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La difícil
situación que se presenta en el sistema de salud, como
lo registró el periódico EL PULSO de manera especial
el pasado mes de agosto, ha llevado a que diversos actores se
inclinen por la idea de tramitar una nueva ley que modifique
por completo el sistema creado en la Ley 100 de 1993, mientras
otros plantean ajustes a las normas vigentes o la adopción
de medidas coyunturales o mediáticas para conjurar la
crisis.
En el primer caso se encuentran organizaciones de profesionales,
organizaciones sociales y sectores políticos de izquierda,
críticos todos de la Ley 100, y en el segundo se identifican
principalmente al gobierno y a las EPS, manteniendo así
una tensión no resuelta 20 años después
y que da cuenta que en el país no hemos resuelto cuál
sistema de seguridad social queremos y podemos tener. |
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“El llamado
es a pensar más
sobre cómo aprovechar mejor lo
que tenemos, actuar en este marco inspirados en unos principios
básicos, y no desviar la atención sobre la simple
expedición de normas que no son efectivas”.
Jairo Humberto Restrepo
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El escenario
actual es comparable con el de hace 10 años, cuando proliferaron
proyectos de ley, foros y movilizaciones sociales, que en el
marco de los primeros 10 años de la Ley 100 buscaban
una reforma estructural. Finalmente, luego de una primera generación
de proyectos fallidos, en 2006 se revivió el debate y
se dio lugar a la Ley 1122 de 2007, con algunos ajustes a la
Ley 100 que ponían el énfasis sobre aspectos de
vigilancia y control, la creación de la Comisión
de Regulación en Salud -CRES-, algunas normas en materia
de salud pública y otras más para apoyar la ampliación
de cobertura en los regímenes contributivo y subsidiado.
Sin duda, la fuerte movilización nacional frente a la
salud y la búsqueda de soluciones en el marco institucional
y legal vigente ayudan a explicar el sentido de la Sentencia
T-760 de la Corte Constitucional en 2008. Para la Corte, el
modelo de competencia regulada debía ser capaz de cumplir
con la garantía del derecho a la salud, y en tal sentido
estableció unas órdenes inspiradas en la vigencia
plena de la Ley 100. En otras palabras, la Corte le recordó
a cada uno de los actores, principalmente al Ministerio de Salud,
a la CRES y a la Superintendencia Nacional de Salud, lo que
le correspondía hacer para que todos los colombianos
sean cubiertos por el seguro de salud y gocen del acceso a los
servicios. |
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“En la Ley
1438 se encuentran puntos
interesantes que podrían conducir al fortalecimiento
del
sistemao su destrucción. Hace falta mayor análisis
para
examinar hacia cuál de los dos escenarios se dirige
el país”.
Jairo Humberto Restrepo
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La Ley
1438 de 2011 puede verse como resultado de las órdenes
de la sentencia de la Corte y de las propuestas del gobierno
del Presidente Santos para propiciar ajustes en el Sistema General
de Seguridad Social en Salud. La lectura que hemos hecho de
esta Ley es que en ella se encuentran puntos interesantes que
podrían conducir a uno de dos escenarios posibles: el
fortalecimiento del sistema o su destrucción.
Hace falta pues mayor análisis, para examinar hacia cuál
de los dos escenarios se dirige el país. Aunque las noticias
del momento pudieran llevar a pensar que predomina el segundo
escenario y que en tal sentido es la hora de adoptar un nuevo
sistema, antes de dar este paso se requiere mucho más
análisis y discusión.
En lugar de volver a una carrera loca por llevar al Congreso
proyectos de ley y adelantar debates prolongados de los cuales
unos grandes ganadores serían los políticos, quienes
así podrían recuperar algo de credibilidad en
medio del gran desprestigio en el que están inmersos,
es mejor tomar las cosas con serenidad, examinar el alcance
de la Ley 1438 y preparar una reforma integral que resulte de
un proceso más consensuado y de las evidencias que ofrece
el desempeño del sistema actual. Es mejor llegar a una
ley que formalice las propuestas bien pensadas y que sean viables,
al tiempo que se mejora la gestión, en lugar de aprobar
leyes que sigan siendo meros himnos a la bandera y mientras
no se asume la capacidad de resolver los problemas de coyuntura.
Así las cosas, entre las propuestas que presenta el gobierno,
es importante que el grupo de análisis de alto nivel
que se anunció se ocupe realmente de pensar, de plantear
escenarios de futuro y de convocar a expertos para reunir evidencias
y propuestas. En cuanto a las medidas anunciadas para dar liquidez
al sector mediante un desembolso de recursos que podría
ser récord, sin duda éstas pueden aliviar la situación
durante algunos meses pero es necesario en el análisis
dejar claro en qué medida hay problemas de solvencia
que solo podrían resolverse con ajustes estructurales.
También tiene sentido que las EPS sean vigiladas por
la Superintendencia Financiera, aunque debe mantenerse presente
el carácter del servicio a cargo de estas entidades.
Por último, es desafortunado el anuncio que hizo el gobierno
sobre la eliminación de la CRES, que por cierto sería
también un cambio de ley. La CRES debe continuar y requiere
fortalecimiento y una revisión de sus primeros tres años
de operación para buscar que se ajuste al ideal y contribuya
en mayor medida al buen desempeño del sistema. En éste
como en varias propuestas y del imaginario de muchos, el llamado
es a pensar más sobre cómo aprovechar mejor lo
que tenemos, actuar en este marco inspirados en unos principios
básicos, y no desviar la atención sobre la simple
expedición de normas, pues éstas no son efectivas
sobre todo cuando se producen sin una clara fundamentación
y preparación. |
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