El 2025 cerró con la confirmación de lo señalado en foros técnicos, gremiales y legislativos: la financiación del sistema de salud colombiano enfrentó tensiones que no se resolvieron con los giros adicionales autorizados por el Gobierno y las intervenciones a varias EPS. El balance del año evidencia los retos que deberá afrontar el país en 2026 para mantener operativa la red hospitalaria.

El sistema de salud colombiano finalizó 2025 con un déficit estructural que afecta a EPS, hospitales públicos, clínicas privadas, proveedores y talento humano. Según el más reciente análisis de Así Vamos en Salud, el patrimonio consolidado de las EPS alcanzó un déficit histórico de $11.3 billones, casi el triple del registrado en 2023 (-$3.8 billones). Esta situación refleja un deterioro financiero sin precedentes y confirma que la deuda histórica por servicios ya prestados no se ha reducido significativamente; en algunos territorios, incluso, ha aumentado.

Los hospitales y clínicas han operado bajo fuertes presiones de liquidez. Esto se traduce en atrasos en pagos a proveedores, dificultades para renovar insumos esenciales y aplazamiento de inversiones en equipos. Como consecuencia, se ve afectada la oportunidad de atención en servicios críticos como urgencias, hospitalización y consulta especializada.

El informe también evidencia que varias EPS presentan un nivel de endeudamiento extremo, que llega a superar hasta siete veces el total de sus activos, lo que indica una insolvencia estructural que compromete la estabilidad del aseguramiento. En palabras del centro de pensamiento: “EPS como Savia Salud, Mallamás, SOS, Dusakawi, AIC, Emssanar, Famisanar y Capresoca deben entre tres y siete veces el total de sus activos, una señal inequívoca de insolvencia estructural”.

Este escenario muestra que el déficit persistente y las deudas crecientes no son un problema aislado de los prestadores, sino que forman parte de un colapso financiero integral del sistema de aseguramiento que requiere medidas estructurales y urgentes para evitar la afectación de los pacientes y la operatividad de la red hospitalaria.

EPS intervenidas: avances parciales, problemas estructurales

El desempeño de las EPS bajo medida de vigilancia especial o intervención mostró mejoras puntuales en la gestión de cartera y procesos internos, aunque no se alcanzó una recuperación financiera sólida. Sin capitalización suficiente ni un rediseño del modelo de riesgo, las EPS intervenidas operaron con márgenes deficitarios.

En varios departamentos, los prestadores reportaron que la intervención no eliminó la morosidad y que los tiempos de pago continuaron prolongados. Según expertos consultados, el 2025 evidenció que las intervenciones administrativas por sí solas no resuelven los problemas estructurales del aseguramiento.

Las cifras de Así Vamos en Salud y de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) no son excluyentes: mientras el centro de pensamiento mide el déficit patrimonial estructural del aseguramiento, la ACHC evidencia cómo ese deterioro financiero se traduce en mayores deudas y morosidad con hospitales y clínicas.

A junio de 2025, la ACHC reportó: “Las 11 Empresas Promotoras de Salud — EPS— intervenidas para administrar y en vigilancia especial adeudan más de 12.8 billones de pesos, lo que representa el 79,8 % del total de la deuda que tienen las EPS que se encuentran en operación y una cartera en mora de 7.3 billones de pesos, es decir 85,6 % del total de la cartera en mora de las EPS activas. Frente a diciembre de 2024, estas 11 EPS incrementaron su cartera total en 27,6 %, es decir, más de 2.7 billones de pesos, y la concentración de su cartera morosa en 2,1 puntos porcentuales, pasando de 54,9 % a 57,0 %”.

Asimismo, evidenció: “La EPS que tuvo un mayor incremento absoluto en su cartera total, entre diciembre de 2024 y junio de 2025, fue Nueva EPS (ambos regímenes), con cerca de 1.7 billones de pesos, lo que representa un incremento del 33,7 %. Las siguientes EPS con mayor incremento absoluto en su cartera total son Sanitas, con un incremento de más de 290 mil millones de pesos (22 %), y Coosalud (ambos regímenes), con un incremento de más de 265 mil millones de pesos (31,3 %). Estas tres EPS concentran 81 % del crecimiento de más de 2.2 billones de pesos entre diciembre de 2024 y junio de 2025, en la cartera total del grupo de 11 EPS con medidas especiales interpuestas por la Superintendencia Nacional de Salud”.

Giro directo: una herramienta útil, pero limitada

El giro directo de la ADRES generó alivios tangibles en los prestadores que recibieron pagos oportunos; sin embargo, su alcance no fue suficiente para reducir la cartera acumulada o garantizar un flujo constante para toda la red.

Diversos actores señalaron que la UPC aprobada no cubre los costos reales de atención, presionados por la inflación médica, los medicamentos de alto costo y la mayor demanda. Afidro subrayó también para mediados del año que: “La UPC 2026 no puede calcularse con base exclusivamente en la inflación, ya que esta no refleja de forma adecuada las necesidades ni la dinámica propia del sistema de salud. Además, no se trata solo de incrementar el valor de la UPC, sino de garantizar un cálculo adecuado, técnico, con consenso y voluntad. Tener trazabilidad y garantizar eficiencia. Actualmente, la UPC no cubre el costo real de los servicios que requieren los ciudadanos; debemos crear nuevas fuentes de financiación, frente a lo cual ya estamos haciendo propuestas”.

Balance de las medidas implementadas

Lo que funcionó:

• El giro directo mostró impacto en los prestadores que lo recibieron.
• La supervisión a EPS permitió visibilizar fallas internas.

Lo que no cambió:

• El déficit estructural persistió.
• Las EPS intervenidas no lograron recuperación financiera sólida.
• La UPC continuó siendo insuficiente.
• La deuda con hospitales y clínicas no disminuyó.
• Persistió la falta de información financiera consolidada y pública.

