En el decreto 4975 que declaró la emergencia social, se argumentaba que el detonante de la crisis financiera del sistema de salud era el aumento dramático de los recobros al Fosyga por eventos No-POS: en el régimen contributivo pasaron de 835.000 recobros en 2007 por un valor pagado de $626.000 millones a precios de 2007, a 2'000.000 de recobros por $1.85 billones en 2009, un aumento del 239% en número y 280% en valor.
El mismo decreto también reportaba que según informe de Afidro, para algunos medicamentos el valor del recobro al Fosyga excede notablemente el precio de venta del laboratorio y, que en otros casos, el número de medicamentos recobrados era superior al número de unidades oficialmente reportadas como vendidas por los laboratorios.
Esta información reveló entonces una cadena de abusos y corrupción en la cadena del medicamento en Colombia, en la que todos los actores involucrados tienen cuota de responsabilidad: el costo “inflado” del laboratorio productor, el porcentaje que cada actor le agrega al precio del medicamento en la cadena de intermediación hasta el punto de llegar a registrarse sobreprecios de hasta el 800% sobre medicamentos de uso común. Y en medicamentos de alto costo, el laboratorio fabricante cobra en Colombia hasta 3 veces el precio que cobra en países vecinos, el distribuidor por su intermediación cobra márgenes hasta del 200% y las EPS cobran al Estado hasta 7 veces el precio de compra del medicamento, y además ¡lo cobra varias veces!
Un estudio de la Health Action International (HAI) presentado en enero pasado, reveló ejemplos de precios exagerados de ciertos medicamentos en el país; entre los resultados, mostró un "vistazo" mundial a los precios de un tratamiento de 7 días con Ciprofloxacina 500 mg, comparando el producto "original" (Cipro de Bayer en Colombia) y el medicamento "genérico" de menor valor. El estudio muestra que el costo del tratamiento con Cipro en Colombia es el más alto del mundo (US$131), siendo 25 dólares más costoso que en Estados Unidos, 2 veces más caro que en Suiza, Alemania, Ecuador o Perú, 3 veces más caro que en Canadá, Francia o Argentina y 4 veces más caro que en España, Portugal y Chile. El costo del tratamiento con el equivalente genérico en Colombia es US$2,17, o sea 60 veces menos que con la "marca original". En América, solo Bolivia y Chile tienen costos menores utilizando genéricos del medicamento citado.
Y en medicamentos No-POS el panorama es peor: según las cuentas del gobierno, en los últimos meses los recobros de las EPS por medicamentos No-POS se desbordaron, y de promedios de $170.000 millones mensuales saltaron a $220.000 millones.
Para completar, además de los evidentes problemas de falta de vigilancia y control tanto al precio de los medicamentos como a las prácticas corruptas, existe una característica común a la mayoría de medicamentos con mayor impacto sobre las finanzas del sistema: 17 de los 20 medicamentos mas recobrados al Fosyga son producidos por un único fabricante y no hay competidores porque la gran mayoría de productos tienen protección con medidas de propiedad intelectual: patentes o protección a los datos que prueban la seguridad y eficacia de los medicamentos, medidas que la industria farmacéutica ha querido fortalecer por medio de tratados de libre comercio.
En este contexto, el gobierno saliente y más específicamente el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, reconoció responsabilidad en el aumento disparado del precio de los medicamentos, generado a raíz de la Circular 04 de 2006 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, que eliminó el control directo de precios y dejó la regulación al libre mercado; pero fuera de reconocer esa responsabilidad, no tomó medidas para recuperar el control estatal sobre los precios de los medicamentos, que sería lo primero si de verdad tuviera voluntad política de resolver el problema del alto costo de los medicamentos en Colombia. En cambio, sí tomó otras medidas para intentar controlar los sobrecostos de las medicinas, como autorizar importaciones paralelas por ejemplo, pero los objetivos de dichas medidas serán insuficientes si no recupera el control estatal.
Así las cosas, será tarea del nuevo gobierno recuperar la viabilidad del sistema de salud que se puso en juego con la irracionalidad en el manejo de los medicamentos dentro del sistema de salud, luego de entregarle la regulación al libre mercado en el que como se ha demostrado, se abusó y se abusa de esa libertad para fijar precios.