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A partir de este número se inicia una columna dedicada
al apasionante mundo de los medicamentos, vehículos
de vida y muerte, riqueza y pobreza -envueltos en historias
de ciencia y tecnología, política, economía,
publicidad, magia y misterio-, en la cual explorar los diferentes
aspectos de productos y procesos fundamentales para la sociedad,
con una mirada crítica a nuestras realidades, y esperanzadora
sobre nuestras posibilidades.
Y, ¿cómo escapar en esta primera entrega a las
discusiones de la emergencia social? Entre sus disposiciones
destacan las relacionadas con medicamentos, que incluyen ajustes
a la política de control de precios, en especial para
los cobijados por patentes o protección de datos.
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Asimismo,
las que establecen controles sobre conflictos de interés
y las relacionadas con guías o estándares de atención
y protocolos. Estas disposiciones se refieren a temas que es
imprescindible abordar, pero con mucha mayor profundidad, para
enfrentar con alguna posibilidad de éxito los problemas
que aquejan al sector salud. Incluso, el tema de medicamentos
se podría extrapolar al de los productos para la salud.
Es innegable que la gran cantidad de recursos dedicada a comprar
medicamentos y otros insumos, es parte fundamental del problema;
lo invertido en este rubro debería contribuir a lograr
los mejores niveles posibles en la salud individual y colectiva,
entendida como derecho humano fundamental, que debe anteponerse
a intereses comerciales o de cualquier otra índole.
Una de las motivaciones consignadas en el decreto que declara
la emergencia, es una afirmación de Afidro -gremio que
representa la mayoría de multinacionales farmacéuticas-,
según la cual, los responsables de los altos costos de
medicamentos son los demás actores de la cadena (EPS
e IPS). |
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Este
punto de vista es parcialmente cierto, porque indiscutiblemente
la intermediación es uno de los problemas más
evidentes del modelo de salud, y se presenta con los medicamentos
en estos niveles de la cadena. Sin embargo, las motivaciones
de la emergencia no dicen nada acerca de los precios de fábrica
de los medicamentos, que en el caso de los que producen los
laboratorios autodenominados “de investigación”
o “innovadores”, están generalmente muchas
veces por encima de sus costos de producción, en gran
parte debido a que el sistema de protección de propiedad
intelectual fue diseñado para permitirlo, bajo el entendido
de que es adecuado que las inversiones en investigación
y desarrollo y los incentivos para que éstas continúen,
deben provenir de los bolsillos de los pacientes y de los sistemas
de salud, vía precio.
Tampoco alude al hecho de que de esos recursos no sólo
se invierten en investigación y desarrollo, sino que
también se gastan -y en grandes cantidades-, en proteger
los intereses de estas empresas, impulsando sus productos en
todas las formas posibles, incluyendo incentivos escandalosos
a los médicos, apoyando campañas políticas,
convenciendo a autoridades sanitarias, gobiernos y legisladores
aquí y en todo el mundo, de que permitan la comercialización
y uso de sus productos -aún si éstos no solucionan
problemas de salud reales-, y de que este es el único
sistema posible. Aún así, las multinacionales
farmacéuticas argumentan que es necesario ampliar la
protección que se les brinda, ya que no es suficiente
con lo que ganan en economías industrializadas y, según
ellas, llegó el momento de que sistemas de salud y franjas
ricas de población de países emergentes hagan
su contribución al progreso de la ciencia y la salud
en el mundo, so pena de considerarlos piratas y bandidos, merecedores
de grandes castigos.
Hay que reconocer que los laboratorios farmacéuticos
hace aportes muy importantes a la salud humana, pero esto no
puede usarse para evadir la discusión de fondo sobre
problemas estructurales de esta forma de generar nuevos productos,
que considera la salud de las personas como mercado, en el que
sólo interviene para solucionar las “fallas”
a favor de la industria, con el pretexto de que esto contribuye
a proteger el interés público. Nuestro gobierno,
durante muchos años antes de esta declaratoria de emergencia
social, en vez de buscar verdaderas alternativas a un modelo
en crisis a nivel mundial, y defenderlas en el país y
en espacios multilaterales y bilaterales de carácter
internacional, como la Organización Mundial del Comercio,
la Organización Mundial de la Salud, la Organización
Mundial de Propiedad Intelectual y negociaciones de tratados
comerciales, se dedicó desde altas esferas gubernamentales
a hacer apología del discurso corporativo.