Las declaraciones de la directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), Olga Lucía Zuluaga, permiten comprender el año desde dos perspectivas: la operación hospitalaria y la visión estructural del sistema.

Igualmente afirmó: “Los hospitales públicos cerramos el 2025 en una situación financiera crítica. (…) No podemos maquillar la realidad: la red de prestadores pública hospitalaria está operando al límite”.

La directora de ACESI destacó que las EPS intervenidas realizaron algunos pagos esporádicos, pero mantienen cartera pendiente: “Sin el giro directo, ya la red habría colapsado”.

Así mismo, indicó: “No podemos decir que el giro directo resolvió el problema; solo mitiga una parte de la crisis”.

Funcionamiento de la ADRES y el aseguramiento

Zuluaga consideró que la ADRES ha generado alivio parcial: “El giro directo ha sido un avance, pero su impacto es parcial”.

Zuluaga advirtió: “Si no se adoptan medidas estructurales… en 2026 podríamos enfrentarnos a una crisis de capacidad nunca vista”.

Cierres de servicios, otro impacto operativo durante el 2025

Juan Carlos Giraldo, director de la ACHC, explicó a través de una carta enviada al Ministerio de Salud que los cierres de servicios no se deben únicamente a decisiones voluntarias de los prestadores: “Hoy debemos advertir que expresiones que circunscriben el cierre de servicios a razones e intereses meramente lucrativos no hacen justicia a toda la dedicación de este sector prestador para enfrentar los factores críticos por usted bien conocidos”.

Sobre los impactos operativos: “Es evidente que no se puede atender a sabiendas de que, por la falta de recursos, no es posible remunerar un talento humano idóneo; no se pueden reponer insumos ni mantener instalaciones y equipos para ofrecer servicios seguros, completos y de calidad”.

Y añadió: “Las IPS se han esforzado por honrar sus obligaciones con el talento humano y con los proveedores, pero la falta de ingresos limita su capacidad y se traduce en un riesgo para la atención”.

Finalmente, sobre la naturaleza de los cierres: “Al cierre de servicios se llega no por una decisión voluntaria y netamente privada, sino que corresponde a desenlaces en muchos casos involuntarios o de fuerza mayor, y se da independiente de la naturaleza jurídica del prestador”.

Perspectiva tecnológica y operativa

Daniel Aldemar Velasco López, especialista en auditoría en salud y consultor tecnológico, señaló que el país sigue discutiendo el modelo, pero no la operación que lo hace viable. En su documento Un brindis reflexivo por el sistema de salud colombiano, indicó: “La tutela pasó de ser un recurso extraordinario a convertirse en un formulario VIP para obtener medicamentos y procedimientos de alto costo. Los sistemas de aseguramiento son solo grandes bolsas de dinero esperando ser vaciadas”.

A lo que añadió: “La salud es una ecuación de acceso, calidad y sostenibilidad… y hoy estas dependen de la correcta gestión de los datos”.

ADRES y flujo de recursos

El director de la ADRES, Félix León Martínez, en entrevista para El Periódico El Pulso, realizó un balance, destacando que dentro de las acciones de 2025: “Lo más importante en el año es el aumento del giro directo. (…) Este ha aumentado del año 23 al 25 notoriamente; de 20 billones este año ya vamos pasando de 60 billones de pesos, de 6 billones mensuales que le estamos girando a 7 mil IPS del país”.

Sobre las EPS intervenidas, argumentó: “Sí hay riesgos en el flujo de recursos con estas EPS, exactamente porque sus problemas financieros son graves y no tienen garantizada la atención”. “La UPC está hecha para pagar un año, no para un año y las deudas de los años anteriores. (…) La deuda es un problema estructural y no se soluciona con la UPC vigente”.

Respecto a la deuda estructural, dijo: “La deuda corriente está a unos 12 billones de pesos; calculo yo que son deudas que pasan de 90 días a un año o dos años. Ese es un problema estructural ya”. Agregó: “Cuando hay una deuda que las empresas no pueden pagar con la UPC vigente, se convierte en una deuda estructural”.

“Esa deuda estructural tiene que solucionarla el Congreso de la República”

Como medida transitoria, la ADRES prepara avales financieros: “Está por salir una resolución del Ministerio de Salud, en la cual (…) ADRES les dará un aval de crédito ante el sistema financiero, porque el sistema financiero, con tanta crisis, no le quiere prestar”.

En sus palabras: “Una IPS puede pedirle aval al ADRES para solicitar un crédito a largo plazo. Deudas estructurales no se manejan con créditos a seis meses, sino con créditos a cinco años o más”.

Asimimo, enfatizó: “El aval (…) es por un promedio de cuatro meses de giro directo, que equivale a tres meses de funcionamiento o que equivale a nueve o diez meses de gastos generales de la IPS”.

Retos para 2026

• Saneamiento financiero real.
• Revisión del modelo de aseguramiento.
• Actualización de costos del plan de beneficios.
• Transparencia plena en las cuentas del sistema.
• Regla de sostenibilidad para EPS.
• Fortalecimiento de APS y redes integrales.
• Plan de transición claro para todo el sistema.

Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), destacó la dificultad de calcular el aumento de la UPC para 2026: “Una dificultad técnica (…) genera un hueco negro que impide un cálculo completo y confiable”. “El año pasado se estimaba que la UPC debía incrementarse cerca del 16 %, pero solo se aplicó el IPC, alrededor del 5,2 %, lo que dejó un déficit cercano a los 9 billones de pesos y explicó las dificultades de los prestadores para garantizar atención oportuna a los pacientes”.

Fuente: Gráfico propio con datos de Así Vamos en Salud