MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 327 DICIEMBRE DEL AÑO 2025 ISNN 0124-4388
El 25 de octubre de 2025, el DANE publicó el informe de Cuentas Satélite de Salud, un documento que permite entender cómo se financia y en qué se gasta el dinero del sistema de salud en Colombia. El informe presenta información sobre el gasto en atención médica, prevención, administración y seguros, y compara los resultados de 2023 (cifras provisionales-p-) con los de 2024 (cifras preliminares-pr-).
Es importante aclarar que las Cuentas Satélite de Salud no evalúan la calidad de los servicios ni la eficiencia clínica del sistema. Su función es registrar y organizar los flujos económicos asociados al financiamiento y uso de los recursos en salud. Aun así, sus resultados son clave para el debate actual sobre la reforma a la salud, porque muestran con mayor claridad de dónde provienen los recursos, quién los administra y en qué se están utilizando.
En 2024, los ingresos del régimen contributivo administrados por la ADRES alcanzaron los $51.5 billones, un aumento importante frente a 2023. Sin embargo, una proporción cada vez mayor de estos recursos provino de transferencias del Gobierno nacional, lo que indica que el sistema depende más del apoyo fiscal y menos de las cotizaciones regulares de empleadores y trabajadores.
Ese mismo año, el gasto total del régimen —que incluye tanto la atención en salud como los costos administrativos— llegó a $53.2 billones. En términos simples, el régimen gastó más de lo que recibió, lo que se tradujo en un déficit operativo.
Del gasto directamente destinado a salud, la gran mayoría se concentró en atender enfermedades ya presentes: el 98,1 % se destinó a atención curativa, mientras que solo el 1,9 % se invirtió en prevención. Esta baja inversión preventiva implica que el sistema actúa principalmente cuando la enfermedad ya apareció, lo que a largo plazo resulta más costoso y menos sostenible.
De acuerdo con estimaciones de la Contraloría General de la República, la siniestralidad del régimen contributivo superó el 100 %, lo que significa que los costos superaron los ingresos disponibles. Dicho de manera sencilla, el sistema paga más de lo que recauda, una situación que ejerce presión constante cuesta su estabilidad financiera.
El régimen subsidiado, que cubre a la población más vulnerable, recibió en 2024 cerca de $42.9 billones, recursos que provinieron casi en su totalidad de transferencias canalizadas a través de la ADRES.
El gasto en atención en salud fue de $44.3 billones, mientras que los costos administrativos sumaron $1.4 billones. En conjunto, el gasto total del régimen llegó a $45.7 billones, superando los ingresos disponibles.
Del gasto destinado directamente a servicios de salud, cerca del 95 % se utilizó en atención curativa y solo un 5 % en actividades de prevención. Al sumar los costos administrativos, el resultado fue un déficit operativo cercano a los $2.9 billones, lo que evidencia un deterioro gradual de la sostenibilidad financiera de este régimen.
Las cifras de siniestralidad confirman este panorama: pese al esfuerzo fiscal que sostiene el régimen subsidiado, los recursos disponibles no alcanzan para cubrir completamente los servicios que se prestan.
En 2024, los ingresos del aseguramiento privado en salud —que incluye los planes voluntarios y el SOAT— fueron de $25.1 billones. La mayor parte de estos recursos provino de pólizas voluntarias pagadas directamente por los usuarios.
Uno de los datos que más llama la atención es el nivel del gasto administrativo, que alcanzó los $8.2 billones, es decir, alrededor de un tercio de los ingresos del aseguramiento privado. A primera vista, esta proporción puede parecer muy alta; sin embargo, es clave hacer una precisión para interpretar correctamente esta cifra.
Según la metodología del DANE en las Cuentas Satélite de Salud, el gasto administrativo no se limita a trámites internos. Este rubro incluye los costos de operación y funcionamiento de las aseguradoras, la intermediación, la gestión comercial, la administración del riesgo, los gastos administrativos y otros costos asociados a la actividad aseguradora, que no se registran como atención directa en salud. Por esta razón, estas cifras no significan que todo ese dinero se destine a servicios médicos, ni que se trate necesariamente de recursos “perdidos”, sino que reflejan la estructura operativa del aseguramiento privado.
El gasto en atención médica del sistema privado fue cercano a $14 billones y se concentró casi por completo en atención curativa, con una inversión mínima en prevención. Esto muestra un modelo enfocado en responder al evento de enfermedad, más que en reducir su aparición o impacto a largo plazo.
De acuerdo con las Cuentas Satélite de Salud, el gasto total en salud en Colombia alcanzó los $121.2 billones. De este monto, más del 80 % correspondió a recursos públicos, principalmente de los regímenes contributivo y subsidiado.
El aseguramiento privado representó cerca del 18 % del gasto total, sin incluir el gasto de bolsillo de los hogares, que —según estimaciones del DANE— continúa creciendo y constituye una carga adicional para las familias.
En conjunto, las cifras, aún preliminares para 2024, describen un sistema de salud cada vez más dependiente del financiamiento público, con un fuerte énfasis en la atención de la enfermedad y una inversión todavía muy limitada en prevención, tanto en el sector público como en el privado.
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