MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 11    No. 138  MARZO DEL AÑO 2010    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


La verdadera agenda del sector salud: “la Caprecomización”
Redacción El Pulso - elpulso@elhospital.org
Críticos del gobierno argumentan que en materia de salud no ha habido agenda en estos casi 8 años de gobierno, que todo ha sido bandazos, reversasos y ambigüedad. Nada más injusto: desde 2003 hasta hoy -y faltan 5 meses- los argumentos que fueron inmodificables para liquidar el Seguro Social y luego sus clínicas, se aplican en contrario para fortalecer en términos de afiliados, recursos y contratos -que no en eficiencia y garantía de sus deberes con los afiliados y mucho menos con el pago de servicios a clínicas y hospitales-. Es un quinquenio CAPRECOMIZANTE de crecimiento por favorecimiento abierto e inequitativo del gobierno, y muy especialmente del ministerio del ramo.
Entre 2000 y 2002, existían 2 Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) críticas: Comcaja y Caprecom. Con la asesoría del desaparecido Ministerio de Salud de entonces, se logró retirar a Comcaja con 700.000 afiliados, aprovechando los elementos indiscutibles para operar la caducidad de un contrato. Caprecom venía en franca disminución de afiliados, salió de muchos municipios por gestión admirable de Directores Seccionales de Salud, alcaldes y gerentes de hospitales; casos significativos, el departamento de Risaralda y 43 municipios santandereanos, para dar solo 2 ejemplos, que aplicaron la normatividad vigente. En agosto de 2002, dicha ARS no superaba 800.00 afiliados en el régimen subsidiado.
Al inicio del primer gobierno, el presidente Uribe solicitó su liquidación en uno de sus primeros Consejos comunales, reconociendo su falta de pago a los hospitales y la deficiente atención a sus afiliados.

Era el momento de la esperanza, de la lucha decidida e inmodificable contra la corrupción y la politiquería, iniciaba con verdadera mística la “meritocracia” en la administración pública nacional.
Hoy, sin haber logrado un cambio en dichos defectos, tiene 3,6 millones de afiliados, un crecimiento del 450% y un presupuesto de $1,2 billones, e ingresó a más del 90% de los municipios del país -contra el querer de alcaldes y hospitales públicos-, por 2 normas nacionales: es la única EPS-S que puede operar en todo el país, a las demás les está prohibido. Y es de afiliación forzosa para población especial, como desmovilizados, desplazados y población carcelaria. También es el heredero obligado de donde sale cualquier EPS-S. Desde el año 2003, el gobierno le da lo mejor del mercado: Chocó y San Andrés con prima diferencial. Y mediante acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS), el gobierno impidió o reversó traslados en el régimen subsidiado durante al menos 4 años, para evitar la desbandada de Caprecom a otras EPS-S.
En departamentos donde se evalúan la frecuencia y volumen de tutelas en el régimen subsidiado, Caprecom ocupa los primeros lugares; es un secreto a voces en la rama judicial y Personerías por su falta de diligencia, su falta de contratos con red especializada o el cumplimiento del pago con los que logra formalizar. Las hospitalizaciones de sus afiliados en los pequeños hospitales de provincia se hacen eternas, al no lograr una remisión oportuna a hospitales especializados. En suma, la insatisfacción de sus afiliados no se puede ponderar.

