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De los 125 municipios del
departamento, sólo a 3 (Medellín, Bello y Rionegro)
les giraron recursos del régimen subsidiado desde el
orden nacional, correspondientes al bimestre junio-julio,
lo cual llevó a las Empresas Sociales del Estado (ESE)
u hospitales públicos, a la agudización de su
crisis: el 70% de los hospitales de Antioquia están
atrasados o tienen problemas para cancelar nómina,
deben primas salariales y no han podido pagar a proveedores,
incluyendo Cooperativas de Trabajo Asociado cuyo personal
les presta servicios asistenciales en los hospitales.
Antioquia es el departamento con mayor número de hospitales
públicos: tiene 135 Empresas Sociales del Estado (ESE),
de las cuales 125 ofrecen servicios de primer nivel de complejidad
y dependen del pago de sus servicios a usuarios del régimen
subsidiado. En sondeo realizado por Aesa en Antioquia, se
encontró que a 9 hospitales de mediana complejidad
se les adeuda más de $150.000 millones de cartera vencida,
de los cuales $87.000 millones superan los 6 meses de atraso.
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Los principales deudores siguen siendo las EPS del régimen
subsidiado encabezadas por Caprecom, seguida de Comfenalco,
Emdisalud, Salud Vida, Coosalud, Ecoopsos y Cóndor.
La situación reafirma el eterno problema de la cartera
con los hospitales públicos: en el último reporte
nacional consolidado a marzo de 2010, la cartera llegó
a $2.2 billones, lo que implica un incremento frente al mes
de diciembre de 2009 de 10%, equivalente a $200.000 millones.
Con preocupación se observa que esta deuda en permanente
aumento, incluye a las EPS del contributivo, que deben alrededor
de $14.000 millones a las mismas 9 ESE del sondeo de AESA,
siendo las que más deben la Nueva EPS y el Seguro Social
(cuentas sin pagar anteriores a su liquidación), seguidas
de Saludcoop, Coomeva, Salud Total y Café Salud.
Ante la falta de pago de cartera por parte de las EPS a los
hospitales de segundo y tercer nivel de complejidad, éstos
suspenden la prestación de servicios y actualmente
Antioquia no tiene red para atenciones especializadas: los
hospitales de primer nivel no tienen forma de remitir usuarios
hacia los niveles más altos de complejidad. Los pacientes
se están quedando estancados en hospitales de primer
nivel sin recibir la atención compleja que requieren,
afectando de paso gravemente al hospital, que debe atenderlo
con una Unidad de Pago por Capitación (UPC) finita
de $11.000 a 12.000 pesos, que no alcanza para cubrir infartos
o fracturas de cadera durante 5 o 6 días de estancia
hospitalaria.
O también se da el caso de algunos pacientes que deben
desplazarse en busca de atención. Por ejemplo, desde
hace 4 meses Ecoopsos tiene cerrados los servicios en el Hospital
San Juan de Dios de Rionegro por falta de pago, lo que obliga
a los usuarios de la EPS, residentes en municipios del oriente
antioqueño, a trasladarse a Medellín o al municipio
de Caldas (al sur de Medellín), cuando requieren atención
especializada.
Otros detonantes de la crisis
Para redondear el panorama de agudización de la crisis
en los hospitales públicos de Antioquia, el gobierno
nacional creó un nuevo intermediario en el régimen
subsidiado, que se quedaría con alrededor de $22.000
millones al año, como peaje por “facilitar”
las transacciones electrónicas entre las EPS subsidiadas
y los hospitales, ya que la reglamentación lo autoriza
a cobrar $90 pesos por usuario, cada mes, en el mal llamado
“giro directo” del régimen subsidiado. Este
sobrecosto lo asumieron las aseguradoras, pero dada su capacidad
de lobby, no sería extraño que pronto se traslade
a los hospitales o municipios, que terminarán pagando
un impuesto más, ¡para que les puedan pagar!
Por otro lado, no se ha resuelto el pasivo prestacional causado
antes del 31 de diciembre de 1993 y periódicamente
llegan a los hospitales cobros coactivos del Seguro Social
y fondos de pensiones, cobrando deudas de bonos pensionales
que no son responsabilidad de las ESE. En el último
reporte, esta deuda supera el billón de pesos en Antioquia.
Como si fuera poco, todos estos problemas se agudizan por
la indefinición jurídica de las relaciones hospitales
- EPS subsidiadas, ya que si bien desde el pasado 1º
de abril deberían estar firmados los contratos para
la prestación de servicios, hasta julio pasado no se
habían formalizado, debido al abuso de la posición
dominante de las EPS que pretendieron nuevamente bajar tarifas
de contratación y porcentajes de UPC, e incluso pretenden
transferir bajo la modalidad de la capitación, todo
el riesgo epidemiológico y sobre todo el riesgo financiero
a los hospitales.
Lo más grave entonces, es que los hospitales públicos
de Antioquia siguen sin encontrar soluciones ni apoyo gubernamental
para encontrar salidas al problema, ante todo por la ausencia
de voluntad política del Estado, falta de acciones
de los órganos de control y la estrategia utilitarista
de Empresas Administradoras de Planes de Beneficios que privilegian
sus intereses de lucro sobre el buen funcionamiento general
del sistema de salud y sobre las necesidades de salud de los
colombianos. De seguir esta situación, en pocas semanas
Antioquia se quedaría sin su red pública hospitalaria,
y los antioqueños sin quien los atienda en sus necesidades
de salud .
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