingresos
Corrientes, el Estado se ha visto en la necesidad de recurrir
a más créditos en el exterior para servir la
deuda. En otras palabras se ha tenido que abrir nuevos huecos
para tapar los viejos, con el agravante que el acceso a créditos
no productivos pospone el problema y lo crece de manera irremediable.
En este punto no es procedente buscar responsables para solucionar
el problema sino que, además, se requiere un paquete
de medidas que le permitan al Estado ser viable. Ese paquete
está compuesto por: Modificación al régimen
de transferencias, revisión y adaptación del
régimen de pensiones, modificación de la ley
60 de 1993, modernización del Estado -revisión
y contención del gasto público- etcétera.
Debemos recordar que "lo más importante es primero"
y, desde esa perspectiva, es evidente que la revisión
del modelo de transferencias era inevitable, máxime
que el modelo propuesto hace parte de una reforma transitoria
que va hasta el 2009 y que busca colocar de nuevo a Colombia
en una senda de crecimiento.
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El proyecto inicial
contemplaba que al igual que los entes territoriales
iban a hacer un esfuerzo fiscal, el Gobierno central
también lo haría. Desafortunadamente se
suprimió el artículo que así lo
consagraba y se dio un paso atrás.
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Saneamiento y flexibilización fiscal: De acuerdo con
el anterior régimen de transferencias, los recursos
que giraba el Gobierno central, estaban atados a los Ingresos
Corrientes de la Nación, ICN. Ello generaba varios
efectos: Las transferencias atadas a un porcentaje de los
ICN no son estables, pues su monto es tan variable como lo
sean los ICN. La experiencia de últimos años
demostró que una gran cantidad de entes territoriales
crecieron sus gastos (los municipios lo hicieron del 2% al
6% y los Departamentos del 2% a 4%) y se embarcaron en grandes
procesos de endeudamiento local, bajo el supuesto que a la
economía nacional le iría bien y que, por tanto,
les llegarían recursos frescos vía transferencias.
Lo que en realidad sucedió fue que a la economía
no le ha ido tan bien y esos presupuestos de los entes territoriales
quedaron grandes, generando el consabido desfase.
Con el nuevo régimen de transferencias éstas
se atan a la inflación y no a los ICN. De esa forma
se asegura que los recursos pueden preverse en el mediano
plazo por parte de todos los entes territoriales, logrando
una mejor planificación de sus actividades.
Finalmente, es condición necesaria para lograr el crecimiento
económico sanear las finanzas públicas. No hacerlo
implicaría pérdida de confiabilidad de los mercados
externos, desfinanciación del Estado y huida de la
inversión en el país.
Los recursos de salud y educación: No serán
inferiores a los actuales. Lo que se plantea es una fórmula
diferente para tasar las transferencias de manera que sea
más flexible, condición tranquilizadora pues
la medida de cálculo protege las transferencias cuando
el país eventualmente crezca sus ICN en niveles por
debajo de lo esperado. Se debe poner atención a que
el crecimiento del país ha sido bajo en los últimos
años y que incluso la meta de crecimiento de 4 puntos
para este año, el Gobierno debe revaluarla pues es
contundente que no se alcanzará.
Como círculo vicioso, las transferencias para salud
y educación de todas maneras hubieran bajado sino se
hubiera propuesto la reforma, pues los Ingresos Corrientes
de la Nación habrían disminuido al no corregirse
el rumbo macroeconómico del país.
El tema político: Un tema tan importante genera posiciones
políticas de toda clase. Sin embargo es mejor concentrarse
en el análisis técnico que permita establecer
cuál es la mejor opción para el país,
recordando que "a veces la mejor opción, no es
la mejor sino la que es posible".
El proyecto inicial contemplaba que al igual que los entes
territoriales iban a hacer un esfuerzo fiscal, el Gobierno
central también lo haría. Desafortunadamente
se suprimió el artículo que así lo consagraba
y se dio un paso atrás.
Debe tenerse en cuenta que parte del malestar que existe en
el sector de la educación, es que se introduce el concepto
de capitación por alumno y se abren posibilidades para
que se revise su plan de crecimiento de nómina anual,
el cual es hoy igual a la inflación más cuatro
puntos.
Y es necesario recordar lo que le sucede actualmente a la
Argentina, país que debió instrumentar un paquete
con serias y urgentes medidas macroeconómicas. Se le
dio un manejo político al tema y se aplazaron las decisiones:
La consecuencia fue funesta, pues los fenómenos económicos
en un mundo globalizado siguen su curso, aunque no lo queramos
ver. A Colombia le afectan las mismas condiciones económicas
como a otras naciones. No reconocerlo es un grave error.
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Los gastos crecen pero
el dinero disminuye
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Fabio Villa, presidente de la Federación Nacional
de Concejales, Fenacon, comentó a EL PULSO que el
Acto Legislativo 012 tiene consecuencias perjudiciales para
la salud y la educación. Opinó que, según
cálculos serios, se dejarán de recibir unos
9.5 billones en ocho años.
Recuerda que, luego del Acto Legislativo 012, los recursos
dejan de calcularse con base en los Ingresos Corrientes
de la Nación, ICN, y empiezan a crecer en porcentajes
de acuerdo con la inflación, más un crecimiento
adicional de 2% del año 2002 al 2005; y de 2.5% adicional
para los años 2006, 2007 y 2008. En estos años
la participación de las entidades territoriales va
a ser menor de lo que debería ser según lo
que determinaba la Constitución antes del 012, cuando
éstas transferencias dependían del crecimiento
de la economía. La participación de los entes
territoriales en los Ingresos Corrientes de la Nación,
pasará de ser el 43% actual a descender, luego de
diez años, a un 33.7%. Esto tiene implicaciones en
áreas como la salud, pues, por ejemplo, el incremento
de la cobertura no puede pensarse sin disponibilidad de
recursos. El presidente de Fenacon subrayó que los
gastos de la salud crecen cada año aproximadamente
en un 4%. Así que, si el crecimiento de los gastos
de la salud está por encima de la plata que le llega
al sector, es posible no sólo que no aumente la cobertura
sino que disminuya. Unos dos millones 400 mil personas que
darían en el aire, afirmó Fabio Villa.
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