En esta época de balances, de mirar lo que deja la gestión de 2012 en salud, es preciso insistir en la dramática agudización de la crisis del sistema de salud en Colombia y en la actitud casi indolente del gobierno ante esa crisis. No fue un buen año para nadie.
No fue un buen año para los pacientes que siguieron padeciendo las dificultades de acceso al servicio y negación de servicios, hasta de los incluidos en el POS (según la Defensoría del Pueblo, en 2011 el 67,81% de las solicitudes requeridas vía tutela en los regímenes contributivo y subsidiado estaba incluido en el POS). Incluso, hubo pacientes que pagaron con su vida las dificultades del sistema, como José Ángel Chíquiza, fallecido en Bogotá el pasado 16 de octubre al tramitar la autorización de una diálisis, en un caso de presunta negación de servicios incluidos en el POS que debía garantizar la EPS.
No fue un buen año para las EPS, la mayoría de las cuales registraron caída en sus indicadores financieros, lo que ameritó la intervención, liquidación o imposición de la medida de vigilancia especial de Supersalud por incumplimiento de indicadores para permanecer en el sistema, especialmente patrimonio mínimo y solvencia financiera. Si bien en octubre levantaron la medida de vigilancia especial a 11 de ellas tras cumplir los planes de saneamiento financiero y administrativo, el ente de control abrió investigaciones sancionatorias a otras 9 EPS por presunta reincidencia en incumplimiento de requisitos de operación. Además, estas empresas siguen a la expectativa de su permanencia en el sistema de salud y del rol que asumirán dentro del mismo, dado que está próximo a salir un decreto con requisitos mínimos de habilitación y que según estudio previo, sólo pasarían 2 o 3 de ellas, dijo el Ministerio. También se anuncia que en la reforma estructural al sistema de salud mediante ley ordinaria, se modificaría el papel de las EPS.
No fue un buen año para las clínicas y hospitales del país: todos los prestadores, grandes y pequeños, públicos y privados, en los pueblos y en las ciudades, se vieron asfixiados por la grave crisis de iliquidez por la falta de pago, principalmente de las EPS del régimen subsidiado y los entes territoriales. Pero fieles a su vocación de servicio y al compromiso con los pacientes, “hicieron milagros” para mantener sus puertas abiertas y no negar el servicio. Vale resaltar el caso de Antioquia, donde los prestadores están al límite de su capacidad de aguante, y pese a insistentes llamados de intervención al gobierno para que resuelva estos problemas, no han recibido respuesta a ese llamado angustioso.
Y no fue un buen año para el gobierno. El Ministerio de Salud tuvo 3 titulares: Mauricio Santa María, que a principios de año pasó a ser director de Planeación Nacional, y lo reemplazó la entonces viceministra de Salud, Beatriz Londoño, experta conocedora del sistema, a quién sin embargo reemplazó el presidente Santos por el economista Alejandro Gaviria, en su intento de ordenar las finanzas del sistema y de darle un nuevo rumbo.
El caso es que en el sentir de los diferentes actores del sistema, las medidas del gobierno en su intento de resolver la crisis se quedaron en meros “paños de agua tibia” que no resolvieron los graves problemas que tienen en jaque al sistema de salud y la expectativa misma de salud de los colombianos.