El gobierno y muchos actores del sector salud pusieron el grito en el cielo ante la Sentencia T-760 de la Corte Constitucional. El argumento más “sólido” contra la disposición de la Corte, habla del gigantesco costo que conlleva el cumplimiento de esa decisión: varios billones de pesos. Esta defensa del sistema de salud colombiano pone a pensar sobre varios aspectos: Primero: ¿es más significativo e importante cualquier costo económico que el valor inestimable e imponderable de la salud de los colombianos? Segundo: ¿por qué no hubo con oportunidad y desde tiempo atrás preocupación ante el desangre de las finanzas públicas ocasionado por un manejo irracional que terminó con la vida del Seguro Social? Los costos estimados que conlleva el cumplimiento del fallo de la Corte se difieren racionalmente entre distintos actores del Sistema, incluido el Estado, y no constituyen una carga nueva que imponga arbitrariamente la Corte Constitucional, sino una obligación con fundamento legal y constitucional. Parte considerable de ese costo se sufraga simplemente con la liberación de varios billones de pesos retenidos por el Fosyga y su destinación normal al pago de los recobros y a las actividades de financiación de la cobertura en salud, a prevención y promoción, estipuladas en la ley. Y por todo lo dicho, el sistema de salud no puede perder su horizonte de servicio público esencial, por más que lo hayan convertido en un negocio donde sólo importa la rentabilidad.
La Sentencia puso al desnudo las falencias, debilidades e injusticias del sistema actual. Además de los problemas fundamentales que ataca frontalmente la disposición, como la inequidad y el incumplimiento de los principios de solidaridad y oportunidad, esas fallas se refieren a la falta de gestión, de transparencia, de sistemas de información, de ineficacia estatal en el desempeño de su misión en el campo de la salud, y de vigilancia y control en los organismos públicos competentes. Asimismo, pretende ser el remedio contra la judicialización creciente para reclamar la prestación de los servicios de salud.
Más ante la sentencia, la expresión de Señor Ministro Diego Palacio: “Muy bueno igualar los POS, pero no hay con qué”, demuestra que uno de los problemas inveterados del sistema de salud en Colombia es el de vivir llorando por plata. Los dirigentes de la economía y de la política nacional acostumbran quejarse mucho por el costo de esto o aquello, en vez de ponderar el valor social de lo que está en juego. Vale recordar las palabras del Primer Mandatario de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, al posesionarse para su segundo período presidencial, cuando afirmaba que era el momento de la agenda social, y que lo más social de lo social era la salud. Esa es entonces la luz que debe guiar ahora las acciones del gobierno: hacer los ajustes a que obligó la Corte, cumplir la Constitución y la Ley 100 en su sentido original, teniendo en cuenta eso sí, lo que dice la misma sentencia: Plan Obligatorio de Salud único para todos los colombianos, limitado y justificado a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
La Sentencia T-760/2008 es entonces, como lo señalan distintos estamentos de la salud, la disposición más trascendental que surge en este campo, el mayor precedente jurídico en defensa de la igualdad referida al derecho fundamental a la salud. Siendo así, la norma es ni más ni menos, otro triunfo de la democracia misma, de esa democracia que vale como realidad política y social, no como simple palabra retórica. La sentencia vuelve enhorabuena por el rescate del espíritu primigenio de la Constitución del 91, ante los esguinces que se le vienen haciendo por vía de intentos legislativos de ocasión. El pueblo colombiano, único beneficiario de esta histórica decisión, debe valorarla y defenderla, como lo que es: un nuevo triunfo del Estado Social de Derecho y un tamiz contra los desafueros políticos y económicos sobredimensionados.