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Impacto de recobros y
tutelas en
finanzas del sistema de salud
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Alternativas
a los recobros
para salvar la salud
Daniel
Rojas Arboleda, Periodista - elpulso@sanvicentefundacion.com
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| Las
inconsistencias en los recobros al Fosyga por parte de las entidades
prestadoras de servicios de salud, así como el uso recurrente
de la tutela para acceder a servicios y medicamentos incluidos
en el POS, han impactado de manera negativa y debilitado el
sistema de seguridad social colombiano. Representantes de las
EPS y de los profesionales de la salud ofrecen alternativas
para salir de la crisis.. |
Otorgar
una mayor participación a los entes territoriales y quitar
poder de decisión a las entidades prestadoras de salud
(EPS) y a los aseguradores privados, podría ser el inicio
de una reestructuración del sistema para reducir el impacto
negativo de recobros y tutelas sobre el patrimonio de la salud.
Así lo considera Germán Reyes Forero, presidente
de la Asociación Médica Sindical Colombiana Seccional
Antioquia (Asmedas), quien encuentra una solución viable
a la crisis del sistema de salud en trasladar más poder
al sector público y dar forma a dinámicas de aseguramiento
de corte social. |
De acuerdo con Germán
Reyes, presidente de Asmedas, algunas EPS motivan a sus pacientes
a presentar tutelas para acceder a medicamentos y servicios
incluidos en el plan obligatorio de salud, lo que permite a
esas entidades hacer recobros inadecuados.
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Como
argumento, el directivo señala que "es necesario
pensar en una estructura distinta, pues la de unidad de pago
por capitación, es decir, el modelo de aseguramiento
vigente y cuya función es servir de base al sistema,
es individual. Hay que cambiarlo por un modelo de aseguramiento
social: donde la dinámica sea distinta a la del negocio,
la responsabilidad estatal sea mayor y no se le entregue todo
a la lógica del mercado".
Reyes agrega que la percepción generalizada en Colombia
es la de que las cosas funcionan bien si se rigen por las leyes
de mercado, lo cual, en su opinión, no puede aplicarse
a la prestación de servicios de salud, pues se generan
las condiciones adecuadas para el aumento de la corrupción. |
Desde
su punto de vista, "lo que se está haciendo desde
Minsalud para subsanar los problemas son paños de agua
tibia: idearse fórmulas mágicas para controlar
la corrupción y el negocio no es suficiente. De otro
lado, la potestad para cambiar el sistema la tiene el Congreso
de la República, pero la mayor parte de ese organismo
está cooptada por las EPS. Muchos congresistas son elegidos
con el apoyo de estas y no se meten a hacer una reforma estructural.
En otras palabras, los políticos también están
usufructuando el sistema".
Sistema fallido
Es tal la magnitud del problema generado por la política
pública de recobros, es decir, de reintegro de recursos
a las EPS por medicamentos y procedimientos no incluidos en
el Plan Obligatorio de Salud (POS), que el detrimento patrimonial
producido ha alcanzado, en los últimos años, cerca
de $6 billones. Eso ha creado problemas de caja y solvencia
por parte de los aseguradores; retrasos en las cuentas por pagar
a prestadores; deterioro de las finanzas de las EPS y del sistema,
y un daño estructural general en la manera de acceder
a la salud en Colombia.
Esa es la postura de Jaime Arias Ramírez, presidente
de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral
(Acemi), que agremia a las EPS del país, quien manifiesta
que dicha política pública, impulsada por medio
de sentencias de la Corte Constitucional y acatada por el poder
Ejecutivo, es equivocada y ha encerrado siempre peligros que
pasaron inadvertidos para todos los actores desde el principio.
Germán Reyes resalta la existencia de la tutela como
el mecanismo de amparo de los derechos fundamentales otorgado
por la Constitución, y cuya importancia dentro del sistema
de salud ha sido mayúscula, al punto de que, de acuerdo
con él, serían más los muertos dentro del
mismo y las fallas serían aún mayores si no se
contara con dicha herramienta jurídica.
Para Reyes, "aunque Minsalud afirme lo contrario, está
demostrado que la mayoría de tutelas son por cosas que
estaban dentro del POS antes de aprobarse la Ley Estatutaria
de Salud 209 de 2013. Sin embargo, la gente tiene que recurrir
a este mecanismo hasta por un examen citoquímico de orina.
