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| En el cambio del tipo
y calidad de la información en salud de los colombianos,
establecido con la resolución 4505/12, no es todo color
de rosa. Si bien el Ministerio busca que Colombia gane al conocer
el estado real de salud en el país -persona a persona-,
los factores de riesgo ponderados en la población colombiana,
identificar fortalezas y áreas en que hace falta trabajar,
y hacer investigación en condiciones específicas
para fortalecer la cultura de las acciones preventivas, para
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) como
responsables de alimentar la información, el asunto no
es tan simple. |
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Con derecho de petición,
la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas
-ACHC- solicitó al Ministerio de Salud suspender la entrada
en vigencia de la resolución 4505/12, porque no se tuvieron
en cuenta las implicaciones de su entrada en operación.
Asimismo, pidió revisar la necesidad y aplicación
que se dará a la información, pues existen fuentes
actuales de donde el gobierno podría obtenerla sin someter
a las IPS a re-procesos. La ACHC señaló que se
necesitan directrices claras, a fin de que las EPS no impongan
medidas arbitrarias o desproporcionadas sobre el reporte de
información que exigen a IPS: reclama que no puede legislarse
imponiendo cargas desproporcionadas a un agente del sistema
o desconociendo la diversidad de prestadores y sus limitaciones
de recursos.
Agrega la ACHC que las IPS están preocupadas frente al
cumplimiento de exigencias de la resolución, porque no
todas tienen sistemas de información para trasladar o
recaudar la información de forma fácil, y deben
disponer varios |
empleados para alimentarla
"por persona", en la mayoría de casos reconstruyéndola
con la historia clínica y los RIPS: Los códigos
de la norma no coinciden con datos de las historias clínicas,
otros aspectos deben clasificarse con números específicos
que aún con un gran software, no se podrían copiar
o trasladar porque la codificación dada en la resolución
es única.
Esta actividad implica recurso humano exclusivo para diligenciar
la información para todas las EPS con las que se tienen
contratos, y tal como sucede en otras operaciones, cada pagador
establece sus formatos, periodicidad y formas de entrega, haciendo
que la IPS deba responder a las exigencias de varias EPS y reportar
unas 118 variables por persona. Dice la ACHC que es ilógico
que el propio Ministerio disponga que sus indicaciones deben
cumplirse 'según solicitud' de un agente, cuando se requieren
políticas claras y justas que impidan y no que acrecienten
la posición dominante de las EPS.
La ACHC señala una incongruencia: si las EPS son responsables
de su población afiliada, la mayor obligación
sobre la recolección del dato no debía recaer
sobre las IPS, ya que los usuarios son remitidos desde las aseguradoras;
y si son acciones de prevención y promoción, las
EPS deberían tener registros de dichas actividades e
implementarlas. Dice la ACHC que para cumplir el proceso con
las directrices de la Ley 1438 sobre el desarrollo de un sistema
de evaluación y calificación con aplicación
de indicadores, es menester que las cargas sean equilibradas
y exista un valor agregado a la recolección de la información.
Empezaron los traumatismos
Luego de que el Ministerio remitiera el derecho de petición
de la ACHC a la oficina jurídica para estudio, los problemas
previstos se produjeron. Según Andrea Jhovana Avella,
líder de la fuente de información de protección
especifica y detección temprana en el Ministerio, al
inicio del proceso hubo rupturas en oportunidad, calidad de
la información y reporte en cobertura por las IPS a las
EPS: “Se busca mediar entre las instancias para que cada
uno en su competencia actúe en el reporte de una información
que es vital para la toma de decisiones”. Según
Avella se está en una primera fase de adaptación
al cambio, al pasar de un reporte estadístico a uno que
pide variables nominales por persona. |
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Es imperiosa la necesidad
de información,
y las medidas de intervención en salud esperan
indicadores para establecer metas, definir incentivos
y buscar resultados. Pero las IPS del país no están
preparadas ni tienen recursos para disponer el
personal o los aplicativos requeridos para
cumplir la resolución 4505.
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Pero el tema ya generó traumatismos para los prestadores.
Carlos Alberto López, jefe de registros clínicos
y administrativos de la Clínica Medellín, señala
preocupación por las disparidad en las instrucciones
de diferentes instancias: “Esperamos capacitaciones del
Ministerio; es necesario que el país tenga este tipo
de información, pero de una forma más clara
e instructiva, con adecuado control y seguimiento académico”.
