Periódico EL PULSO

La frase aquella: "Mientras más me decían cómo era yo, más me daba cuenta de cómo eran ellos", parece repetirla ahora el Partido Conservador. "Los mecanismos de la vieja política que la doctora Noemí nos atribuye a nosotros, son justamente los utilizados por ella", manifestó desde la Dirección Nacional del Conservatismo Carlos Holguín Sardi, al criticar lo que ha llamado "búsqueda de adhesiones y de votos por la puerta de atrás". Pero en los últimos meses no sólo los "Conservadores con Noemí", sino los llamados "Conservadores con Uribe Vélez" han dado la ración diaria de espectáculo a una prensa complacida en registrar los deslices de los infieles y gustosa en armar titulares que rasgaran las más irrigadas entrañas del conservatismo. Salían por punta y punta de las páginas gruesos apellidos: Gómez Hurtado, Valencia Cossio, Gómez Martínez... y así, en medio de la división, de las acusaciones de saboteos y de "raponazos" electorales, el doctor Juan Camilo Restrepo Salazar fue elegido para representar a su Partido. La verdad, "hay más candidato que Partido", han dicho quienes destacan la estatura intelectual del candidato al tiempo que reconocen las fragilidades de un conservatismo extraviado. Desde su mayoritaria elección como candidato oficial (con 5.219 votos frente a 78 de su opositor) Juan Camilo Restrepo ha intentado ponerle buena puntuación a los párrafos accidentados de la historia conservadora y de su propia historia que, a propósito, comenzó como escritor en las páginas de El Siglo. Abogado de la Universidad Javeriana, nacido en Medellín en el año de1946, con doctorado en derecho administrativo (Universidad de París) y con estudios de derecho económico (London School of Economics), Juan Camilo Restrepo ha sido tan admirado en su faceta académica como criticado en algunos momentos de su extenso recorrido político. Ha sido Ministro de Hacienda y Crédito Público, de Minas y Energía, embajador, senador... Su grupo de trabajo en la candidatura presidencial está conformado, en materia de salud, por personas reconocidas, entre ellas la ex ministra Sara Ordóñez Noriega. Los siguientes son algunos comentarios sobre el sector. Los lectores podrán encontrar, no sólo las propuestas, sino las críticas. Y es ahí cuando de pronto se ve la espada y en la punta, engarzados, corpulentos nombres propios.
Doctor Restrepo ¿cómo garantizar la estabilidad financiera del Sistema de Salud?
Los supuestos económicos sobre los cuales se construyó la Ley 100 no se dieron en la realidad. Este fue su primer descalabro y se debe al actual asesor de la candidata presidencial Noemí Sanín, el doctor Juan Luis Londoño, quien como ministro de Salud hizo cálculos errados. Otro de los culpables es el actual aspirante a la jefatura del Estado, Alvaro Uribe Vélez, quien como senador fue ponente de la norma y avaló unas proyecciones de crecimiento económico muy difíciles de cumplir y sin dejar salida de emergencia.
La ley 100, de norma imperativa sólo tiene el título. La verdad es que una promesa incumplida.
Para enfrentar la actual crisis, lo primero es hacer una proyección realista del presupuesto nacional y cancelarle al sector salud lo que se le adeuda por el punto de solidaridad: el pari-passu.
En segundo lugar, hay que sacar al Fosyga del presupuesto nacional. Los recursos de la salud no pueden sufrir recortes por otros déficits del Tesoro. Como tercer punto clave, es urgente la transparencia en el manejo de los recursos, fortaleciendo las instancias de información y acabando la intermediación inútil.
El Estado colombiano tiene que desprivatizarse, porque dejó de gobernar y se convirtió en contratista. En el campo de la salud, tal situación es grave, ya que instituciones como las Administradoras de Régimen Subsidiado (ARS) son entidades nefastas, y donde más clientelismo y corrupción se ha detectado.
En Colombia se está gastando en salud un porcentaje del PIB que solamente es superado en el continente por Costa Rica, pero buena parte de esos recursos no están cumpliendo su finalidad.
Urge, en consecuencia, desprivatizar el Estado en materia de salud, para que éste cumpla directamente las funciones que le competen. Las tareas que correspondan al sector privado, que las haga, pero no mediante contratos con el Estado, sino cumpliendo a cabalidad las leyes que éste fije.
En ese orden de ideas, el primer tema a tratar es el de las ARS, las cuales no tienen razón de ser.
¿Qué comentario tiene frente al déficit en la cuenta de compensación? El mismo Ministerio, luego del déficit de 113 mil millones de pesos en el año 2000, ha reconocido que es preciso tomar decisiones fundamentales porque, de no ser así, el sistema colapsará.
Este déficit existe, porque tanto las entidades públicas como las privadas que manejan afiliaciones al régimen contributivo, no están cumpliendo con sus obligaciones. Mientras no se perfeccione el sistema de información y existan controles reales sobre los aportes de los afiliados, habrá desequilibrio en el Sistema. La cuenta de compensación tendrá déficit en la medida en que las personas de mayores ingresos no cancelen lo que les corresponde al régimen contributivo o estén por fuera del sistema. Se requiere un control real sobre los aportes. Si las EPS no cobran por el POS obligatorio lo que cada colombiano con capacidad de pago puede y debe cancelar, el déficit se mantendrá. Hay muchos casos de personas que informan ingresos muy inferiores a los que tienen en realidad.
