Con el propósito de debatir el estado de los procesos
de vigilancia y control del sector salud y de proponer correctivos
para garantizar el uso transparente de los recursos, el
pasado 4 de febrero se realizó en la Fundación
Santa Fe, en Bogotá, el Foro de Vigilancia y Control
al Sistema de Salud, con la participación de directivos
como el ministro Diego Palacio; el superintendente de salud,
César Augusto López; el presidente de la Junta
de la Asociación Colombiana de Clínicas y
Hospitales, Luis Ignacio Mejía; y el presidente de
la Junta de Acemi, Luis Fernando Restrepo, entre otros.
Quedó en el ambiente la percepción de que
el foro se alejó sustancialmente del objeto de discusión,
cual era el de debatir la vigilancia, la inspección
y el control del sector salud, y en el centro de dicho debate
su representante máximo: La Superintendencia Nacional
de Salud. En efecto, los asistentes al foro esperaban que
las cabezas visibles del sistema de protección social
presentaran las propuestas de vigilancia, inspección
y control (VIC), revisando desde luego, la funcionalidad
de sus principales actores: Las Superintendencias de Salud
y Subsidio Familiar y las entidades territoriales: departamentos
y municipios.
El foro comenzó con una breve exposición del
Superintendente de Salud sobre algunos tópicos de
la vigilancia y control, considerados por los expertos como
“lugares comunes”. Su intervención se centró
en hacer afirmaciones como las siguientes: Infinidad de
vigilados, lo cual no es nuevo en la discusión; un
sector complicado, nadie ha dicho lo contrario; financiamiento
heterodoxo, entendiéndose por heterodoxo un número
finito de fuentes y recursos y por supuesto de generadores
de los mismos; ligereza en el manejo de los dineros, ligereza
dada posiblemente por la falta de una política de
VIC y en algunos casos por una normatividad espuria. Asimismo,
presentó como novedad el incremento de la sanción
monetaria y su orientación hacia los representantes
legales de los vigilados. No esbozó una política
de VIC, ni tampoco habló sobre la nueva o vieja Superintendencia.
Señaló igualmente la alta evasión y
elusión de recursos, particularmente los que se originan
por rentas cedidas. Más no señaló las
estrategias legales y técnicas para combatir dichas
prácticas que corrompen al sistema, tan sólo
esbozó como estrategia, la de elevar la sanción
y dirigir la misma hacia los representantes legales. Señaló
además, la falta de jurisdicción coactiva
de las EPS, impidiendo posiblemente hacer una labor de cobranza
más efectiva en cabeza de las administradoras. Luego,
señaló que la compensación o legalización
de los recaudos se hace mucho tiempo después del
recaudo efectivo de la cotización (recuérdese
que por principio general, la compensación procede
el primer día hábil siguiente a la fecha establecida
para el pago de las cotizaciones), en un porcentaje superior
al 34% del recaudo. Finalmente, indicó los problemas
que subsisten en la facturación de las IPS: “No
saben facturar”. De hecho, afirmó que lo facturado
por las IPS no corresponde con lo reportado por las entidades
territoriales y por las administradoras.
En relación con la Superintendencia de Salud se limitó
a decir que la vigilancia era fraccionada y puso como ejemplo
que para conocer el estado del arte del Seguro Social, había
que llamar a cinco jefes de división, señalando
posiblemente con ello el fraccionamiento de la VIC. Ante
esto y de manera anecdótica, se podría argumentar
que sobran las direcciones y no las divisiones, pues aquellas
son en el marco legal actual, las que deben hacer la coordinación
entre las distintas divisiones, y esto porque la estructura
orgánica actual de la Superintendencia fue diseñada
al amparo del binomio “vigilado-proceso”. No es
que haya muchas o pocas divisiones ejerciendo la VIC sobre
un mismo vigilado, lo que se evidencia es la ausencia de
dirección y coordinación para ejercer dicha
vigilancia y control sobre el vigilado: Liderazgo es lo
que ha faltado en últimas.
Otros participantes del foro señalaron como debilidades
de la VIC la falta de un sistema de información;
la adscripción de la Superintendencia al Ministerio
de la Protección Social, limitando su autonomía,
por lo cual algunos proponen como opción la adscripción
a la Presidencia de la República; la demora en el
reconocimiento y pago de los reembolsos por medicamentos
por parte del Fosyga; la ausencia de una política
de capacitación de profesionales de la salud y, obviamente,
la consabida afirmación de que la fusión limitó
la participación de la salud en el devenir del Ministerio
de la Protección Social.
El Ministro Palacio afirmó, por otro lado, que hay
una ausencia absoluta de decisión política
en el sector. Sin embargo, lo que más llamó
la atención fue la afirmación que hizo sobre
corrupción y politiquería: “El problema
más grave es la corrupción y la politiquería,
mafias de cuello blanco, el sistema de VIC fue creado para
que no funcione...”. Finalmente, indicó que
le preocupaba que dentro de la agenda de los actores no
había una acción en concreto para combatir
la corrupción y la politiquería en el sector.
Obviamente, todas estas afirmaciones no tuvieron posibilidad
de confrontación en el foro con otras argumentaciones
del público, pues como es costumbre en este tipo
de reuniones, el tiempo se agotó y no hubo por tanto
la opción de preguntar por escrito, según
la metodología, y generar por esta vía el
debate sobre las afirmaciones y los escasos argumentos planteados.
Más allá de lo afirmado por el Ministro de
Protección Social, por el Superintendente de Salud
y demás representantes del sector en materia de corrupción
y politiquería, conductas que deben ser exterminadas
por completo del sector salud, lo que se evidenció
en el foro y posteriormente en los medios de información,
fue por un lado la ausencia absoluta de una política
de vigilancia, inspección y control del sector, y
de otro, la necesidad de no mirar la VIC del sector desde
una postura gremial y reducida, sino desde una perspectiva
global e integral. Por eso con justicia se ha dicho que
la política de VIC no puede ser trazada por uno u
otro gremio o por todos, sino por el gobierno nacional.
Así pues, los interrogantes básicos: ¿Qué
se debe vigilar? ¿Cómo se debe vigilar y controlar?
y, ¿Por qué se debe vigilar y controlar?,
no fueron respondidos en el foro y más bien se cayó,
como pudo apreciarse, en las afirmaciones comunes por todos
conocidas frente al tema de vigilancia, inspección
y control .
