El problema de las drogas ilícitas en Colombia ha sido durante décadas una preocupación no solo nacional, sino también internacional. La complejidad de este fenómeno demanda un análisis profundo que aborde sus raíces, desafíos y posibles soluciones desde una perspectiva integral y con un enfoque humanitario.

Vale destacar que Colombia ha enfrentado históricamente el desafío de las drogas ilícitas, especialmente la producción de cocaína y marihuana. La interconexión de factores como la pobreza, la falta de oportunidades, la presencia de grupos armados y la ausencia estatal en algunas regiones ha contribuido a la persistencia de este problema.

El fenómeno de la coca en Colombia, según el informe del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) realizado durante este 2023, revela un escenario marcado por la concentración y persistencia de este problema que ha desafiado los esfuerzos gubernamentales a lo largo de las dos últimas décadas.

Es importante señalar que los municipios productores de coca, que representan solo el 16 % del total, presentan niveles de pobreza por encima de la media nacional, con bajos ingresos fiscales, limitada conectividad y ausencia de instituciones. El 88 % de los cultivos ilícitos persisten en territorios afectados por más de 10 años, creando enclaves productivos en todas las etapas de la producción.

Otro factor a tener en cuenta es que la ubicación geográfica desempeña un papel crucial en la persistencia del problema. Las zonas frías, como Meta, Guaviare, Caquetá y Chocó, redujeron los cultivos de coca tras el Acuerdo de Paz con las FARC. En contraste, las zonas calientes, como Norte de Santander, Putumayo, Cauca y Nariño, presentan una concentración acentuada de coca, impulsada por factores persistentes y la influencia de grupos armados y organizaciones criminales.

Programas de prevención del consumo y salud pública: un vistazo a la implementación del Acuerdo de Paz

En el marco del proceso de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, uno de los aspectos destacados es la atención especial que se brinda a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico. Este enfoque busca abordar el consumo de drogas ilícitas desde una perspectiva de salud pública y derechos humanos, reconociendo su naturaleza multicausal de la Mesa de Conversaciones llevada a cabo en 2016.

Dentro de los programas que se han buscado ejecutar se encuentran: el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas y el Sistema Nacional de Atención a las Personas Consumidoras de Drogas Ilícitas. Estos programas engloban estrategias de promoción en salud, prevención, reducción del daño, atención integral e inclusión social, con un enfoque en el fortalecimiento de capacidades a nivel nacional y territorial para abordar el consumo de drogas.

Aunque tanto el programa como el sistema aún no han sido formalmente adoptados, el Ministerio de Salud ha emprendido acciones relacionadas con el consumo y la salud pública. Esto se refleja en instrumentos como la Política Integral para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas (Resolución 089 de 2019) y la Política Nacional de Salud Mental (Resolución 4886 de 2018).

Por el lado del Programa Nacional de Intervención Integral, se evidenciaron algunos retos en la consolidación institucional, es decir, según afirmó el Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud), “a pesar de que desde 2017 se ha explorado su creación e incorporación en instancias existentes como el Consejo Nacional de Estupefacientes, la Comisión Técnica Nacional para la Reducción de la Demanda de Drogas y la Comisión Intersectorial de Salud Pública, aún no se ha logrado concretar ninguna de estas alternativas”. Asimismo, la Procuraduría General de la Nación destacó “la urgencia de tomar decisiones para la consolidación institucional y la necesidad de establecer lineamientos de política pública concretos a nivel nacional”.

Para la Procuraduría es fundamental que se tomen decisiones urgentes alrededor de la consolidación institucional de un sistema de atención al consumo, y que se den lineamientos de política pública concretos a nivel nacional, con el objetivo de mejorar la atención a los consumidores y las consumidoras que requieran de tratamiento y rehabilitación de manera progresiva. Para el cumplimiento de esta disposición, en la política pública se incluyó el indicador D.291 “Acto administrativo de creación del Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas expedido”, que no tiene ficha técnica en el SIIPO (Sistema Integrado de Información para el Posconflicto).

El MinSalud señala que a pesar de que en vigencias anteriores solicitó a la CSIVI (Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación) a través del DNP (Departamento Nacional del Planeación) el ajuste del indicador, al corte del informe no se ha emitido alguna respuesta al respecto, razón por la cual no se ha consolidado la ficha técnica. En cuanto a las personas que reciben tratamiento por consumo de drogas ilícitas, se tiene dos indicadores relacionados. Primero, el “porcentaje de personas que reciben tratamiento por consumo de sustancias ilícitas”, que tiene su último reporte de junio de 2022, con 11 589 personas atendidas; de las cuales 2 410 son mujeres y 9 157 hombres. Es primordial que el MinSalud actualice el reporte de este indicador y especifique la naturaleza y sostenibilidad de las atenciones. Segundo, “número de estrategias para disminuir el estigma y la discriminación en personas que consumen sustancias psicoactivas con enfoque de género, incluyendo población LGBTI”.

Adicionalmente, el MinSalud reporta que durante la vigencia 2022 se implementaron 79 estrategias en 18 departamentos, con énfasis en Cundinamarca, Nariño y Meta, para eliminar el estigma y la discriminación en personas que consumen sustancias psicoactivas; y que, durante el primer trimestre de 2023 se implementaron 103 estrategias. Para el cumplimiento del compromiso asociado a la generación de conocimiento en materia de consumo de drogas ilícitas, se cuenta con el indicador denominado “documento con estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, elaborado”.