Otro aspecto a corregir tiene que ver con la doble afiliación, lo cual está implicando que el Estado pierda miles de millones de pesos anuales. Existen casos comprobados en donde el Fosyga ha pagado a distintas EPS la compensación por una misma persona. Recuperar esos recursos es prácticamente imposible.
Para solucionar esta grave problemática en necesario optimizar el Sistema Unico de Información, de tal manera que en cualquier centro de atención médica del país se pueda acceder de inmediato a una base datos que permita establecer a cuál EPS está afiliado el paciente y determinar que no está cotizando en otra empresa. También se podrá saber si la persona se encuentra al día en sus obligaciones.
Los regímenes especiales han contribuido al desbalance de la cuenta de compensación. El caso de las universidades públicas, señala el CNSSS, ha impedido este año el ingreso de más de 10 mil millones de pesos a la subcuenta de compensación del Fosyga. ¿Qué observación tiene frente a ésto?
Yo siempre he pensado que no debe haber privilegios y el país sabe que cumplo (ejemplo claro lo que me sucedió en Bucaramanga en el periódico Vanguardia Liberal). No deben existir regímenes especiales en salud, como tampoco colombianos de primera, segunda y tercera. En el caso de las universidades, es doloroso ver que estas entidades, las cuales se supone deben enseñar la solidaridad e igualdad, hayan buscado un régimen privilegiado para ellas. Todos los colombianos deben estar en igualdad de condiciones dentro del Sistema de Seguridad Social, incluyendo a los maestros y demás empleados públicos que tengan regímenes de privilegio.
¿Es la cobertura de servicios, y la continuidad de afiliación de la población más pobre y vulnerable un hecho realmente posible?
Sí. Una de mis críticas a la legislación actual, tiene que ver con que se haya empezado por darle a las personas de menores ingresos el acceso sólo a los servicios más baratos de salud. Yo creo que lo primero que se debe garantizar es aquello que está fuera del alcance del bolsillo. Todos tenemos con que pagar una aspirina, pero no una radioterapia. Hoy, lamentablemente, el Estado paga la primera, pero no cubre la segunda, y esa deficiencia causa que la gente se muera. Se debe establecer un mecanismo de selección rigurosa para identificar de una manera precisa a las personas que tienen derecho a Sisbén. Sólo así se evitará lo que ha ocurrido hasta ahora, donde beneficiarios que pueden y deben pagar al Sistema sus cotizaciones, reciben atención gratuita sin merecerlo, quitándole posibilidades de atención a los más pobres.

Intermediación innecesaria
¿Qué opina del difícil flujo de recursos entre los diferentes actores del Sistema?
La abolición de las ARS solucionará en buena parte el problema del flujo de recursos. Pero esto debe ir acompañado de una mejoría eficaz en los sistemas de información. Yo en eso coincido con lo expuesto por la ex ministra de salud Sara Ordóñez y el doctor José Félix Patiño: es muy difícil manejar cualquier cosa si no se conoce.
Si no hay información, el flujo de recursos en cualquier sistema se tranca. El uno pregunta si usted dio esos servicios, para que el otro le pueda girar la plata, y como ese tampoco sabe y no tiene idea de cómo llenar un formulario, entonces, mientras éste último aprende a llenarlo, el Sistema colapsa. En conclusión, hay que suprimir muchos trámites.
Yo no creo que el Estado necesite intermediarios. Lo que haga el sector privado, que lo haga directamente, y lo propio se aplica para las instancias públicas. Los intermediarios son la mayor fuente de corrupción.
Ahora bien, lo que realice el sector privado por delegación del Estado, debe ajustarse a una reglamentación clara y tener unos controles eficaces para evitar abusos contra los usuarios. Yo creo en el sector privado, pero con estrictas reglas y con vigilancia eficaz.
¿Podría enumerar otros ajustes que juzgue imprescindibles frente a la Ley 100?
Yo creo que la ley 100 es buena en su filosofía pero, repito, arrancó sobre unas bases económicas absolutamente utópicas. Hay que ajustarla a la realidad, quitarle lo que ya se sabe que no funciona, como las intermediaciones, de que hemos hablado. También es necesario aclarar quiénes son los que prestan servicios de salud y con qué autorización. Es evidente que la legislación en salud es una de las más grandes, complejas, confusas y contradictorias. Solucionar esa problemática no obliga tanto a modificar la Ley 100 en su totalidad, sino fundamentalmente a precisar su interpretación vía reglamentos, decretos y resoluciones del Ministerio y otras entidades.
En conclusión, a la Ley 100 hay que hacerle ajustes para privatizar lo que es privatizable, pero del todo; y estatizar lo del Estado, pero también del todo. Si se reducen las confusiones legales, los recursos alcanzarían más. Dentro de esos ajustes legales, es necesario crear un sistema que permita la cobertura a la población que se encuentra desempleada, subempleada o con empleo informal, que por el nivel de ingresos no califica para el régimen contributivo, pero que tampoco cumple los parámetros para estar en el régimen subsidiado..
