 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
| Tras
fuerte debate en la Cámara a Beatriz Londoño,
ministra de Salud, los representantes Holger Díaz, Rafael
Romero y Martha Ramírez radicaron un proyecto de ley
que enfatiza la defensa del derecho al acceso a servicios de
salud y salud como derecho fundamental. |
 |
Incluye la reaparición
de propuestas de las más criticadas de la emergencia
social. En Deberes de los usuarios indica que contribuirán
según su capacidad económica al cubrimiento
de prestaciones y servicios adicionales a favor de los miembros
de su familia y personas bajo su cuidado, y que aplicarán
el concepto de “razonabilidad y pertinencia” al
hacer uso de “acciones judiciales para el reconocimiento
de derechos”. Profundiza en atenciones no incluidas:
las personas podrán contratar el cubrimiento de prestaciones
no incluidas en el Plan Único de Beneficios en Salud
(PUBS), las cuales se articularán al sistema integral
y se prestarán por instituciones autorizadas legalmente.
También renace de la emergencia social, la responsabilidad
de profesionales de la salud al prescribir por fuera del plan
de beneficios:
|
“La
ordenación de prestaciones irrazonables o por fuera de
los estándares profesionales aceptados por organizaciones
médicas, hará responsable a los profesionales
conforme al régimen correspondiente y podrá generar
efectos administrativos en imposición de multas o causación
de efectos económicos que defina el legislador”.
Y con una cortapisa adicional, al proponer que sólo podrán
ordenar elementos excluidos del POS exclusivamente para la preservación
de la vida, la salud y la dignidad humana, pero “el profesional
tratante así lo resolverá, bajo su responsabilidad”.
En financiación de prestaciones excluidas genera dudas
porque indica que estará a cargo del Estado, pero luego
dice que pagan los usuarios conforme a su capacidad económica,
y de corresponder total o parcialmente al sistema -independiente
del proceso de compensación-, mediante la aplicación
de un esquema adicional definido a futuro. Que los ciudadanos
asuman costo del No-POS, lo corrobora un parágrafo: el
gobierno dictará el régimen aplicable para verificación
y control sobre capacidad de pago de los usuarios, según
criterio de carga soportable y condiciones personales; ese régimen
comprenderá mecanismos de seguimiento, sistemas de presunción
de ingresos, verificación contra la administración
de impuestos nacionales y reportes a autoridades judiciales
y regulatorias del sistema.
El proyecto plantea que en los presupuestos de la Nación
y entes territoriales el gasto en salud tendrá prioridad
sobre cualquier otra asignación; crea la Comisión
de Seguimiento al Sistema de Salud como órgano consultivo
y asesor, pero lo convierte en un apéndice del gobierno
al proponer que lo conformarán 3 miembros designados
por el Presidente de la República; elimina los regímenes
especiales; crea una jurisdicción especializada en protección
social, con juzgados de circuito especializados, propuesta poco
realista para la realidad del sector judicial; y ordena al gobierno
que establezca la política farmacéutica 6 |
| |
|
Vienen más proyectos…
de ley
|
| Varios
proyectos hacen cola para inscribirse en el Congreso. El Partido
Liberal prepara uno con prohibición absoluta de la integración
vertical, propuesta que en la discusión de la Ley 1438
presentó Simón Gaviria (actual presidente del
Partido) y que estuvo en el texto definitivo algunas horas.
La Secretaría de Salud de Bogotá trabaja un proyecto
pendiente de ajustes, que radicaría la bancada Progresista;
y Antioquia revisa la posibilidad de ajustar y volver a presentar
la propuesta estudiada en la discusión de la 1438. Además
de estos 3 proyectos de ley, se espera el de Ley Estatutaria
de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760, cuyo
borrador casi definitivo se sometía a revisión
final en agosto. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