En lo que podría considerarse “abuso de confianza
inversionista”, y con la esperanza de obtener colaboración
de la industria farmacéutica en la puesta en marcha de
los tratados de libre comercio y de mecanismos de cooperación
comercial en general, el gobierno aceptó introducir en
dichos tratados, disposiciones muy favorables a los intereses
de estas industrias, e introducir cambios en la legislación
interna, por ejemplo en el sistema de control de precios de
medicamentos, que se ajustan claramente a la visión de
responsabilidad social que tienen las multinacionales, mientras
se mantiene la esperanza vana de que también se cuenta
con mecanismos necesarios para controlar los excesos.
Un ejemplo de esta situación es lo ocurrido con la solicitud
de licencia obligatoria para el medicamento Kaletra®, usado
en pacientes viviendo con VIH. No siempre se patentaron los
medicamentos en Colombia, y la legislación vigente en
la materia fue adoptada por la comunidad andina en el año
2000, cuando se adecuó al nuevo régimen mundial
impuesto por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC,
en 1994. Entre las disposiciones que más discusión
tuvieron, y que luego se intentó eliminar por Estados
Unidos en la negociación del Tratado de Libre Comercio
iniciado en 2004, está la posibilidad de otorgar las
denominadas licencias obligatorias para proteger el interés
público. Muchas concesiones se hicieron en la negociación
de este tratado, al punto de que los propios estadounidenses
obligaron a nuestro gobierno a firmar un protocolo modificatorio
en el que se establecían medidas menos onerosas para
nosotros, pero el de las licencias obligatorias fue un tema
presentado por nuestro gobierno como un gran logro de la negociación.
En mayo de 2008, varias organizaciones solicitaron con argumentos
idénticos a los que el gobierno esgrimió para
declarar la emergencia social, que este producto se declarara
“de interés público”, primer paso para
acudir a la limitación de los derechos de exclusividad
que otorga la patente, y permitir que un tercero pueda comercializar
el medicamento bajo la condición de pagar una regalía
al titular de la patente. Si así se hubiera hecho, el
medicamento podría obtenerse a precios cercanos a $800.000/paciente/año.
En lugar de esto, después de muchas dilaciones, el gobierno
expidió, el 28 de abril de 2009, una tibia medida de
control de precios al fijar un “precio de referencia”
de US$1.067 dólares (casi $2 millones de pesos), burlada
por ese laboratorio, que siguió vendiendo el medicamento
por encima de este precio, por tratarse en su concepto de una
mera referencia. Sólo hasta enero de 2010, se anunció
a los cuatro vientos que los precios bajarían al nivel
establecido por el gobierno, gracias las medidas tomadas en
virtud de la emergencia. Este es sólo un ejemplo que
muestra que las condiciones están dadas para que los
precios de los medicamentos sigan estando muy por encima de
sus costos de producción desde su llegada al mercado,
que los mecanismos de los que se dispone para hacer frente a
la situación están llenos de trabas y que no existe
compromiso verdadero para utilizarlos con posibilidades reales
y ágiles para siquiera superar casos críticos.
La pregunta es: ¿por qué el enfoque de las medidas
se centra en conseguir más recursos del Estado y del
bolsillo de los consumidores (que en definitiva es uno solo),
en interferir con la autonomía de los prescriptores y
en imponer medidas punitivas, cuando los verdaderos problemas
de fondo y sus beneficiarios siguen a la sombra?
Posiblemente las EPS y con mayor seguridad la industria farmacéutica
permanecerán en el escenario de la salud, pero lo cierto
es que la forma como hoy lo hacen no es sostenible en el mediano
y largo plazo en una sociedad decente, y los profesionales de
la salud debemos revaluar nuestras relaciones con estas corporaciones,
para que nuestra defensa de la autonomía no sea la defensa
de la posibilidad de prescribir lo que ellos nos indiquen.
Qué bueno sería que el señor Presidente,
doctor Álvaro Uribe, u otro que ocupase ese cargo, actuara
con toda la vehemencia y energía para enfrentar a las
grandes corporaciones con medidas concretas, que le den carne
y hueso a sus reiterados llamados a la responsabilidad social,
con todos y a favor de todos.
lrestrepo@une.net.co |
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