MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 6    NO 66   MARZO DEL AÑO 2004    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Hospital San Vicente de Paúl en Caldas, Antioquia Mirando hacia la acreditación
Patricia Ossa Ocampo - Periodista elpulso@elhospital.org.co
Este hospital viene saliendo de la crisis que lo afectó tan profundamente en el año 2002, cuando la baja productividad generó una desigualdad altísima entre los pequeños ingresos percibidos y la gran cantidad de compromisos económicos adquiridos.
La primera fase de reestructuración se llevó a cabo en octubre de 2002, con la desvinculación de 72 funcionarios, gracias a recursos provistos por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia por $1.473 millones. En mayo de 2003 se llevó a cabo la segunda fase con la desvinculación de otros 71 funcionarios, con recursos provenientes del Ministerio de la Protección Social por $4.701 millones, con los cuales se pagaron indemnizaciones a quienes tenían derecho a ellas y se puso al día la nómina del hospital.
Oscar Vera, subdirector del hospital, dice que el 2002 fue un año en el que la institución tocó fondo financieramente hablando, pues venían de atravesar múltiples dificultades en el 2000 y el 2001, y el déficit se hacía cada vez mayor. Por eso, considera que el proceso de reestructuración dentro de la institución ha sido benéfico, pues en diciembre de 2002 alcanzaron un punto de equilibrio con un 60%, y en estos momentos se encuentra en el 102%, con lo cual las directivas de la institución se encuentran muy satisfechas.
Ahora, el hospital gasta recursos obtenidos de su propia productividad, lo que le permite garantizar una sostenibilidad en el tiempo: “A diciembre de 2002, la pérdida operacional fue de $2.500 millones y en diciembre de 2003 no hubo pérdida sino que tuvimos unos excedentes por $87 millones, manteniendo los mismos servicios”, aseguró el subdirector.
En el hospital el número de camas ha disminuido porque se ha adaptado a la demanda real; sin embargo, tienen la posibilidad de acceder a mayor capacidad, tanto física como de personal (por contrato y no de planta), para atender un mayor número de pacientes si las necesidades lo exigen. En este hospital la situación financiera ha mejorado haciéndose viable en el tiempo: actualmente la nómina se encuentra al día, tienen habilitados todos los servicios, y a pesar de que consideran la reducción de la nómina como un sacrificio doloroso por los empleados que se han quedado sin vinculación laboral, el hospital sigue funcionando para beneficio de toda la comunidad.
El año anterior el hospital fue calificado como uno de los mejores hospitales públicos de segundo nivel, con un cumplimiento de los estándares de calidad del 95%. Las directivas esperan sanear totalmente la institución en el primer trimestre del 2004 y ganar mercado en el sector contributivo, con lo cual se podría mejorar la planta física. Asimismo, piensan ingresar en un proceso de calidad que les de acceso a la acreditación en unos tres años.
 
Cosesam
“A causas múltiples, soluciones múltiples”
Según Julio Alberto Rincón Ramírez, asesor de Cosesam (Corporación Colombiana de Secretarios Municipales y Distritales de Salud), el gobierno nacional desde el Ministerio de Salud y desde el de la Protección Social, lleva más de dos años aduciendo una causa única del problema de la crisis hospitalaria: Que existe desgreño administrativo y exceso en la contratación de personal en los hospitales, además de que el Ministerio afirma que no les debe un solo peso, porque ese dinero se envía a departamentos y municipios. En ese contexto, indica Cosesam, la solución única planteada por el Ministerio es reestructuración administrativa, desconociendo que la crisis es multicausal y las soluciones por tanto también deben ser múltiples.
Entre las causas de la crisis hospitalaria señaladas por Cosesam están las mencionadas por el Ministerio, aunque no siempre son las más importantes: algunas instituciones tienen serios problemas administrativos, que terminan haciendo su gestión deplorable; otras por su antigüedad y relaciones laborales, no se han ajustado a la Ley 50/93; otras mantienen costos de personal muy onerosos y están por fuera de la realidad del país; y en otras más, se tiene recurso humano que según la evolución del sistema, ya no se requiere.
Entre las demás causas que señala Cosesam, generalmente no reseñadas por los medios de información, está por ejemplo la cartera vencida por no pago de las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) a los hospitales, lo que sigue asfixiando las finanzas municipales. Si bien esta situación ha ameritado dos decretos como el 046 de 2000 y el 050 de 2003, no se ha logrado resolver, y sigue siendo uno de los factores que más afectan a los prestadores de servicios de salud. Además, infortunadamente el decreto 050 solo se ha aplicado parcialmente y la Supersalud se ha mantenido ausente.
Otra causa, argumenta Rincón Ramírez, es que existen unos $400.000 millones perdidos o aún no recaudados por prestadores y proveedores del sistema, provenientes de cuentas por pagar de las ARS desde 1999, situación agravada ante la orden de liquidación para muchas de ellas en aplicación del decreto 1804 en el año 2000: “Han pasado casi tres años y aún los liquidadores no dan razones del resultado de su trabajo. La eficiencia de estos funcionarios nombrados y vigilados por la Supersalud no se ve: hasta ahora no se ha informado la terminación de ninguno de los procesos, y los prestadores siguen esperando que les paguen… Además, ante esta situación, el Ministerio no se pronuncia”.
Cosesam explica que efectivamente el Ministerio de la Protección Social no le debe directamente a los hospitales, como se afirma desde el Viceministro de Salud y Bienestar Social, pero que dicha dependencia no aclara que muchos hospitales están obligados por su compromiso social y porque no pueden negar servicios ni cerrarlos (como sí lo hacen instituciones privadas), a prestar servicios de salud a la población no afiliada al sistema (unos 19 millones de personas), o servicios no incluidos en el régimen subsidiado a los afiliados de este régimen (12 millones de personas), y que el valor de estos servicios es muy superior a los recursos que realmente pagan los departamentos y municipios (estos servicios se encuentran desfinanciados, otra verdad que tampoco se cuenta ni se quiere aceptar). Por ello, afirma Rincón Ramírez, los hospitales públicos terminan con unas cuentas por cobrar que no podrán recaudar, pero que si gastan en producir: “Se configura así un absurdo, porque los hospitales públicos, catalogados por muchos funcionarios como negligentes, ineficientes, mal administrados y llenos de personal innecesario, están subsidiando al Estado para que cumpla su función constitucional de garantizar servicios de salud a todos los colombianos. ¡Y encima tienen que aguantar ser insultados!”.
En otros municipios, dice el asesor de Cosesam, las ARS ejercen sus prerrogativas por situación dominante, imponiendo contratos totalmente lesivos a los hospitales. Y así como estas causas enunciadas, existe otro gran número de situaciones que es importante identificar en su verdadera dimensión, para poder plantear soluciones acordes y de raíz, por lo que Cosesam invitó al país a una verdadera reflexión sobre la situación de los prestadores de servicios de salud públicos y privados en el país, porque de no encontrar soluciones ciertas y certeras a este delicado problema, se permitirán entonces situaciones que destruyan lo construido en muchos años por el Estado y por los particulares.
Adicionalmente, concluyó el asesor de Cosesam, Julio Alberto Rincón Ramírez, lo más grave de todo, es que la salud de los colombianos tiene tropiezos y serios problemas que deberían ser solucionados con intervenciones y ajustes estatales de fondo, para empezar a hablar nuevamente de salud en Colombia.
 
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