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Mundo del medicamento
Precios de los medicamentos: lo que por agua viene...
Redaccción El Pulso - elpulso@elhospital.org.co
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En ausencia
del TLC con Estados Unidos, las relaciones comerciales de Colombia
con ese país se rigen por la Ley de Preferencias Arancelarias
Andinas y de Erradicación de Drogas (ATPDEA) suscrita
el 6 de agosto de 2002 por el presidente George Bush (hijo),
en la cual se prorrogó y amplió la Ley de Preferencias
Arancelarias Andinas (ATPA), componente comercial del programa
de la Guerra contra las Drogas que el Presidente George Bush
(Padre) expidió el 4 de diciembre de 1991.
Sin embargo, la argumentada co-responsabilidad de Estados Unidos
en la lucha contra las drogas no es gratuita. Estados Unidos
hace exigencias que van más allá de las directamente
relacionadas con la lucha contra el narcotráfico a los
países beneficiarios de las preferencias arancelarias.
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En el
caso específico de la propiedad intelectual, cada año
las filiales de multinacionales farmacéuticas agremiadas
en la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA),
envían un informe al Representante Comercial de los Estados
Unidos, en cumplimiento del Artículo Especial 301, que
enmendó la Ley de Comercio de ese país en 1988,
estableciendo un sistema unilateral de evaluación de
socios comerciales, en el que se “identifica un amplio
rango de serias preocupaciones, que van desde la problemática
'innovación autóctona’ que puede poner en
riesgo los derechos de los titulares de estos derechos [de propiedad
intelectual] en China, hasta los continuos retos de la piratería
en internet en países como Canadá y España,
y los cambios en marcha de los retos en observancia en muchos
países alrededor del mundo”.
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En el
informe, las empresas estadounidenses que operan en Colombia,
califican desde su punto de vista -que no necesariamente pone
los intereses de la salud por encima de los comerciales-, si
el país está brindando protección adecuada
y efectiva de la propiedad intelectual. La mirada con la que
se hace esta calificación por las empresas farmacéuticas
agremiadas en Afidro en Colombia, que a su vez están
afiliadas a PhRMA, es congruente con una agenda de 3 grandes
objetivos: “1) Ampliar el acceso a medicinas seguras y
efectivas a través del libre mercado, sin control de
precios, 2) Fortalecer los incentivos de propiedad intelectual
y, 3) Regulación transparente, eficiente, y libre flujo
de información a los pacientes” (subrayado fuera
de texto).
Una vez que la Oficina del Representante Comercial de los Estados
Unidos recibe el informe, pide cuentas a través de la
Cancillería, que a su vez revisa el estado de cosas con
cada entidad implicada. Adicionalmente, cuando hay coyunturas
importantes, como lo fueron el cambio del ATPA al ATPDEA y la
firma del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia
y Estados Unidos, o como lo será su posible aprobación
por el Congreso de ese país, estos temas se convierten
en nuevos asuntos a negociar, en los que el país debe
hacer concesiones para lograr beneficios.
Este mecanismo de presión, hecho a la medida de los intereses
de la industria, llevó a que en la transición
del ATPA al ATPDEA, el país se viera forzado a expedir
el decreto 2085/02, que impide que un tercero pueda registrar
un medicamento que contiene un principio activo del cual la
autoridad sanitaria ya conoce los datos de seguridad y eficacia,
por haber sido entregados por el laboratorio que lo registra
por primera vez, lo cual es lógico desde el punto de
vista comercial, pero cuestionable desde el punto de vista de
la protección del derecho a la salud a través
del acceso a medicamentos para las personas.
Con el cumplimiento de esta exigencia, que corresponde a la
interpretación particular de la industria sobre los compromisos
adquiridos en el Acuerdo sobre Aspectos de Derechos de Propiedad
Intelectual (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio,
Colombia pasó de la Priority Watch List a la Watch List,
es decir: de la lista de los que tienen muy mal comportamiento
a la de los que tienen mal comportamiento. Las presiones en
este sentido son también una poderosa razón que
explica los cambios en el sistema de control de precios del
país, y la renuencia del gobierno a tomar medidas realmente
efectivas.
De acuerdo con el reporte enviado por PhRMA al Representante
Comercial de Estados Unidos para efectos de la elaboración
del informe 2010, en el que se solicita mantener a Colombia
en la Watch List, como de hecho sucedió, comenta la organización
gremial: “Los mensajes públicos del gobierno de
Colombia sugieren que las medidas de control de precios fueron
implementadas como contrapeso a disposiciones de propiedad intelectual,
como las establecidas en el decreto 2085 y las previstas en
las obligaciones del futuro Acuerdo de Promoción Comercial
con Colombia. Más que simplemente crear un clima de negocios
que deteriora la competitividad, estas medidas sirven para menoscabar
los cimientos de un sistema efectivo de protección de
la propiedad intelectual”.
“Las compañías miembros de PhRMA están
monitoreando la implementación de la Circular 04, así
como las regulaciones adicionales que se requieren para definir
su alcance e impacto sobre el acceso al mercado para [productos]
farmacéuticos. La inadecuada implementación y
la falta de transparencia tanto en la implementación
como en la aplicación de la Circular 04 podría
impactar negativamente a las compañías miembros
de PhRMA”.
No sobra recordar que la Circular 04/06 de la Comisión
Nacional de Precios de Medicamentos, tuvo como documento base
para su elaboración el “Estudio de la Política
de Precios de Medicamentos en Colombia” realizado por la
firma Econometría para los ministerios de Industria,
Comercio y Turismo y de la Protección Social, y pagado
por la Cámara Farmacéutica de la ANDI, con el
apoyo de Asinfar y Afidro, en agosto de 2005.
Las cifras de la crisis en salud, que está muy lejos
de solucionarse, son de conocimiento público, y el papel
del precio de los medicamentos en ellas es incuestionable. Las
nuevas medidas propuestas para controlar los desmanes en la
intermediación son bienvenidas, pero el país tiene
que preocuparse por el impacto que los compromisos adquiridos
en otros escenarios tiene sobre sus finanzas y hacer bien las
cuentas, porque la ayuda nos está saliendo cara . |
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