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Decisión en manos
de la Corteo
Aborto: enfrentamiento entre
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La demanda de despenalización del aborto para los casos
de embarazo por violación o inseminación no consentida,
malformación grave del feto y peligro inminente de la
vida de la madre, trajo el tema del aborto nuevamente a debate,
pero en medio de un curioso silencio del gobierno frente a la
discusión. Si bien el tema está bajo la jurisdicción
de la Corte Constitucional y podría argumentarse un deseo
del gobierno de no intervenir en una esfera diferente a la suya,
contrasta con otros temas en los cuales sí lo hizo, por
lo que ese silencio ha sido interpretado por muchos como una
forma del Estado de eludir la discusión por los costos
políticos que tendría.
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La penalización del aborto parte de la imposición
del cristianismo en Occidente. Desde el siglo tercero, el
emperador Constantino para frenar la caída del imperio
Romano, liga religión y Estado, generando una concepción
universalista donde las prácticas “pecaminosas”
bajo la visión religiosa se extendieron al ámbito
de la polis, produciendo una confusión entre delito
y pecado. También organizó el primer Concilio
Ecuménico y dio a los obispos competencia de jueces,
lo que terminó de fusionar pecado-delito.
Un problema de salud pública
El aborto es básicamente un problema de salud
pública. La doctora Gladis Adriana Vélez, investigadora
del CLAP de la Universidad de Antioquia, señala como
las mujeres siguen abortando en condiciones inseguras, sometiéndose
a procedimientos arcaicos de intro-ducción de instrumentos,
situación que subsiste aún en ciudades capitales,
y no como un fenómeno exclusivo de sitios alejados
o zonas marginadas. “La mayoría de las veces,
las pacientes que consultan por la complicación de
un aborto inducido, inventan historias para justificar su
consulta; las nuevas técnicas utilizadas para la terminación
del embarazo ocasionan menos problemas de salud a la mujer,
lo que implica que no tengamos tantas muertes por esta causa,
sin que en realidad haya disminuido el número de abortos;
además, es común ver que mujeres con enfermedades
muy graves en las que no se termina el embarazo por consideración
al feto, la madre muere: hay circunstancias médicas
muy especiales en donde definitivamente habría que
tomar esa decisión y debería ser dentro de un
marco legal”. La doctora Vélez considera los casos
fatales como la punta del iceberg: “no son estos casos
los únicos determinantes. Por cada mujer que fallece,
30 sufren complicaciones: ese es el cálculo de morbilidad”.
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Por cada mujer que
fallece por causa de un aborto, 30 sufren complicaciones:
ese es el cálculo de morbilidad.
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Las cifras, según el Jefe
del Departamento de Gineco-obstetricia de la Universidad de
Antioquia, doctor Juan Guillermo Londoño, están
rodeadas por el subregistro: “Las cifras que hablan de
400.000 abortos por año pueden ser el doble o el triple,
con un agravante: un porcentaje importante de esos abortos ocurren
en adolescentes, cuya característica es ser abortos tardíos
por temor de hablar. También existe una relación
directa entre el momento en que se practica el aborto y la mortalidad:
por debajo de la semana 7 la mortalidad es baja, entre la 7
y 12 se incrementa y después de la 12 mucho más”.
La demanda
La demanda solicitando la despenalización del
aborto que actualmente cursa en la Corte Constitucional, es
la quinta interpuesta en la última década. La
abogada Mónica Roa, quien la interpuso en las dos últimas
oportunidades, señaló que éste es un asunto
principalmente de mujeres de pocos recursos que no pueden pagar
un procedimiento seguro o viajar al exterior para practicárselo.
Según la doctora Roa hay un número altísimo
de abortos, de los cuales el 30% tienen complicaciones, y de
esos el 10% ocasionan en muerte de la madre. El otro elemento
clave para la abogada, es que la demanda no promueve el aborto
como un método de planificación familiar, sino
que por el contrario plantea que lo ideal sería incorporar
el tema dentro de la Política Nacional de Salud Sexual
y Reproductiva: “Una vez la Corte dé el marco constitucional,
el paso siguiente será que se incorpore el tema en la
Política; una decisión favorable de la Corte generaría
el ambiente propicio”.
