En éste
último, las aseguradoras seleccionarían el riesgo,
definirían la cobertura, fijarían la prima respectiva,
la gestión del riesgo tendría énfasis indemnizatorio,
las deducciones se pactarían entre segurador y tomador,
y la adquisición del seguro sería “voluntaria”.
En contraste, dentro del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, las aseguradoras, por ley, deben afiliar a todas las
personas, el aseguramiento es obligatorio, el Estado define
la cobertura, la prima y las deducciones, el énfasis
por ley es preventivo, y la gestión del costo tiene como
criterio la búsqueda de la eficiencia (control de frecuencias
y tarifas). Así se expuso en Bucaramanga el 21 de mayo/2010,
entre otras ocasiones. Acemi se abstuvo de dar declaraciones
sobre esta propuesta.
Idea tan sensible e impopular en un año electoral como
2010, explica el bajo perfil con que se ha manejado; en verdad,
pocos se han enterado y si llega a plasmarse en una ley (Dios
nos libre), con seguridad la anunciarán el 23 de diciembre,
lo mismo que la Ley 100 y la emergencia social. Pese a su parquedad,
el Presidente electo, Juan Manuel Santos, mostró una
velada simpatía con la idea en su programa “Colombianos
saludables, asegurados y bien tratados”, donde resalta
la presencia de la palabra “asegurados” en el título
y dio algunas puntadas en declaraciones de prensa; el Presidente
saliente, Álvaro Uribe, también ha coqueteado
con la idea de centrar la vigilancia de las EPS en la Superintendencia
Financiera. Por las aludidas razones de “prudencia”
o tacto político, es explicable que el Ministerio de
la Protección Social también declinara absolver
las inquietudes de EL PULSO y simplemente respondiera: “Se
ha consultado el tema del estudio de la propuesta realizada
por Acemi, acerca de las EPS. Ésta no había sido
conocida previamente por este gobierno, ya que no se conoce
la propuesta en sí”, y agregaron como argumento:
“...Teniendo en cuenta la magnitud del asunto, y que no
ha sido tema de trabajo del gobierno saliente”.
Asmedas anuncia oposición
“El aseguramiento tradicional no es el instrumento
para garantizar a la población el derecho a la salud”,
expresó categóricamente el presidente nacional
de la Asociación Médica Sindical (Amedas), Pedro
Contreras. Dijo: “Esto supone un deterioro de lo que quiso
establecer la Ley 100/93, que definió a las EPS como
delegadas del Estado para cumplir unas funciones que no eran
de aseguramiento, sino de promover la afiliación, cobrar
la cotización y contratar la prestación de los
servicios a sus cotizantes”.
Señaló el líder sindical: “Por ello
no estamos de acuerdo con el concepto de Acemi y otros sectores
que opinen que aquí se debe asegurar. En ningún
punto la Ley 100 establece el criterio de que se compra una
póliza de seguros o que las EPS son unas aseguradoras
tradicionales, menos ahora cuando hay definiciones legales y
constitucionales que no permiten que el gobierno se dé
el lujo de establecer un sistema donde prime el criterio mercantilista
del riesgo en salud. Por tanto, nos opondremos radicalmente
al proyecto de plasmar en un proyecto de reforma, una iniciativa
de ese talante. Nosotros no podemos impedir que las EPS vendan
pólizas de seguros; establecido un régimen de
salud para toda la población, una alternativa del sector
privado es ofrecer pólizas, tal como hoy aún persiste
en el criterio de la medicina prepagada y de pólizas
de salud, en algunas aseguradoras”.
El presidente de Asmedas manifestó: “En conjunto
con el resto de las organizaciones médicas y profesionales,
hay que concertar con todos los actores del sistema una reforma
estructural profunda que conlleve el declarar la salud y la
seguridad social como derechos fundamentales y constitucionales,
como lo reitera la Corte Constitucional. Por tanto, en materia
de organización del sistema de salud, no cabe el concepto
de aseguramiento tradicional, que limita y restringe ese derecho”.
Se acentúa modelo neoliberal
Luis Fernando Muñoz Ramírez, presidente
encargado de Asmedas-Antioquia, asoció la iniciativa
de Acemi con la propuesta de salud del Presidente electo Juan
Manuel Santos, “Colombianos saludables, asegurados y bien
tratados”, que calificó como “profundización
del modelo neoliberal basado en el aseguramiento, pues lo que
no han podido entender el gobierno saliente ni el que viene
es que el aseguramiento no garantiza la prestación del
servicio”. Citó los ejemplos de países como
Cuba y Canadá que no tienen aseguramiento como tal, pero
atienden a las personas: “Allí lo importante es
el paciente, aquí la persona tiene carnet pero no la
atienden. Por ello se da, el paseo y la ruta de la muerte”.
