MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 15    No. 172  ENERO DEL AÑO 2013    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Bogotá propone aseguramiento público
y nuevo modelo de salud


Bogotá le apuesta al asegurador
público y a salud preventiva
Olga Lucia Muñoz López - Periodista elpulso@elhospital.org.co

Ante la fragmentación y segmentación del sistema de salud creado por la Ley 100/93, Bogotá le apuesta a universalizar el aseguramiento, aplicar Atención Primaria en Salud (APS) renovada, organizar las Redes Integradas de Servicios de Salud e implementar un nuevo modelo de atención en salud. Y ante la corrupción y deficiencias en la gestión y manejo de los recursos de la salud, la propuesta es defender lo público, defender la salud como bien público y como derecho fundamental, y fortalecer la red hospitalaria pública.
El nuevo modelo de salud de Bogotá se basa en la estrategia de la Atención Primaria en Salud y Salud Preventiva, con participación social y coordinación intersectorial, articulando las acciones poblacionales con las individuales y familiares, coordinando los Equipos de Intervenciones Colectivas y los Equipos Básicos de Salud, con las IPS de baja, mediana y alta complejidad y la participación con responsabilidad social de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), incluidas las EPS y demás actores sociales. El modelo busca garantizar la equidad en la oferta institucional, eliminar barreras de acceso, la modernización, la calidad y calidez y humanización en la atención.
La operación del modelo se coordina desde 83 Centros de Salud y Desarrollo Humano, y atiende en 144 puntos: Unidades Básicas de Atención (UBA), Unidades Primarias de Atención (UPA), Centros de Atención Médica Inmediata (Cami), y 22 hospitales de primero, segundo y tercer nivel de complejidad, para lo cual se inició un proceso de capacitación en humanización del servicio a más de 18.000 funcionarios del sector salud.
Salidas a un sistema en crisis
La crisis estructural del sistema de salud asumió en Bogotá múltiples manifestaciones: Se dan situaciones de total vulneración al derecho a la salud, con fallas y/o demoras en el proceso de atención que cobran el agravamiento e incluso la vida de muchos pacientes; los hospitales de la red pública distrital atraviesan hace años una grave crisis financiera y algunos protagonizaron escándalos de corrupción, mal manejo, despilfarro, irregularidades en contratación e incapacidad para facturar (por mencionar sólo uno, el caso de corrupción en el Hospital de Meissen); el secretario Jaramillo alertó en septiembre pasado que de los 22 hospitales públicos, 16 están en riesgo financiero alto y medio, por lo que entran al programa de saneamiento fiscal y financiero ante el aumento de su déficit presupuestal; y señaló que en 2011 la deuda de las EPS con los hospitales públicos superó los $235.000 millones y se calcula que este año supere los $290.000 millones.
Además, las EPS Ecoopsos y Colsubsidio se retiraron del manejo del régimen subsidiado en octubre y noviembre pasado, respectivamente, por lo que 238.000 afiliados debieron ser trasladados a otras EPS-S. Y como varias de ellas estaban bajo vigilancia especial de Supersalud, hubo que esperar a levantar la medida para recibir los afiliados y ofrecerle el traslado a Caprecom y a la EPS Capital Salud (propiedad del Distrito y de Salud Total). Cabe recordar que incluso en julio pasado, se estudió la declaratoria de emergencia en salud en Bogotá, ante los graves problemas detectados. Y desde el año anterior, se buscan salidas a la crisis de la salud en Bogotá, junto con el gobierno nacional. Pero pese a los buenos propósitos, los críticos advierten que deben hacerse todos los estudios previos necesarios, con cálculos ajustados a los recursos disponibles, para evitar repetir el fracaso de iniciativas fallidas de aseguramiento público, como Calisalud y Salud Cóndor, entre otras, que no arrojaron los resultados esperados. Además, blindar estas propuestas contra los peligros de la politiquería y la corrupción, dada la ingente cantidad de recursos públicos comprometidos.
 
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