Para la doctora Roa, el aborto debe entenderse como elemento
de derechos sexuales y reproductivos, y en ese sentido no es
deseable: “un marco de derechos reproductivos integrales
incluye educación sexual, acceso gratuito y confiable
a métodos de anticoncepción, porque de nada sirve
gente educada sin capacidad de pagar un anticonceptivo; también,
la posibilidad de abortar en casos extremos: violación,
malformación del feto en donde el embarazo puede ser
deseado pero la malformación hace incompatible su vida,
y cuando el embarazo pone en peligro la vida e integridad de
la madre: No podemos exigir a la mujer que decida entre ser
delincuente o morirse; eso es ofrecer cero opciones y es incompatible
con la protección de un Estado de Derecho”.
Inhibición de la Corte es más
una lavada de manos
En Colombia existe desde 1910 la Acción de Inconstitucionalidad,
que significa que el Congreso hace las leyes pero los ciudadanos
las pueden cuestionar y demandar ante un tribunal especial:
la Corte Constitucional. Según la constitucionalista
Bernardita Pérez, la ley estableció unos requisitos
para esas demandas, pero “la Corte ha ido creando una estructura
jurídica tan sofisticada que sólo unos cuantos
pueden hacer esta acción. Para mí eso es una burla
al derecho que la Constitución da, porque si la demanda
la puede hacer cualquier ciudadano, solo se puede exigir un
mínimo de requisitos de ciudadanía, y la Corte
tiene el deber de interpretar la demanda; en el caso del aborto,
como en casos en que la Corte dice que la demanda está
mal hecha, es un invento para no dar el debate”.
Ante la penalización vigente sobre el aborto, la profesora
Pérez indica como el Estado define las conductas que
reprime y sanciona, pero a veces 'le saca el cuerpo' a problemas
que tendría que resolver en otro ámbito, simplemente
penalizándolo: “El Estado nuestro, por una concepción
profundamente clerical, a las mujeres que abortan las manda
a la cárcel; pero en este problema de salud pública,
para que no aborten, también se mandan a la cárcel,
o sea que la respuesta a lo que no es capaz de solucionar es
encarcelar a los ciudadanos, cuando no debería desestimular
la conducta con temor a la prisión sino con educación.
El Estado debe intervenir, pero no con leyes sancionatorias
o punitivas”.
La defensa de la vida por sobre todo
El doctor Ramón Córdoba Palacio, miembro
del Centro Colombiano de Bioética -Cecolbe-resume las
posiciones de los opositores: “El problema del aborto es
antropológico; lo lícito o ilícito del
aborto es determinar qué se está eliminando; desde
el momento mismo de la concepción se forma un genoma
diferente al de los padres, con una vida autónoma. La
teoría de que sólo hay vida al momento de anidación
del nuevo ser, es hacer la definición a partir de un
elemento que no es esencial: lo esencial es que la sustantividad
formada en el momento de la concepción es la de un ser
humano, luego no es ético suprimir vidas humanas”. |
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Las cifras están
rodeadas por el subregistro: hablar de 400.000 abortos por
año significa que pueden ser el doble o el triple,
con un agravante: un porcentaje importante de esos abortos
ocurren en adolescentes.
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El doctor Córdoba sostiene
que en las circunstancias por violación solo 1% de los
casos terminan en embarazo, y que no se puede castigar con la
pena de muerte al hijo mientras no se pide el mismo castigo
para el violador. En los casos de malformación se pregunta:
¿qué tipo de medicina en vez de tratar al paciente
que viene con deficiencias considera que el tratamiento sea
eliminarlo? Y cuando existe peligro de muerte para la madre,
considera que con la medicina actual, un buen seguimiento y
consulta prenatal adecuada, los riesgos no se presentan sino
en el último trimestre, y en ese caso no habría
que abortar, sino hacer un parto prematuro donde el niño
y la mamá tienen posibilidad de continuar su existencia”.
Y considera el doctor Córdoba, que de aprobarse la despenalización
del aborto se dejaría de lado la educación sobre
la responsabilidad de procrear.