Señaló la intención de las EPS de intensificar
el aseguramiento, como congruente con el modelo de la Ley 100,
del cual dijo: “Es medicalizado, sólo plantea la
curación y no la promoción y la prevención;
en reciente Consejo territorial se planteó que del presupuesto
nacional para la salud sólo se invierte 3% en promoción
y prevención, por ello las EPS de ambos regímenes
se ‘pelaron' en esas materias. Los cambios que plantea
el Presidente Santos son de simple retoque, no estructurales,
con su propuesta priman de nuevo los formalismos sobre la realidad.
La intención de que haya un sistema nacional en el régimen
subsidiado es buena, pero eso no quita ni pone frente a lo que
se requiere: la atención efectiva del servicio”.
Para el dirigente de Asmedas, “el veneno está en
que se quiere que las EPS se dediquen sólo al aseguramiento
y que la parte de la salud, que corresponde a las IPS, lógicamente
la vigile la Supersalud; incluso el presidente Uribe planteó
que la vigilancia del aseguramiento, por ser la parte financiera
del asunto, le toque a la Superfinanciera, y que las IPS se
dediquen a la prestación de la salud”. Muñoz
Ramírez alertó sobre otras repercusiones: “Las
EPS intensificarán la integración vertical con
la nueva idea, monopolizando aún más el servicio,
y se ahondará la crisis, que dejó prácticamente
sola a Caprecom para atender el régimen subsidiado; en
Antioquia, por ejemplo, atiende 450.000 usuarios del antiguo
Seguro Social (ISS) y tiene en problemas financieros a Metrosalud,
a la cual le debe más de $14.000 millones”, y criticó
la supuesta falta de recursos para la salud, y las nuevas guías
médicas que se contratan por una millonaria cuantía,
en vez de retomar tantas que hizo el ISS. Además, pidió
descongelar los más de $6.5 billones destinados a salud,
que el gobierno sigue usando para pagar deuda externa.
Salud vs. Seguros privados
El médico Hernán Gaviria, director de
Codeliberar, aseveró que la Ley 1122/07 delegó
en las EPS funciones indelegables del aseguramiento, como administración
del riesgo financiero y gestión del riesgo en salud,
“que en la práctica no han asumido, puesto que la
llamada compensación 'negativa' siempre les ha permitido
sacar recursos de esa jugosa cuenta; igual sucede con el 'riesgo
en salud', ya que sus gastos siempre han estado por debajo de
la Unidad de Pago por Capitación (UPC) o han sido recuperados
a través de los millonarios recobros”.
Señaló que la condición de aseguradoras
“sería cambiar seguros sociales con recursos parafiscales
por seguros privados mediados por una prima establecida por
el asegurador que, a su vez le permite a éste seleccionar
el riesgo a asumir y determinar la cobertura”. Dijo que
sería “la forma de blindar el modelo a favor del
mercado, y sus contradicciones con el Estado Social de Derecho
y con las teorías constitucionalistas del bienestar,
o mejor de la tutela que tanto los ha incomodado, a este último
gobierno en particular”, y algo favorable a las EPS “que
desde hace mucho tiempo dominan la implementación de
la política del mercado de los servicios sanitarios a
favor de poderosos intereses económicos e inversionistas
nacionales e internacionales”.
Para el ex director de Vigilancia y Control del Ministerio de
Salud y asesor de la OPS, Francisco Rossi, la idea de Acemi
es “una formalización de lo que ellos quieren hacer
y de la forma en que manejan la salud hace rato. No sabemos
si lo que pretenden es, en vez de correr riesgos con una UPC,
en la que su negocio es el control del gasto, más bien
se ganen un porcentaje fijo de intermediación”.
El presidente de ACEMI Juan Manuel Díaz-Granados, declaró
a la revista Dinero (No. 275, 13 de abril de 2007): “Los
planes de salud son comparables con los de la telefonía
celular, donde hay un límite de minutos para cada usuario.
En nuestro caso el límite es de servicios para brindar
cobertura básica. Cuando se quiere más hay que
pagar por ello”. Así se entiende el interés
por el “seguro tradicional”. Algo bueno tendrá
que las EPS sean meras aseguradoras. A lo mejor, esa función
sí la ejecuten bien. “Sí, Ricardo, Jorge”,
parece que como Empresas “Promotoras” de Salud, quedaron
en el lugar equivocado. |