En contraste, la Universidad de los Andes realizó algunos comentarios al Plan Nacional de Desarrollo, con relación a la Política de drogas de Colombia 2023- 2033, allí se expuso que “la propuesta del Gobierno nacional para reformar la política de drogas se basa en la evidencia disponible que reconoce el fracaso de esta guerra. Además de avanzar en la regulación de la hoja de coca y el cannabis de uso adulto, el PND propone resolver causas estructurales del fenómeno asociado a las drogas ilícitas como mejoras en las condiciones socioeconómicas en algunas zonas del país, diseñar un nuevo arreglo institucional para la política de drogas, liderar la reforma en el escenario global e implementar una política integral de salud pública. No obstante, la propuesta de política del PND no supera el prohibicionismo, pues no avanza en la regulación de la cocaína, lo cual afecta el proceso de Paz Total, entre otros”.

A lo que agregó: “Por lo tanto, es necesario que este proceso y la reforma a la política de drogas se realicen de manera estratégica y articulada. Adicionalmente, en el PND no identificamos el desarrollo de una estrategia que permita la ejecución del enfoque de salud pública en la política de drogas ni los ajustes normativos necesarios para avanzar en su implementación. En este documento proponemos acciones concretas que le permiten al Gobierno nacional avanzar en el cumplimiento de los objetivos planteados para este cuatrienio”.

De otro lado, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, enfatiza que el manejo del consumo de las sustancias psicoactivas se manejará desde el enfoque de la prevención. “Esta política considera determinante que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean acompañados en una formación integral como ciudadanos y ciudadanas saludables, creativos, libres y responsables en la toma de decisiones. Para esto se implementará un pan de respuesta integral frente a la amenaza de drogas de alto impacto como el fentanilo, opioides y otras drogas emergentes. En ese sentido, se impulsarán las Casas de la Niñez y la Juventud del ICBF”.

“De otro lado, esta política propenderá por reducir las barreras de acceso a medicamentos tales como la metadona y a otras alternativas, para asegurar el acceso y la continuidad de los tratamientos de sustitución y mantenimiento (incluso en entornos de privación de libertad), así como a la naloxona como antídoto para las sobredosis, en entornos comunitarios no hospitalarios”. De esta manera, los actores del sistema de salud estarán obligados a asegurar la atención integral de todas las personas que lo requieran y fortalecer la oferta de servicios de desintoxicación, deshabituación, tratamientos de sustitución y otros de reducción de daños. A cargo estará el Ministerio de Salud.

Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas Colombia

Un 10,3 % de la población colombiana declaró haber usado alguna sustancia ilícita al menos una vez en la vida, con diferencias significativas entre hombres (14,5 %) y mujeres (6,3 %). La prevalencia de uso en el último año de alguna droga ilícita fue declarada por el 3,4 %, con una clara diferencia entre hombres (5 %) y mujeres (1,8 %); así como un mayor consumo en el grupo de 18 a 24 años, con una tasa del 7,5 %.

Un 8,3 % de la población representada en el estudio declaró haber consumido marihuana alguna vez en la vida, con diferencias significativas entre hombres (12,3 %) y mujeres (4,6 %). La prevalencia de uso de esta sustancia en el último año es de 2,7 %, nuevamente con diferencias significativas por sexo, con un 4,2 % en los hombres y 1,3 % en las mujeres.

Un 2,1 % de los encuestados declaró haber consumido cocaína alguna vez en la vida, con una diferencia significativa entre hombres y mujeres, 3,4 % y 0,9 % respectivamente. En cuanto a la prevalencia de último año, la tasa general es de 0,6 %, con un 1 % entre los hombres y 0,2 % entre las mujeres. Es relevante señalar que, en 2022, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) llevaron a cabo un estudio sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Según los resultados, el 19,3 % de las personas encuestadas afirmó haber consumido alguna sustancia ilícita en algún momento de su vida, y el 6,16 % informó haberla consumido en el último año. Esto representa un aumento de 1,86 puntos porcentuales en comparación con los resultados obtenidos para Bogotá en el estudio nacional de 2019.

Inversiones y resultados: ¿una brecha insuperable?

El gasto anual promedio estimado en coca alcanza los 3.8 billones de pesos, según el ODC. En las últimas dos décadas, Colombia ha destinado una inversión monumental de 76 billones de pesos en la lucha contra este fenómeno. Sin embargo, los resultados no reflejan el éxito deseado, ya que persisten los dos principales objetivos: reducir la oferta y la demanda de drogas ilícitas.

Entre 2012 y 2022, la erradicación forzosa de 843 905 hectáreas de coca no ha evitado un incremento del 327 % en el área sembrada (ODC, 2023). Colombia, en 2022, alcanzó las 230 000 hectáreas de coca, generando una producción potencial de 1 738 toneladas métricas de cocaína.

En paralelo, se observa un preocupante aumento en la demanda de sustancias psicoactivas, con un incremento del 5,1 % al 8,7% en el consumo de las ilícitas (marihuana, cocaína, basuco, éxtasis o heroína) entre 1996 y 2019. Este aumento ha traído consigo un aumento de la conflictividad en los territorios, afectaciones a los derechos humanos y a la salud pública, especialmente en poblaciones socioeconómicamente vulnerables.