La primera vez que oí hablar de un "carrusel de la muerte" fue en 1996, cuando mi esposa estaba finalizando su segundo embarazo. La bebé se había adelantado unas dos semanas y el obstetra, muy precavido, nos recomendó acudir a una clínica donde tuvieran un servicio de recién nacidos con incubadoras adecuadas.
Llamé a la Cínica donde tengo el consultorio particular y solicité ese servicio; el anestesiólogo de turno me explicó muy amablemente, que por ser una entidad con escasa vocación obstétrica, sólo disponían de una incubadora que se encontraba ocupada por un recién nacido que padecía una infección severa.
Llamé entonces a otra clínica regentada por religiosas, en donde trabajé como médico de planta por cuatro años, y que cuenta con un servicio importante de neonatología; me comunicaron con la pediatra de turno, que también con suavidad me informó que todas las incubadoras estaban ocupadas, y que sólo tenían disponibles algunos modelos viejos que sirven para calentar al bebé, pero que no garantizan el suministro de oxígeno y otros requerimientos vitales de los prematuros. Por tratarse de una persona conocida, me ofreció compartir una incubadora, pero me advirtió claramente que esta no sería una situación ideal.
Mientras me recorría un frío por la espalda y las contracciones de mi mujer aumentaban, llamé a una tercera clínica donde el obstetra que nos atendía es socio; de entrada y sin mucha diplomacia, me notificaron que por desgracia no tenían cupo de incubadoras.
Al borde del pánico, llamé a la última de las instituciones privadas donde podrían atenderme y de manera providencial encontré que tenían una incubadora desocupada, reservada para una colega hospitalizada por amenaza de parto prematuro, pero que dadas las circunstancias y ante mi evidente desesperación, me la iban a facilitar.
Aliviados corrimos para esa clínica mi esposa y yo, el obstetra realizó una cesárea y por suerte la niña nació a término y sin problemas de salud; la incubadora y el servicio de neonatología que la respaldaban fueron apenas una precaución necesaria, igual que tener sangre reservada cuando se va a realizar una cirugía. No siempre se utiliza, pero cuando se requiere es urgente tenerla garantizada.
Cuando pocos días después hice comentarios sobre el caso con otros colegas, especialmente con ginecólogos, me enteré que la angustiosa situación que vivimos mi familia y yo es algo frecuente en la ciudad. Señoras en trabajo de parto, con embarazos inferiores a 37 semanas, pero tan prematuros como de 30 o menos, con riesgo de una depresión respiratoria de sus bebés, eran transportadas en ambulancias que recorrían la ciudad en una carrera desesperada y frenética por encontrar un lugar donde sus recién nacidos gozaran de todas las garantías.
No siempre el objetivo era alcanzado y aparte del riesgo de un parto apresurado en la ambulancia, los bebés llegaban al mundo en hospitales de recursos limitados, sin unidades de neonatología que garantizaran una atención óptima. A este albur, los obstetras lo bautizaron "el carrusel de la muerte". Algunos pensarán "bueno, en el campo y en las ciudades pequeñas los bebés siempre han nacido así, sin recursos", pero no se justifica que en una ciudad como Medellín o Bogotá se arriesgue el futuro completo de un recién nacido por no darle una atención integral.
Ahora sabemos que el carrusel de los recién nacidos prematuros no es el único. Existen otras situaciones tan graves, como la de pacientes con lesiones neurológicas traumáticas que a bordo de una ambulancia buscan por clínicas y hospitales un neurocirujano disponible; o la situación de pacientes terminales, como la publicitada tragedia de una señora en Cartagena, en la cual especialmente los pacientes que sufren de sida, son consumidores voraces de recursos médicos, con responsables de astronómicas facturas no siempre bien definidos. Con razón alguien dijo: "Nada es definitivo hasta que lo ves en televisión”; sin la oportuna grabación del video presentado al país sobre el caso de Cartagena, este no habría sido un tema de interés nacional.
El "carrusel de la muerte" es uno de los pecados capitales de nuestro sistema actual de salud, pero no es el único; existen al menos otros seis bien notables:
- La eutanasia pasiva: El enfermo terminal o costoso es eliminado por el sistema en forma pasiva, mediante la negación sistemática de órdenes; el cambio, supresión o suministro incompleto de tratamientos ordenados, y/o el retardo sutil en autorizaciones o citas.
- La sequía artificial: Los hospitales y clínicas ven con sorpresa, como complejas y costosas infraestructuras se ven subempleadas o incluso desocupadas. Los médicos generales, especialistas y subespecialistas cuentan con citas disponibles, y los pacientes que las demandan no logran acceder a ellas; las instituciones y los pacientes sienten como si los pacientes se hubieran "agotado", como si por arte de magia los enfermos hubieran sanado todos a la vez.
- La invasión de langostas: Cuando ciertas EPS utilizan esta técnica, inundan un hospital o clínica con órdenes de servicios, citas y cirugías, y le extraen a la institución los insumos y el trabajo físico de sus empleados; una vez agotado el ciclo, los pagos comienzan a retardarse y los pacientes "vuelan", remitidos en bandadas a otra institución para cumplir el mismo ritual.
