MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 10    No. 121  OCTUBRE DEL AÑO 2008    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


“República Banana”
Conrado Gómez Vélez Especialista en salud pública y en evaluación social de proyectos.
Magíster en ciencias políticas - elpulso@elhospital.org.co
Gran revuelo generó la reciente sentencia de unificación T-760 de 2008 de la Corte Constitucional. Este dictamen declaró la salud un derecho fundamental y le fijó al gobierno un plan de acción obligatorio, con cronograma incluido, mandándole la igualación de los planes de beneficios subsidiado y contributivo, la actualización perentoria del Plan Obligatorio de Salud, la reglamentación y capacitación de los Comités Técnico Científicos, y el pago inmediato de las cuentas que todo esto genere con cargo al Fosyga.
A pesar de lo extensa y amplia de la sentencia T-760, en ninguna de sus páginas proporciona recursos nuevos, por lo que es muy difícil estimar su desenlace futuro. No obstante, son muchas las personas, expertos, aseguradoras y gremios felices con la medida. Para las EPS del régimen subsidiado es una decisión interesante, porque el efecto directo de la igualación de los planes es que les agrandaron el negocio, una vez que ahora el gobierno tiene que salir a ver de dónde paga la diferencia entre el POS subsidiado y contributivo. Para las empresas del régimen contributivo puede ser tan simple como decir que el Fosyga paga la factura de los Comités Técnico Científicos, y por lo tanto el asunto no es tanto de encontrar la plata, sino de cómo lograr que el gobierno pague rapidito. Algunos académicos y los pacientes también están muy contentos, porque ahora se va a financiar, sin restricciones, todo tipo de peticiones. Pero de eso tan bueno no dan tanto; si no se hace una distribución adecuada de recursos, lo que pasará es que justamente los más pobres van a ser los perjudicados.
Cuestionamientos
A pesar del frenesí y la celebración, la sentencia muestra varias cosas esencialmente negativas. Primero, en varios sentidos no hace nada distinto que volver a la Ley 100 original; recuérdese por ejemplo, que la Ley 100 comprometió la cobertura universal para el año 2000, medida derogada por una ley posterior; es decir, ya van 8 años de tardanza.
De otro lado, el país no fue capaz de desarrollar una agenda de investigación y de gerencia en servicios de salud, en la dimensión y el nivel de excelencia que requiere. Para comenzar, los pronósticos no se dieron: Las famosas “tendencias, supuestos y cálculos técnicos” más esenciales presentados en su momento sobre el crecimiento del sistema fracasaron, por lo cual éste ha crecido principalmente al tanteo y por ajustes sucesivos.
Además, pese a tantas advertencias y sabiendo que los sistemas de aseguramiento requieren nivel elevado de investigación y una masa crítica de centros de investigación, Colombia aún carece de ese recurso. A pesar que cada año el Ministerio contrata consultarías para actualizar el POS y la UPC, es muy difícil regular a fondo estos temas careciendo de un sistema estructurado de evaluación de tecnología, medicamentos y servicios, con criterio económico y técnico. Por mucho, la dinámica constante de intereses, apetitos e innovación del sector y de las necesidades cambiantes de la población, está avasallando al país.
En segundo lugar viene un tema que se murmura, que pocos se atreven a decir en voz alta, pero que es circular, viene, se va y vuelve, porque goza de un consenso muy grande: la necesidad de un ministerio especializado en salud. Para muchos, lo que en síntesis demuestra la sentencia T-760, es la necesidad de un Ministerio de Salud.
Finalmente quisiera exponer una tercera circunstancia que saca a flote la sentencia, entre muchas que son importantes: el país sigue teniendo una idea mágica sobre la financiación del sistema de salud, en el sentido que ésta es infinita. Muy grave, porque con ese “capital” que no existe, se está ahondando un enfoque curativo y asistencialista que nos va a servir pero que nos va a consumir. Una imagen que se parece mucho a esta fantasía es la creencia de los 80's, en el sentido que la pobreza no se debía a falta de productividad sino a la falta de billetes, y que por lo tanto su solución no estaba en resolver los problemas de la educación, los alimentos ó el emprendimiento, sino en sacar la maquina para imprimir más billetes. Ahora parece que declarando la salud un derecho fundamental el asunto está resuelto, pero eso no es así. Son muchos los esfuerzos necesarios para hacer de los derechos realidades, más que declaraciones.
Es preocupante que se desconozca el verdadero costo de los servicios, pero sobre todo que no se advierta qué tan profundo nos estamos introduciendo en un modelo completamente curativo, que privilegia el derecho individual por encima del colectivo. No parece muy acertado el desarrollo tan absolutamente individualista del derecho a la salud que estamos haciendo en Colombia.
Es un hecho cada vez más evidente, que el proceso de reforma en Colombia privilegió la exigencia de derechos individuales en materia de servicios, llevando al enfoque curativo. Esto se logra constituyendo un sistema no tanto descentralizado como si delegado ó concesionado a particulares, generando una condición ideal para la exigencia de derechos individuales en términos de bienes y servicios de salud. No obstante, esta orientación retarda la exigencia de derechos colectivos y golpea dramáticamente las posibilidades de una acción intersectorial. Es decir, se protegen los derechos individuales a servicios asistenciales, de manera que muchos pueden reclamar tratamientos, medicamentos y servicios, pero no se amparan ni se organiza la sociedad para enfrentar el proceso de salud-enfermedad, promover la salud ó reforzar acciones colectivas. Esta es una fragmentación distinta de la que exponen los articulistas sobre fragmentación de servicios de salud, que vale la pena estudiar y perfilar, que es la individualización de los derechos, de modo que queda solo el individuo ante empresas muy grandes, ante el gobierno, ante prestadores, teniendo como única garantía de ayuda las acciones judiciales.
Lo más paradójico es creer que será sostenible un sistema de salud basado en servicios curativos para quien los necesite sin limitaciones. Es decir, lo que queda de todo esto es la inmensa preocupación de saber que tanto nos podemos parecer a una República Banana.
Una de las figuras mas tristes y demoledoras de lo que se han llamado “Las repúblicas banana”, es la de un líder casi siempre un general ó un político, repartiendo billetes entre al multitud. Ahora parece que todos los problemas de financiamiento y gestión de la salud se hubieran resuelto por virtud de una sentencia, pero eso no es así. Hoy por hoy, todos los países del mundo enfrentan grandes dilemas e inconformidades con sus sistemas de salud y Colombia no es una excepción.
Finalmente, y aunque no parezca, quienes en últimas tienen todo que perder en esto son los más pobres y vulnerables. Los que tienen amigos en los Comités, en IPS ó EPS para gestionar sus servicios y trámites, y además gozan de un mejor nivel educativo, no tienen por qué preocuparse, porque para ellos son los servicios. A los más pobres entretanto, a ellos si les va a quedar la olla vacía, pero eso sí, con derecho a la salud individual.
 
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