Periódico EL PULSO

Falta coordinación y vigilancia, dice la Defensoría
Para la Defensoría del Pueblo la situación es grave: la salud pública está pasando tal vez por su peor momento, porque se quedó en el aspecto externo, sin considerar cuál era el modelo que más le servía al país, según manifestó la doctora Martha Lucía Gualtero, asesora en salud de la Secretaría General de la Defensoría; y según el doctor Darío Mejía, Secretario General de la entidad, en la epidemia de fiebre amarilla y las muertes por falta de suero antiofídico, el manejo dado por el Ministerio no fue el adecuado, por cuanto “tratar de minimizarle a la opinión pública la verdadera magnitud de un problema, me parece con todo el respeto, no fue responsable, además, y probablemente de buena fe, se actuó de manera contraria a lo recomendable, ya que en estos casos dar una alerta es la forma de hacer que la población que está descuidada, inerme y que puede ser una víctima, entre en una especie de pánico enérgico que le permita, como ocurrió con la fiebre amarilla, ir a buscar la vacuna” Y enfatizó: “nos parece muy preocupante que el Ministerio de la Protección Social, como director supremo del sistema, se queje de que uno de los graves problemas que tiene la salud pública es la falta de coordinación por virtud de la descentralización; si quien tiene a su cargo la coordinación se queja de la ausencia de la misma, es un reconocimiento claro de que no hay ninguna coherencia ni ninguna unidad en el manejo del tema; es casi una confesión”. En comunicación enviada a la Superintendencia Nacional de Salud en febrero pasado, la Defensoría hizo observaciones a problemas como la falta de coordinación y de control y vigilancia, y la falta de una definición clara de competencias. “Todos esos puntos deben clarificarse para que no se presente la confusión que se está dando en el sector”, expresó el Doctor Mejía.
Problema añejo
Pero la grave situación de la salud pública en Colombia no es nueva y se ha anunciado en diferentes oportunidades y desde varios sectores y medios. El problema podía preverse desde la expedición de la Ley 100, que de sus 289 artículos originales, sólo en uno establecía los beneficios de la salud colectiva; es lógico entonces suponer que con un soporte legal tan tímido, no podían esperarse resultados mejores. Para el doctor Luis Carlos Ochoa, autoridad en el tema y exsubdirector General de la OPS, la situación es bastante clara, porque tanto la Nación como los entes territoriales, EPS y ARS son culpables: “Lo que ha ocurrido es que estas instituciones, todas, no han asumido sus responsabilidades: el Ministerio de Salud descuidó en general las acciones de salud pública y se dedicó a acciones de tipo asistencial, al POS, a la atención de los vinculados, al plan subsidiado; en los departamentos ocurrió lo mismo: las transferencias que reciben de la Nación no las transfieren a los municipios; las EPS y ARS no han cumplido con las acciones que tienen que cumplir regularmente; y en los municipios, el personal encargado de salud pública fue despedido, además de que los municipios en su mayoría, han hecho mal uso de los recursos de salud dándole otras destinaciones, hecho comprobado por la Contraloría y por la Superintendencia de Salud. De manera que hay problemas en todos los niveles y en todas las instituciones”. Sin embargo, para el Doctor Ochoa el problema no surge de la Ley 100 sino del mal funcionamiento particular de los actores del sector salud, y en la aplicación por parte de los gobiernos y las instituciones.
