Las ciudades capitales del país encendieron una alerta conjunta por el deterioro acelerado del sistema de salud en los territorios urbanos, advirtiendo que la falta de liquidez, el crecimiento descontrolado de la cartera y las fallas en la operación de las EPS intervenidas están llevando a las redes locales de atención a un escenario de colapso operativo. Desde la mirada de las administraciones distritales y municipales, la crisis dejó de ser un problema sectorial para convertirse en un riesgo directo para la garantía del derecho a la salud de millones de ciudadanos, especialmente en las capitales que concentran la mayor carga asistencial del país.

Redes de atención urbana al límite

Durante una reunión extraordinaria realizada por Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), 25 ciudades evaluaron el estado de sus redes públicas y privadas, concluyendo que la capacidad instalada de los hospitales urbanos está siendo superada, no por falta de demanda —que es estructural—, sino por restricciones financieras que impiden operar con seguridad.

El deterioro ya se expresa en hechos concretos: dificultades para remitir pacientes, interrupciones en tratamientos y una presión creciente sobre los servicios de urgencias. Aunque algunas ESE han mejorado indicadores puntuales, el déficit agregado de $2.1 billones en 2024 confirma, desde la óptica territorial, una fragilidad que las ciudades no pueden seguir absorbiendo.

Actualmente, 315 hospitales públicos permanecen en alerta, una situación que las capitales califican como insostenible sin medidas inmediatas del nivel nacional.

Lo que las ciudades observan en las IPS

Desde la visión de los gobiernos locales, las alertas emitidas por los prestadores confirman lo que ya ocurre en los territorios. En comunicación reciente al Ministerio de Salud, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) advirtió que las instituciones enfrentan límites operativos que comprometen la seguridad del paciente.

Juan Carlos Giraldo, director del gremio, señaló: “No se puede atender a sabiendas de que por la falta de recursos no es posible remunerar el talento humano idóneo, reponer insumos o mantener instalaciones y equipos para ofrecer servicios seguros”.

Y añadió: “En uso del principio de precaución —primero no hacer daño— no es posible ofrecer intervenciones por las cuales no se pueda responder satisfactoriamente”.

Para las ciudades, estas advertencias reflejan que los cierres o suspensiones de servicios no son decisiones discrecionales, sino consecuencias inevitables de la desfinanciación y de los pagos irregulares, particularmente por parte de las EPS intervenidas.

Emergencia financiera de las ESE: una amenaza territorial

Las ciudades alertaron que la situación financiera de las ESE compromete la estabilidad de las redes urbanas:

• 32 % de la cartera con las ESE se encuentra vencida.
• La Nueva EPS concentra el 34 % de la deuda con hospitales públicos.
• La cartera total pasó de $14.9 billones en 2022 a $14.6 billones en 2024, con un aumento significativo de la cartera vigente.
• Las EPS intervenidas acumulan $6 billones en cartera.

Desde la óptica territorial, este escenario limita la capacidad de los entes locales para planificar la atención, sostener servicios estratégicos y responder a picos de demanda.

Capitales en alerta por la operación de la Nueva EPS

Las ciudades coincidieron en señalar que el deterioro de la Nueva EPS tiene un impacto directo sobre las redes urbanas:

• Su deuda pasó de $5.42 billones en 2022 a $21.37 billones en marzo de 2025.
• Se acumulan 22 millones de facturas sin auditar, equivalentes a $22.1 billones.
• Se reportan fallas contables, ruptura en la cadena de medicamentos y suspensión de servicios.

Bogotá, principal receptor de la presión asistencial. Desde la administración distrital, Bogotá advirtió que la ciudad se ha convertido en el principal amortiguador del sistema. Entre enero y septiembre de 2025, la Secretaría de Salud recibió 1.943 quejas asociadas a la Nueva EPS, mientras que la deuda con la red pública creció de $35.000 millones a más de $90.000 millones.

El secretario de Salud, Gerson Bermont, afirmó:

“Lo que está ocurriendo es una irresponsabilidad total…, estas EPS intervenidas pasaron de indicadores de 104 a niveles superiores a 130, golpeando directamente a los pacientes”.

La ciudad recibe el 16 % de las remisiones del país, lo que representa el 40 % de la carga en urgencias, una presión que, según el Distrito, ya supera la capacidad financiera y operativa local.

Voces de las ciudades: alertas desde los territorios

Otras capitales expusieron escenarios críticos:

• Valledupar: la secretaria Jaide Medina afirmó: “Hoy nuestro sistema está completamente colapsado…, la entrega de medicamentos está cerrada en su totalidad.” Y añadió: “No es justo que nuestras ciudades estén viviendo esta situación cuando se nos dijo que la solución era intervenir las EPS”.
• Cali: el secretario Germán Escobar propuso elevar la situación a las Altas Cortes, buscando una declaratoria de estado de cosas inconstitucional en salud.
• Vichada: la secretaria Blanca Mirian Rey advirtió: “Muchos pacientes fallecen antes de poder recibir atención”, debido a que el acceso sanitario es exclusivamente aéreo.

Derechos en riesgo y respuestas desde las ciudades

Asocapitales identificó riesgos inmediatos para los territorios:

• Suspensión de tratamientos prioritarios como cáncer, diálisis y salud mental.
• Sobrecarga estructural de los hospitales públicos.
• Incremento de tutelas y quejas ciudadanas.
• Interrupciones en el suministro de medicamentos esenciales.

Desde la mirada de las capitales, el mensaje final es claro: si no se adoptan medidas inmediatas para estabilizar el flujo de recursos, garantizar pagos oportunos y corregir la operación de las EPS intervenidas, las ciudades seguirán enfrentando un deterioro que ya está afectando la vida de los pacientes y la gobernabilidad del sistema de salud en los territorios.

Emergencia financiera de las ESE: deterioro económico

Fuente: Gráfica propia con datos de Así Vamos en Salud