El Congreso volvió a hundir la reforma a la salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro, en una votación que no solo representó una de las derrotas legislativas más contundentes del Ejecutivo en este periodo, sino que puso en evidencia la tensión estructural entre la transformación del sistema sanitario y los límites impuestos por la sostenibilidad fiscal. Con ocho votos a favor del archivo y cinco en contra, la Comisión Séptima del Senado cerró nuevamente la puerta a un proyecto que buscaba reconfigurar de manera profunda el modelo de salud colombiano vigente desde la Ley 100 de 1993.

La decisión se adoptó en un contexto especialmente sensible: una crisis financiera persistente del sistema de salud, reflejada en problemas de liquidez, cierre de servicios, retrasos en los pagos a los prestadores y barreras de acceso que afectan a millones de pacientes. A este escenario se sumó un elemento que ganó peso político y técnico en las semanas previas a la votación: el análisis del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que puso cifras concretas a una advertencia de largo plazo sobre la sostenibilidad del sistema.

El debate fiscal se intensificó a finales de 2025 con la publicación del documento “Análisis de las presiones fiscales del sector salud de Colombia (sin reforma) y del proyecto de reforma 410 de 2025”, elaborado por el CARF y divulgado el 1 de diciembre. El informe examina la situación financiera actual del sistema y proyecta su comportamiento hasta 2036, en contraste con el aval fiscal presentado por el Ministerio de Hacienda.

Según el CARF, “el sistema de salud en Colombia tiene un déficit estructural que crecerá de 1,9 % del PIB en 2024 a 3,7 % del PIB en 2036; el cierre lo hace el Aporte de la Nación”. Esta afirmación sintetiza el mensaje central del análisis: aun sin una reforma estructural, la sostenibilidad financiera del sistema depende cada vez más de las transferencias del Gobierno nacional.

El documento recuerda que el modelo vigente, basado en el aseguramiento social con competencia regulada, se financia a partir de cuatro grandes fuentes: cotizaciones, recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), fuentes complementarias y el Aporte de la Nación. Entre 2018 y 2024, las cotizaciones representaron en promedio el 38 % de los ingresos, mientras que el aporte directo del Estado ya alcanzaba el 31,7 %.

Por el lado del gasto, la concentración es elevada. “La Unidad de Pago de Capitación (UPC) para los regímenes subsidiado y contributivo ha representado el 85,5 % del total de los usos entre 2018 y 2024”, señala el informe, a lo que se suman los presupuestos máximos y otros gastos operativos. Las proyecciones para el periodo 2026–2036 muestran una brecha creciente entre ingresos y gastos: mientras las fuentes —sin contar el Aporte de la Nación— crecerían en términos reales a una tasa promedio de 3,3 %, los usos lo harían al 5 %.

La principal explicación está en el aumento del costo de los servicios y en el cambio demográfico. El CARF advierte que “el factor demográfico crece 1,4 % en promedio entre 2026 y 2036, explicado fundamentalmente por el envejecimiento de la población”, lo que presiona al alza el gasto en salud. Como consecuencia, el Aporte de la Nación se consolida como el principal amortiguador financiero: pasaría de COP 45.5 billones (2,4 % del PIB) en 2026 a COP 92.4 billones (3,7 % del PIB) en 2036, un incremento de 1,3 puntos porcentuales del PIB en una década.

Este telón de fondo fiscal acompañó la discusión política en el Congreso. Minutos antes de una votación que ya se anticipaba adversa para el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó con dureza y trasladó el debate al terreno político: “Esperaron hasta el último día para hundir la reforma a la salud y así no poder revivirla en plenaria como hicimos con la laboral. Han jugado con la salud de los colombianos de una forma cochina y barata”, escribió en su cuenta de X.

Los votos que sellaron el archivo provinieron de senadores de distintas colectividades declaradas en oposición o independencia frente al Ejecutivo: Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Norma Hurtado (Partido de la U), Ana Paola Agudelo (Mira), Nadia Blel (Partido Conservador), Lorena Ríos (Colombia Justa y Libres) y Berenice Bedoya (Alianza Social Independiente). En contraste, respaldaron la iniciativa los senadores Wilson Arias, Martha Peralta y Ferney Silva (Pacto Histórico), junto a Fabián Díaz (Alianza Verde) y Ómar de Jesús Restrepo (Comunes).

El hundimiento de la reforma se produjo apenas una semana después de que las comisiones económicas del Congreso archivaran la reforma tributaria. La iniciativa de salud era, además, uno de los pilares del programa del presidente Petro: buscaba eliminar la intermediación financiera de las EPS, centralizar el flujo de recursos en la ADRES y fortalecer la Atención Primaria en Salud, bajo la premisa de que la salud debe ser un derecho fundamental garantizado por el Estado, y no un negocio.

Tras la votación, los senadores Fabián Díaz y Wilson Arias anunciaron que apelarán la decisión para intentar que el proyecto sea discutido en la plenaria del Senado el próximo año, replicando la estrategia utilizada con la reforma laboral. Sin embargo, el margen político es reducido. El calendario legislativo, la cercanía del ciclo electoral y la falta de mayorías claras hacen poco probable que una reforma que ha enfrentado resistencias desde su origen logre avanzar en el último tramo del cuatrienio.

Desde el Gobierno, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuestionó con firmeza el archivo del proyecto y sostuvo que la decisión preserva los problemas estructurales del sistema:“- Con el archivo de la reforma se blindó el negocio de la salud y se cerraron las puertas a transformaciones urgentes: una atención primaria fuerte, servicios organizados desde los territorios, uso transparente de los recursos públicos y el control de los incentivos perversos de la integración vertical”.

Y añadió: “Archivar la reforma no elimina la crisis. La profundiza. Mantiene un sistema que no responde a los pacientes, que precariza a los trabajadores de la salud y que castiga especialmente a los territorios más apartados del país”.

Para el ministro, la votación evidenció que “hoy quedó claro quiénes decidieron defender intereses particulares por encima del derecho fundamental a la salud”.

En contraste, los congresistas que impulsaron el archivo celebraron el resultado. El senador Honorio Henríquez afirmó que con esta decisión “se sigue salvando la salud y vida de los colombianos” y la calificó como “un acto de responsabilidad con la nación colombiana”. Por su parte, la senadora Norma Hurtado justificó su voto señalando que “el proyecto estaba desfinanciado en cerca de 26 billones de pesos, 7 puntos del PIB”, un desbalance que —advirtió— podría traducirse en “pérdida de vidas, ausencia de tratamientos y medicamentos”.

Aunque el Gobierno respondió que el análisis del CARF partía de “supuestos incompletos” y no incorporaba plenamente los efectos de la prevención, la Atención Primaria en Salud y la reorganización institucional propuesta, el debate sobre la regla fiscal terminó convirtiéndose en un factor decisivo para el destino de la reforma.

Así, el hundimiento del proyecto no solo constituye una derrota política para el Ejecutivo, sino que deja al descubierto un dilema que trasciende coyunturas y mayorías: cómo garantizar el derecho a la salud en un sistema que ya muestra señales claras de insostenibilidad financiera, con o sin reforma, en un escenario de crecientes restricciones fiscales y alta dependencia del Aporte de la Nación. El debate, aunque aplazado en el Congreso, sigue abierto en el plano técnico, fiscal y social.