Una política
pública puede ser analizada desde dos perspectivas:
por un lado, desde un punto de vista técnico, la política
se considera como la respuesta de gobierno a un problema que
afecta a una comunidad o al público en general. La
adopción de la política supone la definición
del problema, en cuanto a su dimensión y causas, así
como el planteamiento y la evaluación de alternativas
que enseñen los resultados esperados y consideren criterios
sobre bienestar y eficiencia. En este caso, la técnica
y los profesionales se encuentran al servicio de la política,
en tanto ilustran el camino a seguir basados en el conocimiento,
unas veces simplemente con la aplicación de teorías
y otras, más ideal, como resultado de la investigación
o la evidencia.
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Por otro lado, la política pública implica un
proceso en el que intervienen actores políticos y sociales
que participan de la definición de los problemas, sus
prioridades y alternativas, y, lo más importante, son
quienes toman las decisiones pero también quienes habrán
de implementarlas. En este caso, se admite que la política
es el resultado de un juego entre actores, de modo que dicho
resultado dependerá de aspectos como el poder de cada
uno, su capacidad de formar coaliciones y realizar cabildeos,
así como la posibilidad de ejercer algún tipo
de manipulación.
En el caso colombiano, varias características presenta
la formación de la política de salud. Se destaca
el ascenso de una tecnocracia distanciada de la realidad del
país, de manera coincidente con una mayor injerencia
del sector privado en la definición de los servidores
públicos y la orientación de la política.
Además de lo anterior, lamento el poco aprecio que parece
tener el gobierno por el Consejo Nacional de Seguridad Social
en Salud, el cual además de no figurar dentro del organigrama
del Ministerio de la Protección Social* no ofrece transparencia
ante la ciudadanía y el Congreso de la República,
para efectos de control social y político.
*(http://www.minproteccionsocial.gov.co/MseCon tent/images/news/DocNewsNo25
7218.jpg)
Dos decisiones recientes ilustran que la política de
salud poco se basa en fundamentos técnicos y, más
bien, responde a intereses de diverso orden en los que convergen
el gobierno y algunos agentes o gremios dominantes, entre los
cuales se destacan las EPS. Esto indica que el proceso de la
política hace que se tomen decisiones amañadas
y dirigidas a beneficiar sectores específicos, además
de que puede incurrirse en falta de estabilidad y las medidas
adoptadas no contemplan los efectos que pueden traer sobre aspectos
de gran importancia como la equidad, el acceso y la propia sostenibilidad
financiera del sistema.
En primer lugar, sorprende que en tan solo mes y medio la Unidad
de Pago por Capitación (UPC) del régimen contributivo,
se haya modificado en tres oportunidades. En efecto, el Acuerdo
254 del Consejo Nacional, expedido el 22 de diciembre de 2003,
fijó el incremento de la UPC en el 7.1% para 2004; sin
embargo, como se menciona en el Acuerdo 259 del 4 de febrero
de 2003, el 27 de enero se acordó que dicho incremento
fuera superior en un punto porcentual a la inflación
causada en 2003, sin que se incluyera alguna justificación
adicional a las esbozadas en el Acuerdo 254 y fijando, en consecuencia,
dicho incremento en 7.49%; y para rematar, el Acuerdo 259 estableció
el aumento (¿definitivo?) en 6.7%, justificando esta
cifra menor en la intención de bajar la base de cotización
de los independientes, lo cual afectaría el equilibrio
financiero del régimen, así como en la compensación
que se tendría por la vía de un incremento adicional
en las cuotas moderadoras y una disminución esperada
en los precios de ciertos medicamentos.
Estos cambios generan, ante todo, falta de credibilidad y confianza
en la autoridad reguladora, en este caso el Consejo, y sugiere
que predomina la improvisación o el método de
ensayo y error, con variaciones en las fuerzas que dominan la
toma de decisiones. Si no es así, ¿cómo
explicar esta situación? ¿A quién se busca
favorecer? Si el propósito era fijar el incremento de
la UPC en la inflación más un punto, ¿por
qué no se había explícito el acuerdo y
se esperó el reporte final de la inflación en
enero? ¿Cuáles son, en realidad, los cálculos
que se llevan al Consejo para fijar los incrementos de la UPC?
¿Todos sus miembros saben de qué se trata?
Y en segundo lugar, el tema de los independientes acaparó
durante varios días el interés de la opinión
pública y particularmente del gremio de la odontología,
al sugerirse la posibilidad de recortar el contenido del POS
mediante la eliminación o reducción de los servicios
de salud oral. Todo parece indicar que el Presidente Uribe pidió
algo concreto del Ministro de la Protección Social para
reglamentar la afiliación de los independientes al sistema
de seguridad social en salud, ante lo cual este último
presentó al Consejo una propuesta basada en los siguiente
puntos que parecen tener en cuenta la tabla de multiplicar del
número quince: reducción del Ingreso Base de Cotización
de los independientes de 15% (de 2 a 1,7 salarios mínimos
mensuales), lo que, según el Ministerio, incrementaría
el número de cotizantes de esta categoría en 150%
(300.000 nuevos de 200.000 que tienen contados), con la incorporación
adicional de 600.000 cotizantes al considerar un grupo familiar
de 3 personas; finalmente, dado el desequilibrio que esto generaría
sobre la Subcuenta de Compensación del Fosyga, la propuesta
implicaba aumentar las cuotas moderadoras en 15% (curiosamente
el mismo porcentaje en que se reduce la base de cotización).
Pese a que el Ministerio anunciaba la necesidad de otro tipo
de medidas, como el recorte del POS, lo cual desató el
alboroto que se conoció en prensa, al final la medida
se resumió en lo siguiente: incremento de las cuotas
moderadoras del 15% y reducción de la base de cotización
a 1,5 salarios mínimos. Lo curioso es que al entregar
el contenido del decreto firmado por el Presidente, el Ministro
comentó que con la medida se incorporarían cerca
de 100.000 independientes, cuando antes se proponía un
reducción menor en la base y se esperaba una mayor afiliación.
Así las cosas, sin necesidad de ser eruditos en la materia,
todo parece un juego con cifras mágicas y no se reconoce
el impacto que el incremento de las cuotas pueda tener sobre
el acceso, así como la verdadera elasticidad que puede
tener la demanda por afiliación al sistema. Acaso solo
se fortalece el equilibrio financiero de las EPS y, en cambio,
se vulnera el equilibrio macro al reducir las cotizaciones de
muchas personas actualmente afiliadas.
¿Cuándo tendremos información y formación
para tratar estos temas con la seriedad que lo amerita, con
responsabilidad social e inspirados en el bien común?. |