Cierre de hospitales ¿Menos es más?
Los hospitales son herramientas fundamentales para curar la enfermedad. Lo importante es que ésta se atienda y bien. Por lo tanto debe haber una oferta hospitalaria adecuada para que no se despilfarren los recursos de la salud. Hay que garantizar las camas y la disponibilidad de elementos curativos necesarios en todo el país, pero no hay que tener elefantes blancos, que sólo ocasionan gastos y son ineficientes. Se debe racionalizar la prestación de los servicios de salud, modernizarlos tecnológicamente. Todo lo anterior, para que los recursos vayan a la salud, no a limpiar, barrer y tender camas en donde no hay enfermos..
¿Qué piensa de crear incentivos para la compra e incorporación de nuevas tecnologías a la prestación de servicios de salud?
En materia de salud Colombia no es un país tecnológicamente atrasado, estamos a la vanguardia en muchos temas. Incluso, en algunos casos hay sobrecapacidad en equipos muy especializados que no se usan. En ese orden de ideas, se debe propender por racionalizar la utilización de estos equipos de alta tecnología..
¿Cuál es su propuesta para controlar la corrupción?
Como lo dije anteriormente, para mi la intermediación innecesaria trae corrupción. La única manera de acabar con esta última es con transparencia y un buen flujo de información al interior del sistema. Hoy por hoy no hay información confiable, sólo hasta ahora se está montando un sistema creíble..
Financiación de atención de Enfermedades Catastróficas ¿otra amenaza?
Yo no creo que atender las enfermedades llamadas Catastróficas sea una amenaza. La amenaza es la enfermedad y no atenderla. Como toda calamidad, ésta debe y puede ser asegurada y manejada eficientemente dentro de unas grandes cifras. Desgraciadamente cuando se discutió en el Congreso el proyecto de ley sobre atención a enfermedades de alto costo, no se mostraron realmente los riesgos que se estarían cubriendo, el valor y manejo de este aseguramiento. El tema se satanizó, perdiendo así una oportunidad de llegar a un sistema de salud más justo.
Más allá de la controversia entre el valor y la eficiencia, lo que se debe garantizar, por encima de todo, es el derecho constitucional a la salud, sobretodo cuando se sufren enfermedades de alto costo.
En síntesis, para garantizar la justicia y equidad, se deben buscar mecanismos que hagan viable la atención en salud a las personas, tengan recursos o no. La posibilidad de sobrevivir a una enfermedad, no puede depender de la capacidad económica del paciente.
Reforma a la ley 60 ¿Beneficiará la salud?
La reforma a esta ley realmente tocó menos al sector salud que al de educación. En cuanto al primero, lamentablemente creó nuevamente una inconsistencia al pasarle competencia en prevención y promoción a la red pública de salud, sin pasarles la atención de la enfermedad. En otras palabras, el Estado al tratar de solucionar el tema de la promoción y prevención en salud para los más pobres, lo que hizo fue crear un híbrido que puede acabar de enredar el Sistema. La solución estaría en dejar directamente al Estado y sin intermediarios, todo lo relativo a la atención, promoción y prevención en salud de las personas que no tienen ingresos..
Pasando a otro tema controvertido, el de las fumigaciones a los cultivos ilícitos, el Ministerio de Salud ha reconocido "no tener estudios experimentales sobre efectos en la salud de la aspersión aérea". No obstante siguen las fumigaciones. ¿Qué opina?
El Ministerio ha confirmado reiteradamente que no ha hecho directamente tales estudios, ni tiene capacidad para realizarlos. Es más, esa no es su función prioritaria. La investigación sobre el impacto de las fumigaciones le corresponde a entidades científicas, especializadas y tecnológicamente bien dotadas, para que sus conceptos sean confiables. La fumigación de narcocultivos es un tema que tiene distintos matices, desde políticos y sanitarios hasta científicos y militares. En lo atinente a la salud, en los últimos debates en el Congreso se presentaron distintas posiciones y conceptos toxicológicos, la mayoría de los cuales coincidieron en que las fumigaciones no afectaban de manera grave la salud de las personas, sin desconocer, claro, que la exposición de la piel, los ojos o las fuentes de agua a un químico puede tener consecuencias.
Aquí lo importante es que se realicen estudios serios, profundos, especializados, con gran trabajo de campo y apoyo de tecnología de punta, para llegar a una conclusión definitiva.
¿Qué perfil tendría su Ministro de Salud?
Yo creo que el nuevo Ministro de Salud, al igual que el de todo funcionario de gobierno, debe tener como primera característica su compromiso de trabajar por el país y su gente. La persona que coincida con los planteamientos que he expuesto y se comprometa a cumplirlos, sería mi Ministro de Salud.
¿Quiénes componen su equipo asesor en salud?
Sara Ordoñez, Julián Giraldo, Margarita Jaramillo de Botero y Luis Ignacio Betancur.