Son muchas las tutelas, no porque sean malas como instrumento
sino porque el sistema es malo y no da respuesta a lo que ordena
el médico. Las personas acuden a un juez para buscar
el amparo y, en general, este responde favorablemente".
Cambios sustanciales
Mediante Sentencia C-313 de 2014, la Corte Constitucional declaró
exequible, es decir, acorde a la Constitución, la mayor
parte de los 26 artículos presentados en el Proyecto
de Ley Estatutaria de Salud 209 de 2013 Senado y 267 de 2013
Cámara, cuya motivación principal fue la de regular
el derecho fundamental a la salud.
Tales disposiciones, según explica Germán Reyes,
introducen modificaciones sustanciales a lo que el Congreso
de la República sugirió para dinamizar el sistema
de salud, y son un punto de partida importante para empezar
a dar forma a un modelo social de aseguramiento que garantice
que las EPS se guíen por la prestación del servicio
y no por el afán de ahorrar al máximo los recursos
que están administrando, y de cobrarle al Gobierno la
mayor cantidad posible de dinero para obtener un gran margen
de ganancia.
El presidente de Asmedas denuncia que "quienes llegan al
sector salud vienen con ánimo de lucro: las instituciones
prestadoras de servicios, los falsos sindicatos que montaron
para tercerizar lo laboral, el complejo médico industrial,
los aseguradores y quienes proveen medicamentos. Son muchos
polos de corrupción, pues el elemento filosófico
y político base de la Ley 100 de 1993 que reglamentó
el sistema de seguridad social en Colombia es la compra y venta
de servicios. Por eso hay que hacer lo ordenado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-313 de 2014".
Añade que si el margen de ganancia es muy bajo
para las EPS, estas buscan mecanismos de sobrefacturación
para inflar los costos de medicamentos y procedimientos y, de
esta manera, incrementar las ganancias. Al problema se suma,
según su experiencia, la falta de control por parte de
los organismos pertinentes.
El núcleo del problema, según el directivo, "radica
en que muchas EPS hicieron recobros al Fosyga, a través
de tutelas, por cosas que estaban en el POS, y pasaron por alto
su obligación de suministrar servicios, medicamentos
o citas con especialistas. Así desfalcaron, en parte,
al Fosyga, pues el mecanismo de pago a través de esta
entidad debía buscarse para lo que no estuviera en el
POS, y el 50% del gasto le correspondía a las EPS y el
resto al fondo. Por ello, muchas de ellas optaron por incentivar
la tutela entre los pacientes, hacer recobros inadecuados y
sobrefacturar".
Por su parte, Jaime Arias Ramírez, presidente de Acemi,
aclara que antes de proceder con el reintegro de los dineros
a las EPS, el Fosyga audita las cuentas para asegurarse de estar
cancelando recobros validos y con sustento legal. En caso contrario,
indica, esa entidad está obligada a rechazarlo.
Sobre posibles soluciones al impacto negativo de los recobros,
Arias Ramírez habla de una que considera radical: "eliminar
de tajo los reintegros e incluir todas las tecnologías
recobradas en un POS, el cual debe ser financiado adecuadamente.
Es más sano y transparente financiar el plan con los
recursos existentes y, si estos no alcanzan, decirlo claramente
a la opinión pública. Mantener el mecanismo de
reintegro es tapar con tierra el problema". |
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Posibles soluciones
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| En
palabras de Jaime Arias Ramírez, presidente de la Asociación
Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), la interpretación
que algunos actores del sistema de salud hacen de la Sentencia
C-313 de 2014, lleva a pensar que a partir de febrero de 2017
desaparecerán tanto el POS como el no POS, y sólo
quedarán sin cobertura las exclusiones. Sin embargo,
el directivo propone, como solución alternativa a la
crisis, el giro directo de recursos a los prestadores el cual
es parcial en la actualidad. De esta manera, puntualiza Arias,
"se evita un intermediario y deja de incurrirse en procesos
complicados y costosos. Finalmente, un recobro ilegal debe investigarse
por parte de las autoridades judiciales". |
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Cifra:
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| $6
billones es el detrimento patrimonial generado por los recobros
en el sistema de salud.. |
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| Más
información... |
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