Angélica Cardona, gerente de sistemas de información
de la IPS Universitaria, considera que implementar el proceso
no es fácil, pues deben reunirse las fuentes de información
para elaborar reportes. Aunque la IPS los genera oportunamente,
persisten dudas sobre validaciones y requerimientos de aseguradoras:
“Es un trabajo en proceso; además se convierte
en una carga porque tenemos que rendir otros informes a otras
instituciones en períodos determinados y todo se acumula
en los 15 primeros días del mes. Eso es duro”.
La situación es similar en IPS de bajos niveles de
complejidad; la gerente del Hospital La Merced de Ciudad Bolívar
(Antioquia), Angélica Rendón, comparte la importancia
de la norma al ser una buena oportunidad para revivir los
RIPS y retomar información valiosa, pero dice que es
un proceso difícil: “Nuestros funcionarios reciben
aclaraciones técnicas del Ministerio, pero después
de esfuerzos importantes para la presentación oportuna
de reportes y cumplir requisitos que las EPS trasladaron como
nuevas responsabilidades”.
Agregó que estos nuevos reportes agudizan las exigencias
impuestas a las Empresas Sociales del Estado: “Las ESE
hacemos un gran esfuerzo para acogernos a los planes de saneamiento
fiscal y financiero, hay desgaste por las incertidumbres y
cambios de la normatividad, y los nuevos esfuerzos administrativos
implican mayor carga laboral; la complejidad de la norma requiere
una auxiliar administrativa adicional, y lo positivo es que
se convierte en motivación para tener por fin historias
clínicas sistematizadas”.
El aumento de carga laboral no es un tema menor. Juan Fernando
Londoño, jefe de registros médicos del Hospital
Universitario de San Vicente Fundación, llamó
la atención: “Fue una especie de 'Comuníquese
y cúmplase', no hubo sensibilización y capacitación
en los niveles de arriba hacia abajo a las direcciones departamentales,
locales, EPS e IPS; faltó difusión, capacitación
y escuchar a los actores, y ahora después de un tiempo
de vigencia apenas se hacen acercamientos. Esa falta de capacitación
generó confusión y sobrecostos a los hospitales:
algunos contrataron hasta 10 personas para solo trabajar en
la resolución; en nuestro caso hubo que reorganizar
cargos y funciones, y dedicamos 3 personas para levantar esa
información. Uno se pregunta: ¿quién
asume esos costos?”
Además, los prestadores se ven abocados a otro problema:
dar respuesta a los diversos validadores de cada EPS, al no
ser estandarizados por el Ministerio, que se declara impedido
para imponer los validadores y se limita a mediar. La norma
hace la solicitud específica de la información
a las EPS, pero los prestadores generan el dato, y es ahí
donde las aseguradoras exigen la información bajo cierto
libre albedrío de cada EPS, sin importar los aprietos
de los prestadores. Más allá de estos traumatismos,
las condiciones en que se implementa la norma conduce a que
el proceso se adelante 'a las carreras', aumentando la posibilidad
de errores y con re-procesos por falta de capacitación,
además de que la información puede quedar sin
suficiente calidad y validez, y así el objetivo del
Ministerio de disponer de una plataforma de buena información
no se cumple.
Como señala Juan Fernando Londoño: “A los
hospitales nos piden cada vez más cosas con la esperanza
de que eso redunde en beneficio de la población y el
país, pero esa suma de costos, personal, desarrollos,
software, análisis, verificación, lo asumen
las IPS. Desde el gobierno expiden normas sin importar lo
que cueste ni lo que implique, exigiendo que se cumplan, y
que los generadores de datos -las IPS-, vean cómo responden
con todas sus consecuencias, acarreando inclusive riesgos
financieros para ellas”.
Es innegable la buena intención del decreto 4505, y
que el país necesita una buena información en
salud más allá del negocio, pero también
es irrebatible que el costo y el esfuerzo para construirla
recayó fundamentalmente en los prestadores, quienes
simultáneamente enfrentan fuertes presiones económicas
y políticas generadas por la reforma a la salud, a
las que se suman la creciente serie de procesos operativos
que hacen lento y mas costoso el funcionamiento de cada institución.
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