El 2025 cerró con importantes tensiones financieras y operativas en el sistema de salud. La situación de la Nueva EPS se convirtió en uno de los hechos más representativos del año, mientras el Gobierno, los usuarios y los prestadores enfrentaron distintos retos asociados a la continuidad del aseguramiento y la prestación de servicios.

Luego de las irregularidades técnicas y financieras que encontró la Contraloría General de la Nación en las finanzas de la Nueva EPS —$10.5 billones de anticipos sin legalizar, $8.7 billones en facturas pendientes de procesar, reservas técnicas por $11.1 billones calculadas sin autorizaciones ni facturas que las respalden, asi como incapacidad tecnológica para procesar información—, se anunció que el Gobierno asumirá el control de la aseguradora.

El Estado, que tenía el 49 %, pasa al 51 %, mientras surgen los interrogantes sobre lo que implica asumir ese control, cómo se van a solucionar todas las problemáticas de vieja data, cómo se gestionará la atención de casi 10 millones de afiliados y si podrá garantizar la continuidad del aseguramiento y los pagos a la red.

“Este cambio es lógico en otro escenario si la EPS fuera controlada por las cajas y quisiera cambiar, pero en este caso, que ya el Gobierno la controlaba, no es muy claro en qué va a cambiar”, sostiene el Dr. Paul Rodríguez, economista de la salud.

Para Rodríguez, el Estado solo podrá garantizar los pagos a la red si les gira más recursos. “El problema fundamental es que la Nueva EPS debe mucho dinero, y los hospitales y centros médicos, para evitar que los arrastre, van a cerrar contratos. La única forma de arreglarlo es pagando la deuda, y para ello se requeriría un incremento de la UPC; si no, es realmente difícil pensar qué más pueden hacer”.

En otra orilla, el presidente de la Asociación Nacional de Salud Pública, el Dr. Juan Eduardo Guerrero, sostiene que no hay manera de que se pague la deuda que tiene actualmente la Nueva EPS y que tampoco puede seguir acumulando más.

En un contexto de crisis, se han encontrado problemas de fondo que vienen desangrando al sistema, como los recientes hallazgos de la sobrefacturación en la Nueva EPS y su relación con la cartera de más de 20 billones con clínicas y hospitales.

La necesidad de una reforma

Después de tres años de intentos fallidos y del declive que ha vivido el sistema de salud, la salida que propone Guerrero es hacer borrón y cuenta nueva, en un acuerdo donde se reorganicen los recursos y se genere otro modelo de atención “partiendo de conocer cuál es la deuda real que tiene la Nueva EPS y todas las EPS”, luego de auditar que los servicios sí fueron prestados.

El paso siguiente es definir un acuerdo de pago para sanear deudas históricas del sector salud, como en su momento lo hizo el gobierno Santos y el gobierno Duque con el Acuerdo de Punto Final, “en el que tienen que estar involucrados el gobierno, las EPS, las IPS —que también tendrán que reconocer condonaciones— y los colombianos, a través de impuestos”, afirma Guerrero.

Este consenso implicaría un revolcón mayor: reorganizarse para trabajar con los recursos corrientes, que para 2026 se calculan en $120 billones. Además, establecer costos sostenibles para servicios que actualmente consumen más del 40 % de los recursos, como los de alto costo y patologías crónicas, y aquellos que requieren especialización y mayor nivel de complejidad.

Pero, en el escenario en que no haya acuerdo, Guerrero afirma que “mientras en el país no se den las condiciones jurídicas para modificar el sistema de salud, la Nueva EPS seguiría arrastrando una deuda impagable”, con lo que eso implica en términos de colapso financiero, disminución de capacidad y detrimento de las condiciones para sus afiliados.

El panorama de la atención

El descontento de los usuarios de la Nueva EPS se puede evaluar en cifras: solo en Bogotá, de enero a septiembre de este año, se han presentado 1.943 quejas, el 22 % del total que recibe la Personería Distrital y que, en su diagnóstico, evalúa la situación no como “una simple falla de atención, sino como un colapso estructural”.

Según la Personería, el 49 % de estos reclamos se relaciona con la demora en la entrega de medicamentos. La situación es similar en Antioquia, donde en el pasado mes de octubre varios usuarios se encadenaron a la puerta principal de la sede de la Nueva EPS del municipio de Puerto Berrío para exigir soluciones. Es un problema que se extiende al territorio nacional, adonde llegaban los insumos de Disfarma tras la terminación de su contrato con la Nueva EPS.

Datos de Asocapitales revelan que más de 11 millones de pacientes se han visto afectados por la negación y la mala prestación de servicios en la Nueva EPS, y un colapso en varios servicios que se prestan a usuarios con tratamientos de enfermedades crónicas. Uno de los hechos más recientes fue el cierre de las cuatro sedes de la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe, en Valledupar, y así lo están viviendo también los pacientes en espera de intervenciones y con enfermedades de alto costo en todo el país.

Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermedades Mentales, el Dr. Miguel Sabogal, advierte que la salud mental en el país está siendo afectada por factores psicosociales que incluyen la violencia “y lo que se está viviendo en el sistema de salud es un tipo de violencia”, tanto para los usuarios como para el personal de la salud, que “sin condiciones laborales dignas no pueden llevar un adecuado servicio de salud a la población”.

Afirma que la intervención a la EPS no ha garantizado una mejoría: “Hay mucha preocupación de los usuarios con problemas de salud mental porque no encuentran oportunidad en sus citas; los servicios están en un deterioro evidente y la crisis de medicamentos, en particular, ha llevado a muchos pacientes a rehospitalizarse y, en algunas situaciones, a desenlaces fatales”.

La Personería Distrital de Medellín dio a conocer las cifras en rojo que hasta hace poco ha dejado la falta de atención oportuna por parte de la Nueva EPS en la ciudad, tras su intervención por parte del Gobierno nacional en abril de 2024.

En el análisis de la entidad distrital aparece que uno de los principales factores que agravan la situación es la alta deuda que la EPS mantiene con la red hospitalaria de la capital antioqueña.

Datos de la Personería Distrital de Medellín con corte al 30 de junio de 2025, la Nueva EPS acumulaba una deuda de $353.357 millones con la red pública de Medellín.

Según el reporte publicado en el mes de septiembre por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) “La EPS que tuvo un mayor incremento absoluto en su cartera total, entre diciembre de 2024 y junio de 2025, fue Nueva EPS (ambos regímenes) con cerca de 1,7 billones de pesos, lo que representa un incremento del 33,7 %”.

La Personería detalló que esta cartera impaga genera una fuerte presión financiera sobre los hospitales y compromete la sostenibilidad de los servicios de salud, pese a las obligaciones contractuales y legales de la EPS.

El problema no es solo financiero, pues la Personería reportó un incremento preocupante de tutelas y desacatos.

Entre 2022 y 2025 se han interpuesto 4.695 acciones de tutela y 2.741 incidentes de desacato contra la Nueva EPS, siendo 2025 el año más crítico, con 2.395 tutelas y 1.079 desacatos hasta septiembre.