La Superintendencia Nacional de Salud formuló
cargos contra cinco Entidades Promotoras de Salud adaptadas
que atienden al personal del Congreso, el Incora, los Ferrocarriles,
la Superintendencia Bancaria y la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, en las cuales se encontraron
presuntas irregularidades en su operación.
Como se recordará, las Entidades Promotoras de Salud
adaptadas tienen un régimen especial y fueron autorizadas
para prestar servicios de salud a empleados y familiares
de determinadas instituciones, pero se diferencian de las
demás EPS por tener prohibición para realizar
nuevas afiliaciones, a excepción de la EPS del Congreso.
En visita de la Superintendencia de Salud a las entidades
mencionadas, se encontraron presuntos problemas en el manejo
administrativo, ya que en cuatro de las cinco visitadas,
las EPS no operan de manera independiente, tal como lo contempla
la ley, sino que hacen parte integral de la empresa. Esto
significa que las cuentas no están separadas y hacen
parte de la misma contabilidad de la entidad a la cual pertenecen.
También se encontró que, al parecer, tienen
serios problemas en sus sistemas de información,
porque o no mantienen bases de datos actualizadas, o su
relación de afiliados es imprecisa, o no tienen claro
quienes son sus deudores morosos, o no establecen la antigüedad
de los afiliados, o no han contratado la póliza de
reaseguro para enfermedades de alto costo, o usan unas bases
de datos diferentes cuando van a autorizar un servicio,
lo cual genera serios problemas a sus afiliados.
En el Congreso
de la República
Aunque el Fondo de Previsión Social del Congreso
tiene una administración independiente, se encontraron
serios problemas en su parte administrativa, pues presumiblemente,
sus libros no revelan la realidad financiera de la entidad,
no registran los costos reales de la prestación de
los servicios de salud, sus conciliaciones bancarias tienen
un atraso de un año, no ha realizado las gestiones
necesarias para cobrar más de $30 millones que le
adeuda el Fondo de Solidaridad y Garantía -FOSYGA-
, no tiene una base de datos de sus afiliados y al parecer
no ha realizado procesos de compensación, lo que
podría hacer pensar que tiene recursos del sistema
en sus cuentas.
En relación con la calidad del servicio, se encontró
que aparentemente, el Fondo no verifica el cumplimiento
de los requisitos esenciales de su red prestadora de servicios
y que cambia constantemente de Institución Prestadora
de Servicios de Salud o IPS, lo que no garantiza la continuidad
del servicio y por tanto, una atención integral a
los pacientes.
En los Ferrocarriles
La Supersalud encontró que el Fondo de Pasivo Social
de Ferrocarriles Nacionales, al parecer no se maneja de
manera independiente de la empresa, no lleva un control
adecuado de los deudores morosos, no cobra cuotas moderadoras,
no ha ejecutado planes de promoción y prevención
por $1.600 millones, y presumiblemente se apropió
de dineros de la Unidad de Pago por Capitación o
UPC de algunos afiliados y discrimina a otros, pues para
carnetizar a los beneficiarios provenientes del Fondo del
Pasivo Social de Puertos de Colombia demora dos semanas,
mientras que a los propios los carnetiza de manera inmediata.
Además, este Fondo utiliza varias bases de datos
para sus procedimientos y servicios, no cuenta con información
sistematizada para verificar los requisitos esenciales de
su red prestadora de servicios y carece de una Oficina de
Atención al Usuario, entre otras irregularidades.
En la Superbancaria
En la visita de inspección a la Caja de Previsión
Social de la Superintendencia Bancaria, se encontró
que al parecer, la información que adjuntó
para verificar su margen de solvencia no es confiable, verificable
y consistente, ni fue extraída de los registros y
soportes contables.
Además, las cuentas de la entidad no se manejan por
separado de las cuentas de la Superintendencia Bancaria,
no realiza las provisiones contables asociadas con los servicios
de salud, no ha declarado recursos de la salud, no verifica
los requisitos esenciales de la red contratada a nivel nacional,
no hace seguimiento de la prestación de los servicios
de salud y presenta dificultades en la base de datos, en
el proceso de carnetización y en los reportes de
novedades de afiliados.
En el Incora
En la Entidad Adaptada de Salud del Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria, la Superintendencia Nacional de Salud
encontró, presumiblemente, anomalías tales
como el no operar como entidad independiente, no tener organigrama
y ofrecer un Plan Complementario de Salud que no ha sido
aprobado por la Supersalud.
También, tiene serios problemas con el manejo de
la información, lo que no le permite mantener actualizadas
las bases de datos de los usuarios, y esto a su vez dificulta
una buena prestación del servicio de salud, pero
también tiene problemas de información para
adelantar procesos de compensación.