Caprecom será comercializador de
medicamentosy prestador de servicios PES (Prestaciones
Excepcionales en Salud), léase el operador del Fonprés
(Fondo de Prestaciones Excepcionales
en Salud), que según lo causado por dichas atenciones
en 2009, fueron más de $2 billones.
En la tristemente recordada gestión del Superintendente de Salud, José Renán Trujillo, y los escándalos de la habilitación de las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), Caprecom quedó pendiente de requisitos financieros: sobre ellos la Superintendencia Nacional de Salud nunca más se pronunció.
Pero eso no es todo: a pesar de los limitantes legales para que una EPS incursione en negocios diferentes al aseguramiento en salud definidos en la Ley 100/93 y la Ley 1122/07, a Caprecom no lo restringen. Como si fuera un dechado de virtudes, el gobierno le entrega de un plumazo a Caprecom las funciones más diversas:
1. Prestador directo de servicios u operador de todos los niveles de atención
A las ESE escindidas del Seguro Social (ISS), como fue la Policarpa Salavarrieta (con influencia en Cundinamarca, Tolima, Meta y Caquetá), que tenía proyección de salir adelante, la ahogaron por iliquidez; en cambio, a Caprecom sin tener ninguna experiencia como prestador de servicios, le entregaron entre la medianoche y una madrugada, las clínicas que fueron del ISS.
Asimismo, le entregan hospitales en provincia intervenidos por la Supersalud; pareciera que la limitación de la integración vertical para Caprecom no opera. Para mayor sorpresa, en los actos administrativos de dichas entregas se le faculta para subcontratar los procesos: es un “intermediador intermediante”.
Ahora Caprecom acaba de recibir del Distrito de Barranquilla la operación de la ESE Distrital que entró en liquidación; de paso, el gobierno inicia el piloto de la unificación del Plan Obligatorio de Salud -POS- para los barranquilleros afiliados al régimen subsidiado, en cumplimiento de la Sentencia T-760 de la Corte Constitucional. Por este proyecto, en Barranquilla la Unidad de Pago por Capitación Subsidiada (UPC-S), es de $402.000,oo para cada afiliado, que recibirá el mismo POS del régimen contributivo, mientras en el resto del país se les reconocerá $100.000 menos. ¿Quién haría los estudios que validan la mayor enfermedad de los barranquilleros?
2. Comercializador o intermediario de servicios y medicamentos No-POS o PES en el régimen contributivo
Va pasando el tiempo y Caprecom se vuelve intermediario de todo lo que se le ocurra al gobierno; mediante convenio inter-administrativo del Ministerio de la Protección Social con Caprecom de septiembre pasado por $300.000 millones para manejar lo No-POS, y ahora mediante resolución ministerial 548 de febrero 12 -dentro del marco de la emergencia social-, Caprecom será comercializador de medicamentos y prestador de servicios PES (Prestaciones Excepcionales en Salud), léase el operador del Fonprés (Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud), que según lo causado por dichas atenciones en 2009, fueron más de $2 billones.
El artículo 22 de dicha resolución obliga a la EPS del caso, a remitir la solicitud de prestaciones o servicios médicos excepcionales en salud a Caprecom, para que esta EPS-S le asigne el prestador de la red en el marco del convenio inter-administrativo suscrito entre Caprecom y el Ministerio de la Protección Social, con algo bien llamativo: “Cuando Caprecom no brinde respuesta pronta a la solicitud y medien términos judiciales o de urgencia en la prestación, la respectiva entidad que corresponda deberá solicitar directamente al prestador de la red señalado en el marco del convenio inter-administrativo suscrito entre Caprecom y el Ministerio de la Protección Social, la atención de las prestaciones excepcionales en salud. La entidad prestadora requerida deberá dar trámite prioritario a la solicitud presentada en dichas circunstancias”.
Queda revelada la verdadera agenda
del sector salud y de la emergencia social:
Los recursosde los entes territoriales se centralizan,
luego se fragmentan en dos subcuentas con burocracia
y fiducia. Y al patrimonio autónomo van $7 billones,
con el que se tratará de sortear el déficit fiscal.
Hay una sinceridad tácita en la norma: el servicio, medicamento o insumo es para Caprecom, pero si éste no es diligente, el pecado será de la EPS respectiva. Es como el dicho aquel: “Consiga plata mijo pero honradamente, pero si no puede honradamente… yo -Gobierno- hago que el deshonesto sea otro”.
¿Que el actual gobierno es privatizador de los servicios sociales? ¡Mentiras! Le encanta el Estado. ¿Beneficios para las EPS privadas? En este caso es discutible. Si el usuario se muere, la EPS no fue diligente, porque ella debía ser previsiva ante la “gran posibilidad” de la no diligencia de Caprecom o de su subcontratista.
La verdadera intención de la emergencia social
Queda pues revelada la verdadera agenda del sector salud y de la emergencia social: Los recursos de los entes territoriales se centralizan, luego se fragmentan en dos subcuentas con burocracia y fiducia. Y al patrimonio autónomo van $7 billones, con el que se tratará de sortear el déficit fiscal.
Al Fondo de Prestaciones Excepcionales -Fonprés- irán $1,2 billones, y se irá manejando con Caprecom, a la que luego le transferirán recursos de las subcuentas de Compensación y Solidaridad del Fosyga, porque los servicios No-POS o las Prestaciones Excepcionales en Salud (PES) -todos sabemos-, no costarán menos de $2 billones.
¿Primero Caprecomizaron el POS-S, luego la prestación de servicios, ahora lo PES y mañana…? ¡Será tarde! Para evitar otro regaño público, de lo decidido en privado, el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, solicitó el pasado 16 de febrero a las entidades de control y a la oficina anticorrupción, que vigilen el convenio inter-administrativo entre el Ministerio de la Protección Social y Caprecom, y el actuar de esta última en la gestión de su nuevo papel. Habrá que ver qué pasa.
 
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