- La selección perversa: Los más desprotegidos, los de mayor riesgo de enfermedad o simple y llanamente los más enfermos, no son admitidos en los seguros de salud, quedan signados con preexistencias o períodos de carencia. El sistema prefiere a los sanos, es decir, a los que posiblemente no se gastarán el presupuesto en costosas atenciones de salud.
- Administración con modelo "laissez faire": Dejar hacer y dejar pasar. No resolver los problemas de fondo. El funcionario raso espera que el de mayor rango resuelva, el administrador espera hasta que llegue el nuevo administrador. Es finalmente no legislar, no corregir las causas o esperar hasta que desaparezcan o se resuelvan en forma mágica.
- La glosa inducida: Los trámites de facturación son tan engorrosos y los castigos por pequeñeces tan severos, que la caída, léase glosa, está asegurada.
La lógica de los negocios es aplastante: El "mejor hospital", con tecnología y grupo humano superiores al promedio, pero con servicios más costosos, es el "peor hospital" para el sistema. Y el paciente más enfermo, el que necesita mayor atención y genera mayores gastos, es el "peor paciente". Ese es el riesgo de comercializar una actividad como la salud, cuya rentabilidad no es económica sino social.

No hay palabras suficientes para describir la indignación que sentimos los colombianos cuando vimos en la televisión a una mujer dolorida y moribunda -una madre, una esposa, una hermana, una hija- que fue literalmente tirada al piso para que falleciera en la puerta de un hospital, luego de que ningún centro hospitalario de Cartagena quiso recibirla porque no había quién respondiera por los costos de su atención. Y el cuadro del tipo de país al que estamos siendo sometidos se completó cuando se supo que la consabida "investigación exhaustiva" oficial, se pronunció en contra del chofer de la ambulancia que se encartó con la enferma y no contra un sistema de salud que genera con frecuencia, así no lo registren las cámaras, monstruosidades como ésta.
Hay otros hechos que también muestran que entre todos los enfermos de Colombia lo más enfermo es su sistema de salud. Cerca de 60 de cada 100 colombianos, todos entre los más pobres, no posee ningún derecho en médicos, medicamentos y hospitalizaciones. En un país donde hacen falta millares de camas hospitalarias, se cierran hospitales y se volvió corriente que en los otros no haya sábanas ni medicamentos ni los más elementales instrumentos quirúrgicos. Es sabido que a los médicos les imponen, bajo pena de no contratarlos, condiciones de trabajo y pagos proletarios, tiempos de consulta insuficientes, y diagnósticos y recetas que sacrifican la debida atención de sus pacientes. Y se volvieron normales los despidos masivos y las deudas de seis y mas meses de salarios a los trabajadores del sector, así como la sobrecarga de trabajo y el recorte de sueldos y las garantías laborales de los que no pierden sus puestos, o su sometimiento a formas de contratación inicuas, todo lo cual además, también atenta contra las condiciones de atención de los enfermos.
Esta realidad dantesca tiene causa conocida: la Ley 100 de 1993, que le entregó la salud al capital financiero, en un negocio de cifras astronómicas: según datos de Fasecolda, por este concepto las compañías de seguros pasarán sus ingresos de 3.2 a 9.0 billones de pesos, en términos reales, entre el 200 y el 2010. Y eso que no han logrado acabar con el Instituto de Seguros Sociales, aunque sí golpearon las condiciones laborales de sus trabajadores. De otro lado, los neoliberales entregaron la salud graciosamente, porque los intermediarios favorecidos se montaron al negocio -como se dice- con la cédula, pues el Estado les entregó para su explotación, sin contraprestación alguna, la red pública hospitalaria, los encarecidos pagos que obligatoriamente debemos hacer millones de colombianos y los multimillonarios aportes oficiales.
Para entender mejor la gravedad de lo que significa el paso del servicio al negocio como criterio de operación del sistema de salud, sirve bien la opinión del Premio Nobel de economía, Milton Friedman: "hay una, y sólo una, responsabilidad social de las empresas (privadas), cual es la de utilizar sus recursos y comprometerse en actividades diseñadas para incrementar sus utilidades". De ahí que no sea sorprendente ver a los administradores del negocio de la salud convertidos en algo parecido a los capataces del siglo XIX a la hora de contratar y de dirigir a sus empleados, mando con el que también imponen prácticas en contra de las necesidades de los pacientes, y todo tipo de maniobras para escamotearles o retrasarle el pago a los hospitales, especialmente a los públicos. Y, como era obvio, la búsqueda de la máxima ganancia como razón de ser de la atención de la salud, se trasladó a la administración de los hospitales de propiedad del Estado, los cuales fueron condenados a ser "eficientes", el eufemismo con el que intentan ocultar prácticas como la que puso al desnudo el caso de la señora de Cartagena, y que ni siquiera con ellas salen de la crisis.
A tanto han llegado y pueden llegar las cosas, que no sería extraño que terminara por aparecer una "prima por muerto" a favor de sus administradores, dado que es bastante más barato pagar un entierro que la atención de una enfermedad complicada.