La maternidad es un don de Dios
La posición frente al aborto parte del concepto
sobre la maternidad; la economista y demógrafa Carmen
Elisa Flórez, quien investiga características
de la familia colombiana, indica que en el país hay sentimientos
encontrados en las mujeres cuando se les pregunta sobre aborto:
”Tienden a expresar que es uno de los medios en los cuales
la mujer debe tener libertad para decidir y controlar el tamaño
de su familia; sin embargo, por sus valores morales, a la hora
de decidir, rechaza el aborto”. En una investigación
realizada en 1984, por la doctora Flórez, “La transición
demográfica en Colombia”, la doctora Elsy Bonilla
relata: “Se observaron diferencias por grupos de edad y
estrato, en la forma como explican su actitud. Las mujeres mayores
y jóvenes de estrato bajo manifestaron que el aborto
era un pecado ya que era “quitar la vida”, “negar
el derecho a nacer” o “actuar en contra de un ser
humano que no se puede defender”. Las mujeres jóvenes
de estratos medio y alto indicaron que “no se podía
asegurar que el aborto es un pecado” y que “depende
de los valores de cada uno”.
La tradición religiosa de la mujer colombiana construyó
una imagen de mujeres destinadas a la maternidad: “la maternidad
determina la vida de las mujeres porque sus vidas han sido definidas
por su capacidad de ser madres, lo que las coloca en el punto
focal de la reproducción social.... La maternidad así
definida, conlleva una contradicción: es un honor y es
un costo ...”. Frases utilizadas por las entrevistadas
en la investigación, muestran el arraigo de sus concepciones:
“las mujeres nacieron para ser madres”, la maternidad
es “la ley de la vida” y es “la misión
natural”.... Ser madre es ”seguir la ley de Dios”,
“Dios nos hizo mujeres”, ideas que continúan
dentro del imaginario colectivo de gran parte de las mujeres
colombianas.
Despenalizar para salvar vidas
“Es una vergüenza que una mujer se muera cuando
vivimos una situación de modernidad, donde sería
obligación del Estado atender la salud a través
de la prevención”, manifiesta la doctora Gloria
Stella Penagos, directora del Centro Interdisciplinario de Estudios
de Género CIEG- de la Universidad de Antioquia. Para
ella, la mayoría de las mujeres resuelven el embarazo
no deseado en abortos por fuera del sistema de salud.
“Cuando se despenaliza el aborto en cualquier país,
no disminuye necesariamente la incidencia: hay muertes maternas
y menos complicaciones”, señaló la doctora
Penagos. Frente al tema, el CIEG recopiló en documento
enviado a la Corte, elementos que muestran como en el año
2000 costaba 5 veces más atender un parto que prevenir
un embarazo no deseado. Frente a la argumentación del
momento de la vida, el documento indica como si bien el cigoto
posee toda la información genética, los cambios
cuantitativos solos no son suficientes para producir todos los
pasos del desarrollo, pues requiere de insumos exógenos
como la “información operativa y transformante”
de la madre, que no está en el cigoto, y que permite
se den cambios cualitativos en un proceso de continuidad, los
cuales son ontológicamente diferentes y solo conservan
la identidad biológica.
Prima el secreto profesional
“Es absolutamente legal y no sólo legal
sino obligatorio en Colombia guardar el secreto profesional
consagrado en el artículo 1º de la Ley 23 de 1981,
y así lo ha ratificado la Corte Constitucional en su
Sentencia C-264 de 1996. La única instancia donde los
médicos pueden romper ese secreto es cuando pueden prevenir
la comisión de un delito, y cuando una paciente se presenta
con un aborto en curso y necesita atención, el médico
está obligado no sólo a prestarle la atención
sino a guardar el secreto profesional, porque una denuncia no
prevendrá el hecho en curso”, declaró la
doctora Roa.
El enfrentamiento entre las posiciones en pro y en contra continuarán,
debido a que si bien la decisión en este momento se encuentra
en el campo jurídico, los argumentos y sus fundamentos
parten de instancias diferentes del pensamiento: unas desde
una visión de aplicación de los derechos individuales
y desde la salud pública, y las otras desde la tradición
cultural, moral y religiosa en que se desenvuelve el pueblo
colombiano. |
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