MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 8    NO 98   NOVIEMBRE DEL AÑO 2006    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Protección y seguridad social,
¿la segunda será la vencida?
Jose Yesid Carrillo Cantillo - Periodista - elpulso@elhospital.org.co
El primer periodo de gobierno del presidente Uribe no alcanzó para cumplir con metas propuestas en su Plan de Desarrollo 2003-2006 Hacia un Estado Comunitario (Ley 812 de 2003) en materia de protección social y seguridad social. El tiempo, los recursos y la voluntad política fueron insuficientes para que propósitos como los de asistir y restablecer integralmente a la población desplazada, establecer un sistema de tarifas mínimas para la prestación de servicios de salud (Manual Tarifario) y lograr aseguramiento universal en salud, consagrados como metas en los artículos 8, 42 y 54 respectivamente del citado plan, fuesen exitosamente alcanzados.
Hoy hay más desplazados que hace cuatro años. Según cifras suministradas por el Dane a las entidades públicas que integran el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada, hay 800 mil personas desplazadas, un 43% menos que el total de personas inscritas en el Sistema Único de Registro (SUR) de la Agencia Presidencial para la Acción Social; de allí que la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) haya señalado en su más reciente informe lo siguiente: “Todo parece indicar que el gobierno, antes que reconocer la crisis social y humanitaria del desplazamiento, intenta desconocerla por la vía de las estadísticas. El gobierno no cumple con la ley ni la sentencia de la Corte e intenta desconocer la magnitud y dimensión del problema, borrando números y acomodando cifras”. Y más aún, la Corte Constitucional, mediante el auto 218 de 2006, de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 que ordenó al gobierno el desarrollo de una política pública destinada a garantizar la realización efectiva de los derechos reconocidos a los desplazados, concluye señalando el incumplimiento gubernamental de las órdenes emanadas de la sentencia lo siguiente: “A pesar que se ha informado a la Corte sobre el avance en áreas críticas de la política de atención a la población desplazada, no se ha demostrado que se haya superado el estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004, ni que se esté avanzando en forma acelerada y sostenida hacia su superación”.
“En aspectos de la ‘multidimensionalidad’ de la pobreza extrema, como define el Conpes 102, el enfoque de política se queda corto, especialmente en bancarización, sistemas de información y encuestas de pobreza. Luces y sombras se avizoran en la propuesta de política social del gobierno. Ojalá se aclaren las dudas y se comprometan los recursos necesarios para edificar una verdadera política social”.
Senador Habib Merheg
Asimismo, 7 millones de colombianos no cuentan aún con ningún aseguramiento en salud, y la expedición del esperado Manual Tarifario, tras múltiples estudios, consultas y consensos, no ha sido posible por cuenta del temor del gobierno y las aseguradoras del supuesto desequilibrio económico del sistema de salud a causa del manual.
Las nuevas metas
Pese a los citados fracasos y gracias a la reelección, el gobierno tiene la posibilidad sin antecedentes de otros cuatro años para poder concluir la tarea y darle cumplimiento efectivo no sólo a estas metas, sino a otras nuevas, que en aras de garantizar atención y asistencia social a la población más desprotegida -reduciendo así su vulnerabilidad- ya se aventura a postular. Así lo ha manifestado el presidente Álvaro Uribe, quien a propósito de la varias veces propuesta, y siempre incumplida cobertura universal en salud ha señalado: “En este cuatrienio necesitamos llegar a plena cobertura. Esa plena cobertura va a depender de decisiones del Congreso, de la eficiencia del gobierno, del acompañamiento de los gobiernos departamentales, de los gobiernos municipales, y por supuesto, del comportamiento general de la economía y de la transparencia”.
El gobierno se propone ahora ingresar a 7 millones de colombianos al régimen subsidiado de salud y a 300 hospitales al Programa de Modernización y Reestructuración. Otros de los temas importantes en los cuales se proyectará la gestión gubernamental en cabeza del Ministerio de la Protección Social en el nuevo cuatrienio, consistirán en mejorar el flujo de recursos del sistema, incorporar nuevas tecnologías como es el caso de la telemedicina, optimizar los sistemas de información e identificación de los usuarios y establecer una relación más equilibrada entre el gobierno nacional y departamental, las aseguradoras, los hospitales y los trabajadores del sector de la salud. El ministro de la Protección Social, Diego Palacio, sobre las metas de su despacho para este segundo período presidencial ha señalado: “El Sistema de la Protección Social sigue llegando con sus servicios a más colombianos. Hoy tenemos unos logros sociales claros e importantes para los más vulnerables y nuestro reto es beneficiar a más hogares en el nuevo periodo presidencial 2006-2010. Ahora nos proponemos lograr la cobertura universal en salud, permitiendo que los siete millones de colombianos que hoy no cuentan con los beneficios del aseguramiento en salud puedan obtener estos servicios, que tendrán que ser más oportunos y de mejor calidad”. Y concluye: “Al finalizar el año 2010, un millón de personas entre abuelitos y discapacitados, de las clases más necesitadas, estarán cubiertos por programas directos del gobierno nacional”.
Asimismo, y a través de la Red de Protección Social contra la Extrema Pobreza (RED), aprobada el pasado 25 de septiembre por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), -que consiste en una estrategia para llevar a cerca de 7 millones de colombianos los servicios que ofrece el Estado en materia de ingresos y trabajo, educación, salud, vivienda, nutrición, dinámica familiar, aseguramiento y bancarización, apoyo legal e identificación-, se pretende reducir la pobreza ubicando sus índices entre el 35 y el 39% y la miseria del 15 al 8%, para lo cual se invertirán 18,7 billones de pesos entre 2007 y 2010.
 
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