Un ejemplo
En documento de la Universidad de Antioquia de octubre de 2003 y en el cual se hacen comentarios sobre el proyecto de Ley 017, se abordan indicadores de mortalidad materna considerados como fundamentales, por cuanto las madres son claves en la estructura social y por lo que significan en la familia; en Antioquia a pesar de que la tendencia tuvo un marcado y sostenido descenso entre 1943 y 1994, lapso durante el cual se redujo el riesgo de morir 15 veces, se observa un incremento a partir del 94 pasando de una tasa de 40 por 100.000 nacidos vivos a 80 por 100.000 en el 2001; esta preocupante duplicación en las tasas se repiten en el Valle del Cauca, en donde se pasó del año 1995 al 2000 de 14,1 a 29,7. Y peor es el caso de Bogotá, saltando de 13,9 a 53,4 por 100.000 nacidos vivos; al ver como la mortalidad materna se ha duplicado en el país luego del año 94, es importante saber qué pasa con la atención materna en la Ley 100 y, según el mismo documento, la duplicación de las tasas de mortalidad materna es “consecuencia de la carencia de políticas en salud pública y la pérdida de norte por parte de los entes rectores de la salud, quienes como consecuencia de la puesta en marcha del negocio de la salud, se dedicaron a contratar servicios de atención con las IPS que ofrecieran tarifas más bajas sin importar la calidad”. Pero otras situaciones graves se están presentando en el país: brotes de malaria al sur de Bolívar, bajas coberturas en vacunación, problemas en el control de vectores, desnutrición, mal seguimiento a la tuberculosis, y casos curiosos pero que resaltan el descuido en el sistema, como la reaparición del chinche de cama en el sector de Moravia en Medellín, situación erradicada desde 1920.
En salud no hay política social sino económica
Para el doctor Germán González Echeverri, Coordinador del Doctorado en Epidemiología de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, Colombia en salud pública retrocedió a situaciones similares de los años 70s. Sin embargo, considera que puede haberse mejorado en algunos aspectos pero no por una intervención del sector, sino debido al desarrollo de otros factores como tipos de vivienda, acueducto, y a la urbanización de la población; y aunque nunca antes se había contado con tantos recursos financieros ni humanos tan bien calificados, el hecho es que la estructura no ha funcionado, al considerar que cobertura no es aseguramiento sino personas que reciben servicios de salud. “En los últimos 10 años, Colombia se dedicó a manejar la enfermedad, porque es donde están los recursos económicos más importantes, y el hecho de que tenga tantos recursos es su propia debilidad. Si fueran escasos no habría tantos intereses en quedarse con ellos”; para el Doctor González, el problema de salud pública va mucho más allá de la misma Ley 100, porque “cuando los intereses son económicos, tanto públicos como privados, los resultados en salud pública son los que tenemos y son consecuencia de carecer de una política social. En otras palabras: la política real del país no es en salud, la política real es manejar un negocio que tiene mucha plata y que pasa por salud; adicionalmente, vamos a perder un país por la miopía de tratar de manejarlo homogéneamente: si una alta proporción del país son municipios pequeños que no tienen infraestructura para tener alta tecnología en salud o una alta organización, no podemos hacer leyes homogéneas”. Finalmente, el doctor González cuestiona si antes de pensar en modificar la Ley 100 es más importante primero establecer cuál debe ser la política social en Colombia y, partiendo de allí, cuál es la salud que vamos a buscar, pero sin confundir los conceptos salud-enfermedad que se contraponen.
Es problema estructural y de formación
El deterioro de la salud pública también ha involucrado el saber. Es así como después de la reforma de la Ley 100 las universidades comenzaron a ofrecer postgrados en salud pública con orientación básicamente gerencial, creando una generación de especialistas que no tienen elementos de análisis colectivo de la salud, ni del fenómeno salud-enfermedad en la sociedad, ni de la contribución de la salud a la formación de capital humano y social, sino que tienen elementos de análisis gerencial y la salud pública se convierte en la gerencia de instituciones, según señala el doctor Román Restrepo, Coordinador del Seminario en Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Estima además, que el problema de la salud pública en el país es completamente estructural: “Lo que hay es un fraccionamiento de la atención entre un montón de interesados con intereses completamente opuestos, lo que trae una desarticulación del modelo. Tenemos los indicadores más malos, nacidos de un quehacer equivocado de la salud pública por tratar de someterla a los criterios del mercado, resultado de una transformación de la concepción de la salud pública absolutamente recortada, cercenada, disminuida y desprovista de análisis colectivos y globales, que son los que dan el soporte a la salud pública, que trasciende lo institucional, lo administrativo y lo gerencial”.